La Justicia citó al socio del "arbolito" del puerto y pidió el embargo de vehículos

El próximo lunes el juez federal Nº 2 de Santa Fe, Aurellio Cuello Murúa, le recibirá declaración indagatoria -en libertad- a tres personas vinculadas a Ángel Yamil Benavídez, el hombre detenido a mediados de septiembre, en un departamento del puerto local, acusado por delitos contra el orden económico y financiero.

La citación emanada del juzgado federal fue a resultas de dos presentaciones consecutivas, realizadas estas semana por el fiscal Federal Nº 2, Walter Rodríguez, quien previamente solicitó, entre otras medidas, se disponga la prisión preventiva para el "arbolito" del puerto.

A su vez, existe un planteo para que se dispongan secuestros y embargos preventivos, así como inhibición de bienes, por la adquisición de al menos cuatro vehículos y un departamento por parte de Benavídez y la sociedad que integra.

Colaboradores 1 y 2

En relación a las nuevas indagatorias, el órgano investigador sostiene que se trata de personas que prestaron colaboración al andamiaje legal que le habría permitido a Benavídez poner en circulación fuertes sumas de dinero cuyo origen no pudo comprobarse hasta el momento, encuadrando de ese modo el delito de lavado de activos de origen ilícito.

Si bien a Benavídez se lo imputó en un primer momento (por lavado, intermediación financiera no autorizada y defraudación especial en 39 oportunidades); luego se amplió dicha atribución por la de "alteración de instrumentos equiparables a la moneda nacional" en relación al uso que le dio a las 39 tarjetas de débito de terceros.

En tal sentido, surge de los planteos fiscales el llamado a declarar para Raúl Adrián M. y Juan Emilio G. por su presunta intervención en el delito de "intermediación financiera no autorizada", al menos durante los últimos tres años.

Captación y colocación

La maniobra tenía las siguientes fases: La primera era la "captación" de dólares, que según consta en el expediente, ascendería a la suma de 387.051 dólares estadounidenses, aportados por al menos 27 personas, las cuales percibían una tasa de interés.

La fase dos era de "colocación", tanto de los dólares de inversores como de los operados como Dólar MEP con las cuentas de terceros que administraban. Los dólares eran cambiados por pesos en el mercado paralelo y los pesos obtenidos eran ofrecidos a modo de "créditos en el acto" en el negocio de calle Salta 2640, cuya pantalla era la venta de celulares.

En cuanto a las operaciones de venta de dólares, éstas se coordinaban por Whatsapp y se concretaban en tres direcciones: el departamento de calle Sara Pinasco 1760 del puerto; un edificio de oficinas de 1° Junta al 2500 y un estudio jurídico de calle 25 de Mayo al 3300. Los tres se comunicaban bajo los nombres de fantasía de "Juan García" -en el caso de Benavidez-; "Juan Emilio" -por Juan Emilio G.- y "Raúl Santoto" -por Raúl Adrián M.-.

El socio

El tercer implicado es Carlos Raúl Quartucci, socio de Benavídez, con el cual comparten la titularidad de la firma "Servicios La Resistencia S. Cap. I Secc IV", empresa utilizada para blanquear el dinero sucio.

Para los investigadores, ambos implicados se valieron de la incipiente empresa -creada en noviembre de 2022-, para canalizar ingresos provenientes de las actividades ilícitas y destinarlos a la compra de un vehículo.

Se le cuestiona a ambos que tras su conformación, la sociedad tuvo movimiento $ 0 hasta el período 3/2023. Y los subsiguientes tuvieron ventas que no superaban los $ 100.000 por mes, cuando el alquiler y el sueldo del empleado del local de calle Salta al 2600 rondaba los $ 287.000, no pudiendo Benavídez acreditar el origen de dichos fondos.

En cuanto a su socio, tampoco generaba ingresos que le permitiera comprar la Ford Ecosport 1.6 cuya tasación ronda el millón y medio de pesos y utilizaba "Carlitos" Quartucci, que hasta 2022 era Autónomo Categoría T2.

Secuestro y embargos

Sin dudas el mayor peso de la responsabilidad recae sobre Benavídez, que el 6 de marzo de este año compró una VW Taos Highline por $ 12.200.000 y registró a su nombre. También que suscribió un plan de ahorro para la compra de una Toyota Hilux 4x4, a mediados del año pasado, por la cual llevaba pagados 9 millones de pesos.

Por otra parte, compró un departamento de calle Juan de Garay al 2800; y en noviembre de 2021 un auto Honda HRV modelo 2020, que vendió a través de concesionaria en marzo último y por el cual recibió $ 7.200.000. Y por último, un VW Gol Trend el cual fue comprado y vendido en 2021.

El miércoles 27 de septiembre la justicia federal le amplió declaración indagatoria por esos nuevos hechos descriptos y sólo resta imputar a quienes colaboraron en las maniobras que saltaron a la luz el pasado 12 de septiembre, cuando la policía provincial allanó un departamento de la zona portuaria donde secuestró 45.251.600 pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares, además de 39 tarjetas de débito de terceros.

Por último, el fiscal Rodríguez le solicitó al juez a cargo que disponga el secuestro y embargo de los bienes adquiridos por Benavídez y la sociedad que conforma junto con Quartucci, así como la inhibición de bienes, hasta tanto se determine el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, al menos en esta instancia inicial del proceso.