El padre de Damián Strada se convirtió en querellante y pedirá que no le den la libertad a la asesina de su hijo

La Justicia penal santafesina admitió la constitución de querella en la causa por el homicidio de Damián Strada, un joven empleado comunal del departamento Las Colonias, que el año pasado fue emboscado, extorsionado, ahorcado y luego quemado, en un descampado cerca de Laguna Paiva.

A través de dicho acto, el juez José Luis García Troiano formalizó la participación de Víctor Strada -padre de la víctima- en el proceso. A través de su abogado, Iván Eduardo Carrión, la familia adelantó que como primera medida, se opondrá a cualquier intento de morigerar la prisión preventiva de la imputada Lourdes Nahir Tacundo.

Aunque la audiencia prevista para el miércoles 1º de abril no llegó a concretarse, el trámite fue convalidado por la Oficina de Gestión Judicial y el Colegio de Jueces Penales de primera instancia, sin oposición de las partes.

La novedad fue confirmada a El Litoral, al punto que el Dr. Carrión anticipó que su primera intervención será para resistir un inminente planteo de la defensa pública, que buscará la libertad o una prisión domiciliaria para la mujer imputada.

“Nos vamos a oponer”

El letrado explicó el alcance de su incorporación: “La situación procesal de la causa Strada en este momento es que se ha producido la constitución de querella, de común acuerdo entre la fiscalía y las defensas técnicas”.

Carrión remarcó que la nueva posición procesal les permitirá “no solamente acceso al expediente, sino también instar acciones procesales que para nosotros son importantes”, y adelantó que evalúan aportar nuevas pruebas, en especial testimoniales.

Sin embargo, el eje inmediato estará puesto en la discusión de la medida cautelar. “Sabemos que hace 15 días se ha pedido la posibilidad de una prisión domiciliaria para Tacundo”, indicó, en alusión a un planteo basado en cuestiones de salud, contención familiar y su rol como madre.

Frente a ese escenario, Carrión fue categórico: “Debemos adelantar la posición que nos vamos a oponer a cualquier tipo de morigeración de la prisión preventiva”.

El fundamento, explicó, radica en la gravedad del hecho y el riesgo procesal: “Existe un alto grado de certeza de que son los asesinos de Damián y enfrentan un homicidio triplemente calificado, cuyo piso es de 35 años. Ante esa expectativa, lo más probable es que intenten fugarse o entorpecer la investigación”.

Y agregó: “Dar una prisión domiciliaria es ponerla en mejor posición, y no es el camino correcto”.

Extrema violencia

El caso remite al asesinato de Damián Strada (27), empleado comunal de María Luisa, cuyo cuerpo fue hallado el 14 de septiembre en un descampado a la vera de la Ruta Provincial N° 2, entre Laguna Paiva y Constituyentes.

Según la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió la noche anterior, cuando Tacundo y su novio, Alessandro Juan Gabriel Roberts, se encontraron con la víctima. El joven conocía a la mujer, quien lo habría llevado bajo engaño hasta un sector rural, donde el otro imputado lo amenazó con un arma blanca.

Allí lo obligaron a subirse a su propia motocicleta y lo trasladaron hasta un monte cercano al kilómetro 30. De acuerdo con la atribución formulada por el fiscal Alejandro Benítez, en ese lugar lo sometieron a un intento de extorsión, exigiéndole transferencias de dinero a familiares y conocidos.

Al no concretarse el objetivo, “le colocaron un cinto en el cuello y lo ahorcaron”, provocándole la muerte por asfixia, tal como confirmó la autopsia. Luego intentaron ocultar el cuerpo, cubriéndolo con pastizales y durmientes ferroviarios, a los que prendieron fuego.

Antes de retirarse, se llevaron el teléfono celular y ocultaron la motocicleta a unos 100 metros de la ruta.

Investigación y proceso

Las detenciones se concretaron el 18 de septiembre, pocos días después del hallazgo. La imputación formal, por “homicidio triplemente calificado —por el vínculo, alevosía y criminis causa—”, fue realizada a fines de ese mes ante el juez Leandro Lazzarini.

El 2 de octubre, el magistrado Sebastián Szeifert dictó la prisión preventiva para ambos acusados, medida que fue confirmada en instancias posteriores. El 17 de noviembre, la jueza Martha Feijoó ratificó la cautelar, con el respaldo del fiscal de Cámara Carlos Arietti.

En paralelo, la investigación avanzó con evidencia técnica clave: registros de antenas de telefonía, el uso del chip de uno de los imputados en el celular de la víctima y cámaras de seguridad que captaron a los tres circulando juntos en la moto, y luego el regreso de dos de ellos.

Además, el fiscal Benítez imputó a otras dos personas por encubrimiento agravado con ánimo de lucro, acusadas de haber comercializado el teléfono sustraído.

La voz de la familia

Desde el inicio, la familia de la víctima reclamó justicia. “Que paguen por lo que han hecho, cadena perpetua. Ya arruinaron una familia, que no arruinen otra”, expresó en su momento Víctor Strada, padre del joven.

Ahora, con la querella formalmente constituida, ese reclamo adquiere una dimensión procesal concreta. La próxima audiencia —donde se discutirá la eventual morigeración de la prisión preventiva de Tacundo— será el primer escenario donde la familia, a través de su abogado, podrá incidir de manera directa en el rumbo de la causa.