Defraudación a la Policía: el habilitado recuperó la libertad

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El juez penal Jorge Pegassano firmó este jueves 31 de mayo un decreto a través del cual le concedió la libertad al policía Ariel Hernán Villanueva, quien se encontraba privado de su libertad desde el 12 de septiembre del año pasado, acusado de formar parte de una asociación ilícita dedicada a cometer defraudaciones en la reparación de patrulleros, en el Departamento de Logística (D-4) de la Policía de la provincia.

El contador de 43 años, que se desempeñaba como “habilitado” de la Jefatura provincial, aceptó el 14 de mayo último una condena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, en carácter de miembro de “asociación ilícita” y “coautor de defraudación en perjuicio de la administración pública”. En su rol de “habilitado” de la Policía suscribió con su firma y consentimiento la documentación que consta en la causa y que lo incrimina tanto a él, como a superiores y civiles que habrían tomado parte de la operación, que se extendió entre abril de 2015 y febrero de 2016. El acuerdo se rubricó en una audiencia de juicio abreviado en el que se estableció además -como parte de la pena y condición para su libertad-, el pago de una cifra de casi $ 1.500.000.

Si bien la suma de dinero se encontraba secuestrada desde el mismo día en que fue allanado su domicilio del barrio Los Hornos debían habilitarse las cuentas judiciales para cumplimentar la medida, ya que el dinero debía ser repartido bajo los conceptos de “reparación del daño”, “multa” y “donaciones a entidades de bien público”.

Fuentes del caso señalaron que el dinero, bajo los tres conceptos mencionados, debía ser depositado entre jueves y viernes de esta semana, es decir, que con las condiciones para recuperar la libertad cumplidas, el magistrado ordenó el cese de prisión a través de un decreto por pedido de la defensa.

El primero

“El contador Villanueva es el primero en salir en libertad, teniendo en cuenta la pena aplicada, el tiempo que estuvo privado de su libertad y la donación realizada, continuando todos los demás integrantes de la organización con prisión preventiva”, destacó su abogado particular, el Dr. Leopoldo Luis Hilbert.

En tanto aclaró que “en la causa están detenidos (con prisión domiciliaria) el ex jefe de Policía de la Provincia, el comisario retirado Rafael Grau y el jefe del Departamento de Logística (D4) de Jefatura, el comisario retirado José Mario Leiva, completando la lista además cinco civiles” de los cuales Facundo José Testi -el arrepentido- atraviesa la misma situación legal que los anteriores.

De los restantes, Noelia Biscari, Artemio Biscari y Rodrigo Exequiel Ruiz fueron liberados en los primeros días de la investigación bajo alternativas a la prisión preventiva, ya que tuvieron un rol secundario en la maniobra ilegal.

En tanto, el último de los civiles, el mecánico Andrés Daniel Soto, también firmó un abreviado el 12 de mayo, en el que se unificaron dos causas. Soto fue sentenciado a 10 años de prisión por la defraudación al Estado, pero también por el delito de “corrupción de menores agravada” en el marco de otra causa penal.

Especial tipo de pena

En cuanto a la libertad de su pupilo “fue acordada por los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández y Leandro Lazzarini y los defensores Leopoldo Luis Hilbert y Luis Federico Hilbert”, expresó Hilbert padre. El letrado se refirió al especial tipo de pena empleada, que como “miembro de una organización mixta de policía y civiles dedicada a defraudar al Estado en la reparación de patrulleros”, Villanueva recibió “una pena de tres años de prisión”, pero además debió realizar “donaciones destinadas a diversas entidades educativas y benéficas de nuestra ciudad y zonas aledañas”, valoró.

Ese dinero había sido secuestrado en el allanamiento a la vivienda particular de Villanueva en septiembre pasado. La cifra rondaba el millón de pesos, los 50 mil dólares y 600 euros, cuyo remanente lo recuperará Villanueva una vez que el juez dicte la sentencia.

Por último, fuentes tribunalicias confirmaron que un tercer implicado habría firmado un juicio abreviado, cuya audiencia todavía no fue fijada; y la fiscalía de Delitos Complejos tiene previsto imputar a otros dos civiles del rubro empresario, que por el momento no han sido individualizados.

Instituciones beneficiadas

A propósito de la sanción económica, estimada en $ 1.500.000, se divide en $ 800.000 para la “reparación del daño”, suma que fue destinada a las arcas del Ministerio de Seguridad de la provincia, que es la dependencia damnificada. Una “multa” de $ 90.000, que es el máximo posible estipulado en el Código Penal y que tiene como destino el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Y por último, $ 600.000 en concepto de donaciones que en estos días estaban recibiendo cinco instituciones de bien público de Santa Fe y San José del Rincón.

Las entidades beneficiadas fueron: Asociación Civil Caracol (Bachillerato en la Vuelta del Paraguayo) con 100 mil pesos; la Escuela República de Italia (de Colastiné Sur), con 150 mil pesos; el Club Social y Deportivo El Cadi (de San José del Rincón), con 150 mil pesos; la Cooperadora del Hospital Mira y López (proyecto Emiliana), con 100 mil pesos; y la ONG Actitud Solidaria (de ayuda a personas en situación de calle), con 100 mil pesos.

La denuncia

La investigación por corrupción policial en el Departamento de Logística de Jefatura (D4) fue producto de una denuncia radicada el 4 de mayo de 2016 por el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, ante las oficinas del Ministerio Público de la Acusación. Si bien en un inicio la magnitud del daño era de $ 96.000, el MPA confirmó que producto del avance de la causa dicho monto ascendió a $ 1.600.000.