Estafa ATE-ATEM, la causa no llegó a juicio oral, pero obtuvo un resarcimiento por parte del Estado provincial

Hasta el día de hoy, no se ha podido esclarecer qué sucedió con el faltante de U$S 1,523 millones. Los imputados aceptaron el juicio abreviado propuesto por ATE, ATEM y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), dejando sin resolver los interrogantes sobre la ruta del dinero y la responsabilidad patrimonial en el delito. El resarcimiento representa apenas el 0,37% del monto denunciado.

La denuncia

En abril de 2018, Jorge Hoffmann, entonces titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), presentó una denuncia por una maniobra ilícita que implicaba un desfalco de más de U$S 1,523 millones contra su organización sindical y la entidad comercial ATEM, de la cual no era titular.

Lo que en su momento fue un escándalo en la ciudad, acompañado de un amplio despliegue policial y múltiples allanamientos, concluyó con la detención de cuatro imputados. Sin embargo, hubo un impasse de cinco años hasta llegar a un acuerdo entre los acusados, la fiscalía y los querellantes, lo que derivó en un juicio "abreviado". Este procedimiento evitó el juicio oral y público, por lo que no se logró determinar la "verdad histórica" del delito ni profundizar en la ruta del dinero relacionado con la estafa.

La causa penal

En la causa penal se imputó a dos ex empleados de ATEM y a dos particulares que proveían diversos productos a ATE y ATEM, como electrónicos, indumentaria para niños, guardapolvos, textiles, zapatillas y útiles escolares.

Las entidades damnificadas, ATE Santa Fe y su mutual ATEM, se constituyeron como querellantes, representadas por el exministro de Seguridad, Dr. Leandro Corti, quien actuó como abogado de ambas organizaciones.

La Unidad de Delitos Complejos, liderada entonces por las fiscales Mariela Jiménez y Laura Urquiza, ordenó como medida cautelar el secuestro de bienes muebles de los imputados por un monto de U$S 1,8 millones. Esta decisión, adoptada en 2018, fue tomada unilateralmente por el MPA bajo la figura de trámite urgente (Art. 240 del Código de Procedimiento Penal).

Proceso en libertad bajo fianza

Los cuatro imputados atravesaron el proceso en libertad tras pagar una fianza de U$S 190.000, luego de haber estado detenidos preventivamente durante una semana.

A pesar de la millonaria suma secuestrada y el costo periódico de su custodia asumido por el APRAD, transcurrieron los años sin avances significativos. La Justicia Civil desestimó la demanda de ATE y ATEM en primera y segunda instancia, considerando impreciso el reclamo respecto a la individualización de los bienes presuntamente no entregados pero pagados.

Demanda rechazada

El rechazo de la demanda se fundamentó en que las operaciones denunciadas habían sido registradas en el sistema de ATEM, constando tanto los pagos a proveedores como el ingreso de la mercadería al momento de las transacciones.

Meses después, una auditoría interna realizada por la propia demandante evidenció un faltante en los depósitos de la mutual, el cual no fue advertido a tiempo por la Junta Fiscalizadora de ATEM. Según el estatuto de esta entidad, dicha Junta tiene el deber de examinar los libros y documentos, así como controlar los ingresos, con una periodicidad no mayor a tres meses.

Para la Justicia Civil y Comercial, este hecho constituyó, al menos, negligencia por parte de la mutual denunciante.

¿Quién se quedó con el millón y medio de dólares?

La mercadería denunciada por ATE y ATEM como “faltante” en su stock, según la auditoría realizada por ellos mismos meses después de la transacción en litigio, corresponde, en el caso de ATE, a productos adquiridos por el sindicato a la mutual, y no directamente a los proveedores. Esto fue en el marco de la Campaña Escolar 2018 y del contenido del bolsón para afiliados. La denuncia se basa en una compra de guardapolvos, remeras, zapatillas, mochilas y útiles escolares por un monto de U$S 734.811. De este total, ATE asegura que solo fue entregado el equivalente a U$S 465.301, por lo que el faltante ascendería a U$S 269.510. Según las fiscales Laura Urquiza y Mariela Jiménez, “la mercadería nunca fue entregada al sindicato, ya que el acusado no presentó remitos ni comprobantes de entrega”, lo que invierte la carga de la prueba. No obstante, los bolsones armados manualmente por el sindicato fueron entregados, aunque contenían un 37% menos de mercadería respecto a lo encargado en la “estafa” denunciada. Según la crónica institucional, en dicha campaña ATE entregó 18.000 bolsones a un precio de $3.450 cada uno, lo que suma un total de $40.700.000, equivalente a U$S 2.626.451 al tipo de cambio de ese momento.

De las declaraciones de testigos del depósito y de los responsables financieros de ATEM, se desprende que las entregas se realizaban sin remitos ni controles, ya que las mismas se efectuaban en diferentes centros, e incluso la propia mutual retiraba los productos directamente de la distribuidora.

Una situación similar, aunque prolongada en el tiempo, ocurrió con la compra —sin entrega total— de bienes como notebooks, CPU, electrodomésticos y celulares, en la que ATEM alega incumplimiento en el suministro de estos productos destinados a su posterior comercialización al consumidor final.

Lo particular de los proveedores involucrados es que se trataba de empleados públicos devenidos empresarios, quienes manejaban sumas millonarias con ATEM sin contar con trayectoria ni solvencia financiera acreditada al momento de las contrataciones. Los intermediarios seleccionados eran simples monotributistas, como el caso de F. F., empleado del Ministerio de Trabajo, quien fue denunciado por haber simulado la compra de productos informáticos y de telefonía entre junio y diciembre de 2017. Este hecho habría causado un perjuicio a la mutual superior a U$S 986.842. Por esta razón, se le atribuyó la coautoría de estafas reiteradas en 38 oportunidades en concurso real.

Sin embargo, la mutual no logró identificar ni individualizar el faltante de estos elementos electrónicos, a pesar de la posibilidad fiscal de hacerlo mediante el Sistema de Identificación de Productos generado por la AFIP (actual ARCA). Este procedimiento tampoco fue exigido por la Unidad de Delitos Complejos del MPA.

Una incógnita sin resolver

Seis años después de la denuncia presentada por ATE y ATEM, aún no se puede determinar con certeza qué ocurrió con el millón y medio de dólares. La Justicia Civil rechazó la demanda, el MPA alcanzó un acuerdo para abreviar el proceso y el APRAD cerró el caso con un resarcimiento simbólico, dada la magnitud del monto denunciado. Queda "hilo en el carretel" de una historia que causó gran estupor en su momento, pero que, tras cinco años, pasa al cajón de los misterios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.