Gabriela Sosa: "Lo ocurrido con Úrsula es el cúmulo de ausencias del Estado"

El femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas, provincia de Buenos Aires, dejó en evidencia todo lo que falta para prevenir que este tipo de casos sigan ocurriendo en nuestra sociedad. Úrsula tenía 18 años había denunciado a su ex pareja, el policía Matías Martínez, 18 veces. Sin embargo, el lunes pasado recibió al menos 15 puñaladas que terminaron con su vida.

-¿No alcanzan 18 denuncias para evitar un femicidio? ¿Qué más se puede hacer? Esa fue la primera pregunta que se le realizó a la militante feminista Gabriela Sosa, quien está al frente desde Santa Fe de la organización nacional Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y ocupó el cargo de subsecretaria de Políticas de Género en la gestión del anterior gobierno provincial.

-Lo ocurrido con Úrsula es el cúmulo de ausencias del Estado, porque no sólo ella sino otras víctimas del mismo femicida había avisado al Estado a través de sus denuncias. Y la respuesta del Estado al dolor y la impotencia de una familia y sus seres queridos vuelve a ser la violencia. Entonces, hay que preguntarse cuáles son esas ausencias en el Estado, que llevan a estas situaciones, e incluso a no comprender lo que significa la pérdida de una persona, en particular, de una pibita de 18 años con toda la vida por delante.

-Todas las organizaciones insisten con que siempre se debe hacer la denuncia, pese a no encontrar la respuesta...

-Hay que hacer siempre la denuncia. Nosotras decimos que es una forma de proteger, pese a que el mensaje que queda hoy es muy peligroso para todas las mujeres y para toda la sociedad. No haber respondido ante las denuncias que las organizaciones pedimos que se hagan nos genera mucha impotencia.

-¿Entonces?

-Entonces creo que es hora de poner plata, poner recursos que puedan acompañar ese discurso que se construye desde el Estado de inclusión de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Hay una incoherencia entre esos discursos y el dinero que se necesita para abordar cabalmente las respuestas ante las diferentes situaciones de violencia de género.

-¿Hacia dónde debe destinarse esa inversión en materia de prevención de violencia de género?

-Doy ejemplos: las tobilleras (para monitorear a los agresores) salen caras, pero son un buen mecanismo para poner el foco en el agresor y para avisar a la víctima. Uruguay y España están utilizando estos dispositivos con buenos resultados. Otra necesidad es contar con recursos humanos cerca de tu casa, sensibles y con conocimiento de qué nos pasa a las mujeres cuando sucede una situación de violencia de género. También se necesitan recursos para las organizaciones barriales que acompañan, a veces mucho más que el Estado.

-La resonancia que provocan este tipo de casos pone en agenda pública estas necesidades...

-Hay que insistir con que el Estado en sus tres niveles y sus tres poderes tenga una estrategia integral que no sea incoherente o contradictoria. Se deben aprovechar este tipo de casos, como también lo fue el de Chiara (Páez, 14 años) en 2015 para concretar estas cosas hoy (el caso impulsó las marchas Ni Una Menos). Y, mientras tanto, a mediano y largo plazo seguir dando respuestas al mañana, a través de la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral), para construir varones y mujeres libres de violencias, que los conflictos puedan resolverse de otra manera.

-Hay que hacer entender que nadie es dueño de nadie...

-Y que cada uno puede tomar de manera autónoma sus decisiones, que los varones pueden ser sensibles, le pueden doler las cosas que les suceden y llorar; y no tener que pegarse un tiro si se salen de sus normas.

Fuerzas de seguridad

Según el Observatorio Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), el 12% de los 26 femicidios (1 cada 27 horas) ocurridos en el país al 31 de enero del 2021, fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, en actividad o retirados. Y en todo el 2020 ese porcentaje fue de entre el 10 y 12%.

-En particular, ¿qué se puede hacer para revertir esta realidad?

-Creo que la formación es una herramienta esencial, al igual que lo es para toda persona en relación de dependencia con el Estado, y para ello está la implementación de la Ley Micaela (establece desde 2018 una capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado). Luego hay otras cuestiones más concretas, como por ejemplo: ¿qué pasa con los programas que existen en Santa Fe desde hace mucho tiempo e imponen la retención del arma cuando existen denuncias de violencia de género? No existe información respecto de si se cumple o no, y lamentablemente nos enteramos de que no se cumplen cuando ocurren estos casos. ¿Cuántos son hoy los agentes que tienen su arma retenida? ¿Cuál es el proceso con dichos agentes? ¿Cuántos sumarios hay? Con lo que una se encuentra es con los cambios de jurisdicción de un agente cuando la denuncia se asienta. Y no sucede nada más. Entonces, hay que tener una política de desarme, a nivel social y dentro de las fuerzas de seguridad. El 38% de los femicidios del 2020 fueron con armas de fuego, y el 34%, con armas blancas. Entonces, por un lado hay que desarmar, y por el otro realizar un cambio cultural. Sino nos matan con armas de fuego, armas blancas o a trompadas.

-Y no todos los casos terminan en femicidio, sino que ocurren otros tipos de violencias...

-Y en las situaciones de violencia auto infringida, como ocurrió hace poco en un caso que venimos observando en Reconquista, al que denominamos suicidio femicida. El desenlace fue un suicidio luego de una situación previa grave de violencia de género. Entonces también son necesarias las estadísticas para medir estos casos. Y las organizaciones no somos quienes contamos con esos datos. Entonces, debemos preguntarnos qué pasa con los suicidios de mujeres en Argentina, cuáles son decisiones autónomas y cuáles son consecuencia de este tipo de relaciones con subordinación a un varón. Entonces, lamentablemente debemos aprovechar este momento social para generar un debate público sobre la violencia sexista, y que el Estado realice las inversiones que se necesitan. Y, por último, que sirva también para recordar a todas las otras víctimas, y para que el Estado garantice que podamos vivir hasta el último minuto sin violencias.