Estafa al restó santafesino: "La autora se encuentra en Italia", confirmó el fiscal

En una conferencia de prensa, el fiscal Agustín Nigro brindó detalles de la compleja investigación de la estafa perpetrada por una empleada contra un local gastronómico de la ciudad de Santa Fe. Además confirmó que, actualmente, "la autora se encuentra en Italia".

La causa judicial, iniciada a mediados de la segunda semana de abril a raíz de una denuncia de la empresa, permitió identificar a la autora de la estafa, quien actualmente se encuentra fuera del territorio nacional.

El fiscal Nigro explicó que el hecho delictivo, ocurrido el 19 de abril, se dividió en dos segmentos principales. La estafadora logró acceder a los sistemas financieros de la compañía, específicamente a su usuario de Mercado Pago.

Una vez dentro, contrató un crédito pre-aprobado, por un valor de $6.700.000. Adicionalmente, se apoderó del saldo existente en la cuenta, totalizando un monto de 7.000.000 de pesos el perjuicio económico.

El crédito

Nigro detalló que, una vez identificada la presunta responsable, la fiscalía solicitó al juez penal que ordenara a Mercado Pago cesar en su interés de cobrar el crédito a la sociedad comercial.

El juez Octavio Silva, quien interviene en el caso, hizo lugar a este pedido de la fiscalía y ordenó a la billetera virtual que detenga la pretensión de cobro hacia la empresa víctima, debiendo dirigir el reclamo hacia la presunta responsable de la maniobra ilícita. Mercado Pago ya fue notificado de esta orden judicial.

En cuanto a la recuperación del dinero para la víctima, el fiscal indicó que los $300.000 correspondientes al saldo de la cuenta bancaria de la empresa formarán parte de la pretensión punitiva del Estado.

Si bien el cobro de los 6.700.000 pesos ya fue cesado por orden judicial, la imputada deberá igualmente hacerse responsable de este monto. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) "normalmente hace el mayor esfuerzo posible para que se repare el daño", y espera contar con la colaboración de Mercado Pago.

La maniobra

El fiscal desglosó la compleja secuencia de movimientos que permitió rastrear el dinero y determinar la identidad de la autora. La mujer simuló ser representante de la compañía (una SRL), utilizando usuario y contraseña para obtener el crédito.

El crédito fue inicialmente derivado a una segunda cuenta. La investigación logró establecer que los accesos a esta segunda cuenta se realizaban desde el domicilio de la imputada.

Luego, se descubrió que la estafadora obtuvo los datos personales de la titular de esa segunda cuenta (una persona en situación de vulnerabilidad económica) debido a que trabajó en una casa de amparo o "Hogar de Día" donde residía esta persona.

Desde esa segunda cuenta, el dinero fue transferido a una cuenta de Mercado Pago de la que la mujer investigada era titular. Finalmente, los fondos fueron enviados a una cuarta cuenta en otra compañía, siendo este el destino final del dinero.

Se identificaron cuatro movimientos concatenados en total, lo que, según el fiscal, facilitó su identificación, a pesar de que "seguir la ruta del dinero siempre implica una actividad compleja" para la fiscalía. Nigro señaló que, en muchos casos, los movimientos se ramifican como un "árbol" con múltiples destinatarios, dificultando enormemente las investigaciones.

En Italia

La investigación incluyó un allanamiento que permitió identificar a la empelada del comercio gastronómico, y existe una orden de detención vigente en su contra. El fiscal Nigro confirmó que "no se encuentra en territorio nacional hasta ahora" y que "se sabe a ciencia cierta que está en el extranjero".

Actualmente, la mujer se encuentra en Italia, y la fiscalía ha emitido una orden de detención, esperando obtener un exhorto internacional para su captura.

El Fiscal también destacó que este caso no es único, mencionando uno similar ocurrido aproximadamente tres semanas atrás, también relacionado con un crédito pre-aprobado, donde el juez José Luis García Troiano ordenó a la compañía financiera Ualá cesar el cobro a una clienta por 90 días para permitirle iniciar acciones civiles.