Narcocriminalidad: condenaron a 16 miembros del "Clan Gallardo"

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a penas de hasta doce años de prisión a 16 personas acusadas de integrar una organización dedicada al narcotráfico, informó este lunes el sitio oficial www.fiscales.gob.ar. Los imputados pertenecen al conocido "Clan Gallardo" y comercializaban cocaína y marihuana en varios puntos de la ciudad santafesina de Frontera y en San Francisco, en la provincia de Córdoba. En la causa intervino la Fiscalía General ante ese tribunal, a cargo de Martín Suárez Faisal, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

De la totalidad de los imputados, trece aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado. La jueza María Ivón Vella condenó a Peregrino Gallardo, su hijo Osvaldo Gallardo, Emiliano Cortez, Pablo Zalazar, Sebastián Miraglio, Alejandro Cabral, Héctor Ludueña, Hugo Gallardo, Diego Cuello, Cristian Cotez, Maira Figueroa, Fabián Villegas Linares y Franco Figueroa al considerarlos parte de una estructura piramidal con división de roles, con tres estratos establecidos para funcionar como una organización dedicada al comercio de estupefacientes y, en el caso de dos de los imputados, prestar su nombre para dar apariencia lícita a los activos provenientes de esta actividad.

Las tres personas imputadas restantes, Noemí Salinas, Hugo Vallejos y Darío Barcena, fueron condenados en un juicio colegiado ante el tribunal, que completaron los jueces José María Escobar Cello y Luciano Lauría.

2014-2018

La investigación comenzó en diciembre de 2014, luego de que se detectaran supuestos puntos de venta de estupefacientes en la ciudad de Frontera, en la provincia de Santa Fe.

En los años sucesivos se ordenaron numerosas actuaciones en las jurisdicciones de Santa Fe y Córdoba, las cuales terminaron por acumularse en el TOF santafesino. El 2018 fue clave en cuanto a la persecución y encarcelamiento de la mayoría de sus integrantes, con múltiples allanamientos, secuestros de drogas y vehículos adquiridos con el dinero negro.

Para el Tribunal quedó probada la existencia de una organización delictiva que actuaba en las ciudades de Frontera y San Francisco, y que funcionaba desde la primera de esas localidades liderada por Peregrino "Tito" Gallardo y su hijo Osvaldo "Tuli" Gallardo. La empresa delictiva no sólo contaba con los medios financieros y demás recursos necesarios para funcionar, sino también con una considerable cantidad depersonas en forma organizada.

Estructura piramidal

En una estructura piramidal con división de roles, quedaron establecidos tres estratos: en el superior se ubica a Peregrino Gallardo y a Osvaldo Gabriel Gallardo, como cabeza de la organización; en el estrato intermedio a Emiliano Cortez, Pablo Zalazar, Claudio Villegas Linares y Alejandro Cabral –quienes respondían a los organizadores de la banda, para la distribución de droga o ejecución de hechos violentos o maniobras de lavado- y en el estrato inferior –entre otros- a Maira Figueroa, Franco Figueroa, Sebastián Miraglio, Héctor Ludueña, Hugo Gallardo, Diego Cuello y Cristian Cortez, en quienes se delegaba el manejo de ciertos puntos de venta.

Al mismo tiempo, y en sintonía con lo planteado por el fiscal Suárez Faisal, para la justicia Peregrino Osvaldo Gallardo puso en circulación sumas de dinero procedentes de las maniobras de narcotráfico mediante la compraventa de automóviles y utilizando a varios de los integrantes de su organización como prestanombres.

Según se tuvo por acreditado, Emiliano Cortez cumplía en la organización un doble rol, ya que se ocupaba del abastecimiento de estupefacientes, y también de distribuirlos y comercializarlos, e incluso amenazó e hirió con armas de fuego a una persona por una deuda relacionada con dinero proveniente de la venta de sustancias.

Pablo Zalazar se ubicaba en el estrato intermedio, encargado de la comercialización en las ciudades de Frontera, San Francisco y sus alrededores bajo las órdenes de Osvaldo Gabriel Gallardo, mientras que Claudio Villegas Linares intervenía dedicándose a la venta al menudeo en su domicilio particular. Cristian Cortez también se dedicaba al comercio de cocaína y marihuana, en una subestructura dirigida por su hermano Emiliano.

Doble crimen

Dentro de la misma estructura, Sebastián Miraglio comercializó estupefacientes para la organización entre 2014 y 2017, para luego dedicarse a hacerlo por su propia cuenta. Durante ese mismo plazo también realizó la misma actividad Franco Figueroa, hasta que fue detenido por el doble crimen de Losada y Chamorro, por el que se encuentra cumpliendo pena perpetua.

Hugo Gallardo fue identificado por la Policía Federal de Bell Ville como encargado de "vigilar o custodiar" el domicilio de Pablo Zalazar en donde se acopiaba el estupefaciente, mientras que Maira Figueroa, pareja de Tuli Gallardo, fue detenida en un allanamiento a la vivienda en la que se incautó una notoria cantidad de estupefacientes, como también grandes sumas de dinero en efectivo.

A pesar de no haber sido sindicados en la etapa primaria de la investigación, Héctor Ludueña y Diego Cuello también fueron señalados como parte de la organización, y Alejandro Cabral, fue acusado de oficiar de testaferro o prestanombre de Peregrino Osvaldo Gallardo, para poner en circulación en el mercado bienes adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico.

Barcena y Salinas participaban en esta estructura proveyendo de estupefacientes a la organización que formaba Pablo Zalazar, bajo la dirección de Peregrino y Osvaldo Gallardo. Por su parte, Hugo Vallejos recibía material estupefaciente que luego comercializaba en la modalidad delivery, bajo las directivas de Osvaldo Gallardo. Además, Vallejos ofició de prestanombre en una operatoria de compraventa de una camioneta propiedad de Peregrino Gallardo, para darle así apariencia lícita.

Las penas

En el juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a Peregrino Gallardo a doce años de prisión al considerarlo autor responsable de los delitos de organización del tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas y lavado de activos en concurso real.

Luego de que se le unificasen penas, Osvaldo Gallardo fue sentenciado a diez años y seis meses de prisión como autor responsable del delito de organización del tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas.

A Emiliano Cortez también se le unificaron penas por un total de siete años y seis meses de prisión como coautor responsable de los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas y extorsión, mientras que para Pablo Zalazar la condena fue de seis años de reclusión por el mismo delito sin el agravante. También, como parte de la misma organización, Maira y Franco Figueroa fueron condenados a cuatro años y seis meses de reclusión como partícipes secundarios.

Sebastián Miguel Miraglio también fue condenado como partícipe secundario, con una pena unificada de cinco años y cinco meses de prisión, al igual que Cristian Cortez. También con la figura de partícipes secundarios, Héctor Ludueña, Hugo Gallardo y Diego Cuello recibieron una pena de tres años de reclusión, mientras que para Alejandro Cabral fue de cuatro años por el delito de lavado de activos. Por último, Claudio Villegas Linares fue sentenciado a seis años de prisión como autor responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas.

En el juicio colegiado, los tres imputados fueron condenados como autores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas. Barcena y Salinas recibieron una pena de siete años de prisión, mientras que para Vallejos fue de seis años y seis meses, en concurso real con el delito de lavado de activos en calidad de partícipe necesario.

Además, el tribunal dispuso la destrucción de todo el estupefaciente secuestrado en acto público, junto con el decomiso de tres automóviles incautados durante los operativos, como también del dinero en efectivo allí secuestrado.