Quedan doce imputados por la estafa a empleados del hospital Iturraspe

Mientras la Justicia provincial decide si confirma o revoca la condena para dos ex empleados de la administración del Hospital Iturraspe de Santa Fe, por haber estafado a sus pares despojándolos del llamado “fondo del 30%”, una docena de imputados que no fue parte del juicio abreviado sigue con expectativas el desenlace.

Este martes 20 de mayo se celebró la audiencia de apelación de sentencia que tiene como autor del delito de estafa a Jorge Alberto Carnaghi y como partícipe secundaria a su esposa, María Belén Milessi.

Ambos suscribieron un acuerdo de juicio abreviado a 3 años de prisión en suspenso y 1 de ejecución condicional respectivamente, que fue homologado el 26 de diciembre de 2024 por la jueza penal de primera instancia Rosana Carrara.

El abreviado, realizado a instancias del fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del MPA Santa Fe, Federico Grimberg, contó con el consentimiento de los acusados y sus abogados defensores Néstor y Mariana Oroño; pero también tuvo el aval de la Fiscalía de Estado provincial -que representó en forma mayoritaria a los empleados- y de la propia ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio.

Apelación de sentencia

Más allá de dicho acuerdo, 4 empleados del nosocomio que se presentaron como querellantes en forma privada, se opusieron a la sentencia que incluyó una reparación económica de 41 millones de pesos por parte de Carnaghi y de 1,2 millones por Milessi.

Como consecuencia, esta semana se celebró la audiencia de apelación de sentencia, que tuvo al camarista Jorge Andrés al frente del tribunal que deberá confirmar o revocar la sentencia recurrida.

Entre los presentes y en representación de 4 víctimas querellantes, estuvieron los abogados Claudio torres del Sel y Victoria Bertoldi, quienes cuestionaron la figura de “estafa”, sostuvieron que se trata de una “asociación ilícita” y reclamaron un resarcimiento aún mayor a los damnificados.

Asociación ilícita

“Una de las querellas se opuso a la condena y pidió que se revise esta decisión”, abrió el camarista Jorge Andrés, para darle la palabra al Dr. Torres del Sel.

“Para nosotros es una asociación ilícita en cabeza de Carnaghi”. En su momento “nos manifestamos en contra de la propuesta del fiscal” por desacuerdo “con la calificación y con la reparación a los empleados del hospital Iturraspe”, adelantó el abogado.

Torres del Sel se mostró en “total desacuerdo con la cifra irrisoria al lado del fraude que habían sufrido los empleados”. Y dijo que el escándalo era tal que “hasta había una mesa de juego en el hospital Iturraspe”, dato que fue controvertido por la defensa de Carnaghi, que le respondió diciendo que “es imaginación pura”.

Por último criticó la postura de la Fiscalía de Estado y calculó en “200 millones de pesos el fraude total, a valores históricos”, por lo que pidió revocar la sentencia que consideró “un absurdo jurídico” más allá del arrepentimiento de los condenados.

Cálculo difícil de evaluar

Siguió en la exposición el fiscal de Cámara, Carlos Arietti, quien solicitó el rechazo del recurso interpuesto por la querella. “Es una sentencia firme que ha pasado a cosa juzgada”, señaló.

A propósito del resarcimiento reclamado (de 200 millones), dijo que “la querella no ha logrado acreditar el gravamen de los recurrentes”, es decir que “no se detalla el monto del perjuicio económico de las 4 querellas particulares”. Y sostuvo que “no se puede invocar a los 1.800 empleados” del hospital para hacerlo.

“Ahora se dice que son 200 millones pero no sabemos cómo sacaron ese cálculo. El monto del perjuicio es muy difícil de evaluar”. Además, sostuvo que las querellas “pueden ir a la sede Civil, o Administrativa para completar el reclamo contra la provincia”.

Recordó el fiscal Arietti que “la ministra de Salud también firmó el procedimiento abreviado”, convalidando el accionar estatal en el caso y respondió las críticas a la calificación legal empleada diciendo que “a la fecha no hay suficientes elementos para tener una probabilidad de condena” por eso “el criterio del fiscal de distrito fue convalidado por el fiscal Regional”.

Las abogadas de Fiscalía del Estado provincial, Paola Landa y Valeri Níttoli -también estuvo el abogado Leandro Vega-, fueron breves en sus contestaciones. “Venimos a defender la resolución de la jueza Carrara de 2024”, dijo la primera; mientras que la segunda enfatizó en que “no se ha detallado el perjuicio económico por lo que la reparación (ahora pretendida) luce injustificada”.

Fondos de obras sociales

La defensa, a cargo de Néstor Oroño, se refirió al origen de los fondos y dijo que “provienen de particulares, no de dinero de origen público”. “Proviene del recupero de prestaciones de personas que tienen obra social”.

“Son dineros que provienen de particulares” y que se destinan en “un 65% a asistencia social; 5% a equipamiento; y 30% se distribuye entre los empleados”, aclaró. También dijo que “el monto actualizado a diciembre de 2024 era de 120 millones” de pesos, y que fue calculado en función de las transferencias a cuentas de particulares que fueron parte de la maniobra.

En cuanto al cuestionamiento de la calificación legal, Oroño recordó que “originariamente el fiscal imputó por defraudación a la administración pública” pero que “lo debatimos y modificó la calificación” lo cual fue “revisado por el fiscal Regional y por la jueza de primera instancia que homologó el acuerdo del 26 de diciembre de 2024”.

Expectativas y especulaciones

De los 12 imputados que restan, algunos han demostrado intención de llegar a un acuerdo de juicio abreviado, otros se oponen lisa y llanamente, en tanto que otros especulan con lo que pueda suceder en las próximas semanas. Lo cierto es que la sentencia de Cámara genera gran expectativa, tanto entre los imputados como en la masa de empleados que podría recuperar algo más de lo sustraído.

A valores históricos, el fiscal de Delitos Complejos, Grimberg, dijo el año pasado que “las estafas fueron por un total de $ 38.337.865” monto que “actualizado por inflación ascendía en mayo de 2024 a más de 100 millones de pesos”. Aclaró que ese número “surgió del análisis de las sumas de dinero recibidas de manera ilegítima por las personas involucradas".

Además de Carnaghi y Milessi que asumieron su responsabilidad en un juicio abreviado, queda una docena de personas por resolver su situación legal.

La lista la integran: Diego Martín A. (recibió 54 transferencias por $3.242.627); Juan José A. (recibió 39 transferencias por $3.336.135); Federico C. (recibió 65 transferencias por $4.082.958); Alan Matías C. (recibió 77 transferencias por $5.052.515); Aitor Imanol C. (recibió 37 transferencias por $836.293); Oristela Beatríz O. (recibió 35 transferencias por $170.288); Gerardo Jesús R. (recibió 62 transferencias por $3.680.621); Josías Román R. (recibió 27 transferencias por $1.660.618); Lorena Betiana W. (recibió 61 transferencias por $3.371.751); Laura Liliana W. (recibió 37 transferencias por $1.080.378); Analía Z. (recibió 28 transferencias por $106.843); y Luis Alberto M. (recibió 72 transferencias por $4.773.320).