Los trapitos en Santa Fe: de "enaltecer al pobrismo" a la "falta de empatía social"

Luego de sancionar la derogación de la actual ordenanza de cuidacoches N° 12.635, de 2019, que nunca se aplicó en los hechos, y de la prohibición a pedido del Ejecutivo de la actividad de los “trapitos” y lavadores de autos en el vía pública de la ciudad, en el Concejo de Santa Fe se generó un tenso debate sobre el tema, que duró una hora.

Quizás una única coincidencia sobrevoló en el recinto de Salta 2943: que la actividad de los cuidacoches no es un trabajo formal y, por tanto, no debiera legalizarse. Por lo demás, hubo encontronazos entre ediles oficialistas, opositores e independientes; entre éstos últimos hubo votos negativos y abstenciones.

El líneas generales, desde el interbloque oficialista “Unidos…” se consideró como necesaria la medida, por tanto que la ordenanza de regulación de cuidadores de coches, que tenía cinco años, nunca pudo aplicarse en la práctica.

Pero también se marcó un punto: con la prohibición, los cuidacoches necesitan de la intervención del Estado municipal, incluyéndolos en cursos de oficios o en las Escuelas de Trabajo.

En la oposición justicialista, las críticas pusieron el foco en que la prohibición de los “trapitos” vino “sin una solución alternativa”. Cargaron las tintas contra el Ejecutivo por las idas y venidas sobre el tema (tal el caso del “Estacionamiento Social Asistido”, ESA), ese fallido intento de Juan Pablo Poletti para legalizar a los cuidacoches en barrios Candioti Norte y Sur, luego de una fuerte resistencia vecinal.

Para la tribuna

“Prohibir a tontas y a locas sin proponer una opción clara de inclusión social para estas personas que están en la exclusión más pena, es de parte del municipio un mensaje para la tribuna”, chicaneó Jorgelina Mudallel (bloque PJ). Hace falta un poco de empatía social por parte del municipio, añadió después.

Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo-FR) no se guardó cuestionamientos. “Hablamos de personas pobres que cuidan autos, quizás paran la olla todos los días. No se conoce la realidad: hay que estar en el terreno, hablar con los trapitos, con los vecinos. Se está notando mucho la ausencia del Estado municipal”.

El radical Carlos Pereira salió al cruce ante esta última opinión: “Rechazo algunas expresiones que tiene relación con una suerte de ‘enaltecimiento del pobrismo’ (aludiendo a la posición de Quiroz), que nos lleva a conclusiones totalmente equivocadas. El horizonte es siempre la inserción laboral formal. En el mientras tanto, hay que contener. Pero cuidar coches no es un trabajo legal”.

Loros, baches, yuyos

“Esto es una prohibición sin soluciones a una problemática muy compleja y multicausal. Si se trata de prohibir, prohibamos a los loros porque generan serios problemas en la iluminación, los yuyos porque crecen, o los baches porque rompen los autos…”, deslizó el sarcasmo Jorge Fernández, del bloque compartido con Mudallel.

“Esto es prohibicionismo puro. Se está tirando el verdadero problema debajo de la alfombra sin ofrecer una verdadera solución. No sabemos cómo van a garantizar que no haya cuidacoches en ninguna cuadra de la ciudad, ni cómo harán para incluirlos en un trabajo digno”, dijo el edil. A estas alturas, el debate político iba cobrando fuerza, contenido y tirantez.

Dos abordajes

Carlos Suárez, del interbloque oficialista, intentó poner claridad sobre este tema legislativo. Consideró que había que prohibir la actividad para luego abordar con las herramientas con que cuenta el Estado local la asistencia o inclusión laboral de los cuidacoches.

“La vieja ordenanza no resolvió el problema de los trapitos, y cuando se trató y aprobó en 2019, dimos una señal equivocada (Suárez, en aquel entonces, votó en contra). Su derogación y la prohibición aprobada es el primer gran apartado estrictamente normativo. Y el segundo es el abordaje del problema: aquí sí reconozco que el Ejecutivo tomó el tema”, manifestó el concejal.

Con la implementación del ESA, “el municipio entendió que ese no era el abordaje social pertinente”, declaró. Aquí enumeró otras opciones a reactivar en aras de la inclusión laboral, como la incorporación de los cuidacoches a las Cooperativas de Trabajo, o la capacitación en oficios.

“Intenta el Ejecutivo, esperemos que lo logre, clarificar una situación de mucha conflictividad en la calle. La ordenanza ahora derogada no solucionó nada. Esta no es una actividad que interese que se realice, porque los cuidacoches deberían tener otro tipo de salida laboral formal”, insistió en su idea.

“Habrá más violencia”

“Necesitamos saber de parte del Ejecutivo de qué manera se van a arbitrar las medidas para prohibir a los cuidacoches. De dónde van a salir los recursos humanos y económicos. El municipio ahora va a tener que dar respuesta en términos de control. ¿Va a haber convenios con el Ministerio de Seguridad, por ejemplo? Hay muchos grises en todo esto”, se interrogó Mudallel.

Más adelante consideró que estas medidas “no se tendrían que implementar en contextos de crisis social económica como el que estamos padeciendo hoy. El municipio se olvida de la marginalidad, de la exclusión de grandes poblaciones de nuestra ciudadanía. Además, esto va a generar más violencia en la vía pública -vaticinó-. Es una irresponsabilidad del Ejecutivo”.

Quiroz dijo estar “totalmente sorprendida” por los cambios de opinión tan bruscos que tuvo la administración de Juan Pablo Poletti sobre este tema. “Primero, se quiso legalizar esta actividad informal (con el ESA). Se dio marcha atrás por la presión de los vecinos de Candioti. Y ahora, saltamos a la prohibición, sin medias tintas”.

A la buena de Dios

“Tenemos que analizar cada caso, e incluir (a los cuidacoches) en el sistema laboral formal, con cursos de capacitación, Escuelas de Trabajo, Cooperativas. Pero no podemos dejarlos a la buena de Dios, en medio de la crisis que está viviendo el país, donde muchos de esos cuidacoches son sostén de familia: no se puede tomar semejante determinación”, cuestionó. La edila votó en contra.

Y Saúl Perman (Mejor) también dio su voto negativo. Dijo que le llamó poderosamente la atención que en el término de pocos días, el municipio haya cambiado tan radicalmente de perspectiva respecto de los cuidacoches.

“Más aún teniendo en cuenta que no tiene la competencia de retirar a estas personas”, aportó. Claro: un inspector municipal no tiene el poder de policía para retirar a un trapito de una cuadra. “La cuestión aquí es la exclusión”, dijo.

Sobrevuelan las dudas, a partir de ahora, sobre qué controles hará el municipio para garantizar que no haya cuidacoches en la vía pública; si se intensificarán los patrullajes de la GSI con binomios policiales; si se acordará alguna otra estrategia con la cartera de seguridad.

Y, por último, cómo hará el gobierno local para incluir a los cuidacoches y lavadores de autos al esquema formal de trabajo: menuda tarea.