Piqué en el ojo de la tormenta: lo investigan por presunta implicación en pagos ilegales

Una jueza española puso al exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué bajo investigación oficial por su presunta implicación en pagos ilegales en el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

La jueza Delia Rodrigo concluyó que había indicios de irregularidades en el acuerdo entre la empresa de Piqué, Kosmos, y la Federación Española de Fútbol (RFEF), según un documento judicial.

Según los documentos judiciales, el expresidente de la RFEF Luis Rubiales, la empresa Sela Sport Company, propiedad del Gobierno saudí, y Piqué firmaron acuerdos en 2019 y 2020 en los que la compañía de Piqué recibiría 40 millones de euros (43,3 millones de dólares) como "prima de éxito" por la celebración de los partidos en Arabia Saudí cada año. La RFEF iba a recibir 400 millones de euros, según el acuerdo.

"Los hechos que se investigan en el presente procedimiento tienen su origen en las posibles ilegalidades con trascendencia penal en la contratación o acuerdos", escribió Rodrigo. Piqué no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El juzgado investiga desde junio de 2022 si Rubiales cometió un delito de Gobierno desleal cuando la RFEF acordó con la empresa Kosmos, de Piqué, el traslado del torneo.

En marzo, la policía registró la sede de la RFEF y un apartamento perteneciente a Rubiales y detuvo a siete personas en una investigación de corrupción sobre el acuerdo multimillonario.

La policía informó a Rubiales, que ha negado cualquier irregularidad, de que era sospechoso en la investigación en abril, tras regresar de pasar dos meses en la República Dominicana en lo que él describió como un viaje de negocios.

Piqué, que jugó con el Barcelona partidos de la Supercopa en Arabia Saudí, recibió inicialmente un pago anual de cuatro millones de euros durante seis años. Posteriormente se prorrogó cuatro años más.

Pedro Rocha, que en aquel momento dirigía el departamento económico de la RFEF, no convocó una reunión de la comisión económica, como debería haber hecho, para analizar la prórroga de cuatro años del acuerdo.

Rocha fue elegido presidente de la RFEF el mes pasado a pesar de haber sido puesto bajo investigación tras declarar como testigo ante el juez y afirmar que no tenía conocimiento ni responsabilidad en ninguno de los presuntos delitos que se investigan en la causa.