Si se ratifica un fallo en Londres que obliga a la Argentina a pagar US$1500 millones por “daños y perjuicios” a fondos de inversión afectados por la reestructuración del default de 2001, el gobierno de Javier Milei podría ver alterado su difícil camino de recuperación financiera para procurar el retorno al mercado voluntario de crédito.
































