El tema nació del acuerdo de la paritaria estatal de 2009 que el Poder Ejecutivo transformó en un mensaje para crear 1.490 cargos que era el personal relevado al 31 de julio de ese año en dicha condición. Luego, el radical Darío Boscarol presentó un proyecto para crear el llamado "cargo recalificado" y el mismo legislador ingresó más tarde el proyecto creando "el cargo diferente definitivo". La justicialista Silvia De Césaris y el radical fueron los encargados de motorizar el debate en comisiones y con los gremios estatales hasta llegar a consensuar un texto. Previa a la sesión y a sugerencia del Poder Ejecutivo, el socialista Raúl Lamberto mocionó incluir a los profesionales universitarios de la Salud.
Se estima que son 4.000 los agentes en esa situación, la mitad de los cuales son docentes.
En el recinto, De Césaris destacó que éste era un nuevo instrumento para resolver conflictos y situaciones de trabajadores del Estado. Si bien admitió que son 4.000 los agentes “que tienen rostros y familia”, se encargó de detallar -departamento por departamento- el número de comprendidos en la ley N° 8525. “Esta ley tiene que ver con la dignidad de cada trabajador, en cada escuela, en cada comedor escolar, en cada hospital”.
Por su parte, Boscarol dijo que “no se puede seguir sin resolver el problema. Las personas con tareas pasivas tienen reemplazantes, hay reemplazos de 10 años” y graficó que la medida apunta a “sacar un tapón de la carrera administrativa”. Explicó que la situación en la docencia es más complicada que en la administración central ya que hay reemplazantes y hay suplencias. “Los cargos no generan mayor erogación y permiten regularizar una situación, sin incorporar agentes” aclaró para acotar que los gremios y el propio Ejecutivo avalan la salida elegida.































