En un contexto de retracción de recursos para las provincias y dificultades de financiamiento -que llevarían a posponer gastos a través de artilugios contables-, el gobierno prevé establecer importantes excepciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal, diseñada para impedir el déficit en las cuentas públicas.
Así, se dejarán de lado límites al gasto público, restricciones al endeudamiento y la prohibición de asumirlo para gastos corrientes, con lo cual no sólo se pretenderá desahogar las cuentas de las provincias al costo de empeñarse a futuro, sino que la propia Nación podrá hacerlo.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo habilitará a los gobiernos provinciales la refinanciación de sus deudas, con quitas y condonaciones incluidas. Lo pernicioso de esto -apunta Agosto- es que no se establece ningún tipo de parámetro o criterio sobre cómo y a quién se aplica esta medida.
“Es otra potestad discrecional para el Poder Ejecutivo, que además servirá para beneficiar a provincias endeudadas y, una vez más, relegará a las que mantuvieron sus cuentas relativamente ordenadas; cosa que pasó en nuestra provincia, por lo menos durante nuestra gestión”, concluyó.

































