Vicentin va a la Corte Suprema de Nación para salvar su concurso mientras se complica el frente interno

El devenir de la etapa posconcursal de Vicentin alternó etapas álgidas con ciertos tramos temporales de tranquilidad desde aquel 10 de febrero de 2020 cuando la firma -entonces agroexportadora- solicitó formalmente acogerse a los beneficios de un concurso de acreedores.

Esa lógica pendular de la crisis devenida tras la caída en default el 4 de diciembre de 2019 parece haber quedado atrás en el último tiempo, donde el día a día de la firma se presenta con novedades que en su gran mayoría solo de impacto negativo y con un abismo cada vez más inminente.

A la mala noticia judicial para su afán por la consolidación de su oferta a los acreedores, propinada por la Corte provincial al declarar la nulidad de la homologación del acuerdo concursal por “inconstitucional”, se adosó, en el mismo ámbito, la detención de 4 de sus directores, que junto a otros 15 directivos fueron imputados por asociación ilícita, estafas y defraudaciones.

Vicentin intentó un recurso extraordinario ante el tribunal cimero santafesino, que fue denegado, y su Directorio fue objeto de intervención por 120 días por parte del juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, bajo el "principio de prevención del daño” que los directivos podían causarle a la empresa que manejaban. Todo en el mismo día, el 22 de abril pasado.

En medio, se sucedieron sin pausa la paralización de sus plantas de Ricardone y Avellaneda, la alterada reanudación de actividades con corte de luz de por medio por parte de la prestataria cooperativa a la que le adeuda 600 millones de pesos -más un mes de electricidad que quedó dentro del concurso-, y las dificultades para pagar los sueldos en la primera parte de 2025, que no cesan.

“Fundamentos de peso”

El martes 29 de abril se conoció que la cerealera acudió con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar de revertir el fallo de la Corte provincial que desestimó el recurso extraordinario federal. La empresa jugó su última carta para que el tribunal supremo de este país revierta el decisorio, declare homologada la oferta de pago a los acreedores y le permita zafar del cram down (salvataje).

En el recurso de queja esgrimido - patrocinado por el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra-, Vicentin sostuvo la existencia de "fundamentos constitucionales de peso” para que el recurso prospere y se revierta el criterio aplicado en la justicia provincial.

En los argumentos, acusó a la Corte Suprema de Santa Fe de haber incurrido en “prejuzgamiento, arbitrariedad al interpretar erróneamente el principio de igualdad de los acreedores y la propuesta aprobada por la mayoría de los acreedores es abusiva, arbitrariedad por revocar la sentencia de Cámara por falta de fundamentación”, y de provocar “gravedad institucional, debido a que la demora judicial y la falta de homologación han ocasionado perjuicios concretos y gravísimos a la concursada, a los acreedores y a toda la comunidad”.

Asimismo, apuntó que “se ha excedido del alcance de su jurisdicción, actuó como una tercera instancia de revisión que le es vedada y no ha tenido reparos en sostener la posición de un único acreedor comercial disconforme (Commodities SA) sobre más de 1600 acreedores, que además ha manifestado públicamente su interés en que no se concrete la homologación no por abusividad de la propuesta, sino por intereses personales, forzando un cram down para intentar adquirir la sociedad con una supuesta solución superadora de la que jamás ha mostrado el más mínimo indicio o serio respaldo”.

Paralelamente, indicó que “a pesar de las demoras y dilaciones motivadas por los recursos arbitrarios planteados, con fecha 10 de marzo de 2023 pudo presentar en el expediente concursal la aprobación a su propuesta concursal superando las mayorías de capital y de personas exigidas por la ley 24.522 (62 % de acreedores que representan el 72 % de capital)”. A la homologación de la propuesta presentada se opusieron un único acreedor comercial y 4 instituciones bancarias públicas, puntualizó.

Instancias enfrentadas

En el escrito ingresado a la Corte nacional, la concursada que ya juega tiempo de descuento solicitó que “se disponga en forma inmediata la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida. En el caso es evidente la incertidumbre a la que se expondrá a toda la comunidad, clientes de fasón, acreedores interesados en el cram down, trabajadores, si la Cámara de Rafaela abriese el proceso de cram down y luego la Corte de Justicia de la Nación admitiese la queja que se presenta. Ambas instancias no deberían avanzar en conjunto”.

En ese sentido, recordó un incidente de esas características ya fue materia de tratamiento cuando el juez de primera instancia rechazó la homologación, rechazó la apelación y abrió el cram down. “La Cámara de Reconquista intervino suspendiendo el cram down dos días antes del vencimiento del plazo para inscribirse en un registro de interesados, sin que a ese momento se hubiese inscrito ninguno y luego terminó revocando el fallo de primera instancia y homologando el acuerdo concursal”.

En consecuencia, requirió que “se admita el recurso de queja, se suspenda la ejecución de la sentencia recurrida, se declare el procedente el recurso extraordinario y se ordene devolver las acusaciones al tribunal del origen, a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a derecho”.

“Palos en la rueda”

Con la Espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza en el plano judicial, el frente interno volvió a complicarse para Vicentin. Trabajadores de las plantas de Ricardone y Avellaneda se mantienen en alerta a raíz de la falta de pago de los haberes de abril y el adeudamiento del 20 % de los sueldos de marzo.

Fuentes gremiales dijeron a este medio que el clima es de incertidumbre y que el martes 6 habrá una reunión entre todas las partes para analizar la coyuntura de sequía financiera que afronta la empresa y genera una ambiente de marcada en los más de mil trabajadores activos.

“Estamos actuando con responsabilidad y conteniendo a la gente, explicando lo que va a pasando”, pero “al no cobrar la situación se hace difícil”, confió un representante sindical, que a su vez advirtió que “se está rechazando materia prima en Avellaneda, camiones que llegan con maíz son rechazados. Vicentin está poniendo palos en la rueda a la interventores, está jugando sucio. Si esto sigue así no va a haber más materia prima y vamos a tener que parar”.

U$S 30 millones

A los alrededor de U$S 1.600 millones de deuda inicial, la compañía sumó una deuda posconcursal de U$S 30 millones, en los cuales se incluye U$S 18 millones que se le debe a Renova y el resto es deuda nueva que está centrada en insumos básicos: primero U$S 3 millones de sueldos; energía eléctrica y gas alrededor de U$S 5 millones; y deudas con contribuciones y con el fisco de unos U$S 2 millones. El informe fue brindado por el exveedor y actual interventor Andrés Schocron.

Nueva oferta

En las últimos días, la empresa Commodities S.A. (del Grupo Grassi) presentó una propuesta ante el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista con vista a a la reactivación de la actividad industrial en la planta de Vicentin en San Lorenzo.

El esquema de negocios acercado se constituye bajo la operatoria de fasón y con la promesa de volumen de hasta 320.000 toneladas mensuales de soja, sujeto a condiciones operativas, laborales y contractuales. La comercializadora mayorista de granos también expresó su interés en tomar posesión de la posición contractual que Vicentin posee en Renova SA con el objetivo es “evitar el deterioro de activos, garantizar salarios y preservar el valor económico-social de la empresa”.