Dina Boluarte destituyó a más de 300 funcionarios nombrados por Pedro Castillo

La actual presidente de Perú, Dina Boluarte, destituyó a 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país que habían sido designados por su antecesor, Pedro Castillo, quien después de intentar disolver el Congreso unicameral fue destituido y encarcelado.

Estos tienen por deber supervisar la gestión de los gobernadores y coordinar el diálogo con organizaciones sociales. Son los representantes del Ejecutivo en las regiones.

Las autoridades cesadas "deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas", así como de intereses. En su mayoría corresponden a las regiones que se constituyen como escenario de las más fuertes protestas contra Boluarte, San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19).

Durante su mandato, Castillo nombró en estos cargos a docentes relacionados al Fenatep, el sindicato que fundó el exmandatario y derivó del Conare-Sutep, la facción más radical del magisterio. La oposición, mayoritaria en el Congreso, impugnaba la afinidad política que los nombrados tenían con el Gobierno, aunque esto no es inusual.

Una feroz campaña política y mediática contra esas autoridades incluyó la acusación de que entre ellos había presuntos integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), integrado por exintegrantes del grupo armado Sendero Luminoso.

Semanas antes de la caída del exgobernante, entre los legisladores opositores circuló la idea de eliminar los cargos de prefecto y subprefecto bajo el supuesto que duplicaban funciones con otras instancias estatales.

El exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés, sostuvo que la destitución de los subprefectos distritales "definitivamente" significa que el Gobierno de Boluarte está desmantelando la red de operadores políticos de Castillo.

Mientras tanto, las protestas continúan. Las multitudes se enfrentaron en varias oportunidades con la policía llamando a un paro nacional y exigiendo que se convoque al Consejo Constitucional, se clausure la Asamblea Nacional y la presidenta Boluarte renuncie, la liberación del expresidente Castillo, la celebración de elecciones anticipadas y la promulgación de una nueva Constitución.

Por otra parte, el Poder Judicial aceptó analizar una apelación presentada por la defensa de Castillo contra la decisión de imponerle una prisión preventiva por 18 meses, mientras es investigado por rebelión y conspiración, entre otros cargos.

La apelación plantea que la prisión preventiva sea reemplazada por la libertad con comparecencia, una especie de libertad condicional, mientras se desarrollan las investigaciones.

La defensa de Castillo cuestiona el cargo de rebelión y conspiración para la rebelión, por cuanto el exmandatario no se alzó en armas y alega también que Castillo fue detenido y destituido ilegalmente.