México aprobó la reforma constitucional y elegirá jueces mediante el voto popular

En el ocaso de su gestión y como su acto final, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) completó la reforma que enmienda la constitución de México y a partir del 2025 le dará al pueblo el poder de la elección de jueces mediante el voto.

Ya polémica en los papeles, la sesión de este martes en el Senado mexicano también estuvo cargada de escandalosos episodios. A lo largo de las 12 horas de discusión, manifestantes opositores y miembros del poder judicial intentaron ingresar al recinto y copar las gradas.

“Yo quiero ser jueza por mi preparación, no por mi voto”, rezaba una de las principales pancartas dentro del Senado este martes por la noche.

La votación y posterior discusión en particular de los 60 artículos se mudó del Pleno del Senado y se completó en la Casona de Xicoténcatl. Allí, la votación contó con 6 votos a favor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) y 41 en contra de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

El cambio se encarga de sentar un precedente en Latinoamérica y obliga mirar de reojo desde Argentina y Santa Fe, partiendo de las correspondientes discusiones coyunturales sobre sus respectivas Cortes.

En qué consiste la reforma

La diferencia más significativa recae en una nueva estructura del equilibrio de poderes, pero también afecta a su calendario electoral. Este 2024 México fue a comicios legislativos y ejecutivos, en los que Claudio Sheinbaum se impuso para el cargo de presidente. Aún sin haber asumido, se suma en 2025 una nueva jornada electoral para el poder judicial.

Uno de los argumentos de la gestión de AMLO pasa por la “austeridad”. El periodo de estadía de los jueces en la Corte será limitado, poniendo fin a "gastos excesivos y onerosos" y bajando el número de miembros de 11 a 9. Con medidas que difieren, existen coincidencias con los principales cuestionamientos de los mandatarios en Argentina.

En paralelo, se creará un Tribunal de Disciplina Judicial del cual no formará parte el ministro presidente de la Suprema Corte.

Se pretende extender la reforma a las 32 Cortes de los Estados Unidos de México.

Cuando se intentó aplicarlo en Argentina

En 2013, en medio de su segunda gestión como presidente y en la apertura del año legislativo. Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la “democratización” del Poder Judicial, que luego se plasmó en seis proyectos que finalmente no lograron su cometido.

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional por aquel entonces, en lo que resulta una discusión en particular que parece haberse archivado incluso en el actual gobierno de Javier Milei, quien más allá de las polémicas que involucran a los dos postulados, no posee manifestaciones al respecto de la idea.

Si se toman antiguas posturas de Ricardo Lorenzetti, el ministro más cercano al libertario, se refuerza el concepto: “El Poder Judicial nunca va a ser popular, porque sería un error que los jueces busquen popularidad. El gran avance fue el debido proceso. Eso consolida el prestigio y no la aprobación de las mayorías”.

La discusión política más cercana se dio en 2020, en medio de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado en marco del debate por la mayoría de dos tercios del Senado que exige la ley para designar al jefe de los fiscales. Allí, Oscar Parrilli, legislador afín a CFK: "En algún momento tendremos que ir a que los jueces sean designados por el voto popular. El juicio por jurados sin duda va a ser un avance".

Este último aspecto, el cual varias corrientes políticas han celebrado en el último periodo, podría trazar el camino a una eventual discusión sobre el voto popular de la Corte en Argentina.

Qué países ya votan por sus jueces

• Suiza: los jueces de los 26 cantones (estados) son elegidos vía voto.

• Estados Unidos: 43 estados votan sus jueces.

• Japón: el Gabinete, conformado por miembros del Parlamento, eligen los jueces y el voto popular debe ratificarlos por 10 años.

• Bolivia: utiliza un sistema similar a México.