México: unas elecciones violentas con candidatos asesinados

El Litoral

Fernando Purón posaba para una selfie con una simpatizante después de un debate cuando un hombre de camisa clara y gorra apareció por detrás en la oscuridad y le disparó directo a la cabeza.

El ex alcalde de la norteña ciudad mexicana de Piedras Negras, que competía por un banca de diputado en el Congreso federal, perdió la vida y su asesinato fue captado por una cámara de seguridad. El autor huyó.

Violencia y política han ido de la mano en México en el proceso para las elecciones generales del domingo. Más de 120 políticos fueron asesinados desde septiembre, de acuerdo con la consultora Etellekt, que lleva un recuento.

Una tercera parte eran candidatos o precandidatos. Dieciséis de las víctimas eran mujeres, además de que en el mismo periodo hubo unas 400 agresiones a políticos, desde amenazas telefónicas a ataques.

En más de dos décadas "este es el proceso más violento", dijo a dpa Rubén Salazar, director de Etellekt. La mayor parte de las víctimas son del ámbito regional o municipal.

"Ahí es donde se está concentrando la violencia. El eslabón más débil de todo el aparato institucional sigue siendo el nivel municipal", declaró.

Susana Ochoa tiene 27 años y es candidata independiente a diputada al Congreso de Jalisco. En un país con más de 29.000 asesinatos el año pasado, sabe que los políticos no están exentos de la situación que se vive.

"El riesgo siempre está, pero no solo para quienes queremos hacer política. En este país es donde más asesinan periodistas, activistas ambientales, asesinan mujeres solo por ser mujeres", dijo a dpa.

"No es solo asegurar que la gente pueda hacer política sin temor a ser asesinada, sino que cualquier persona pueda ejercer su profesión", agregó.

De los asesinatos, la mayoría se registró en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla, en el sur y centro del país. Dos terceras partes de las víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos de su respectiva región, según Etellekt.

Los grupos criminales buscan con los asesinatos ganar influencia sobre las autoridades locales y asegurarse impunidad. Los cárteles o bandas pequeñas de la delincuencia no sólo se dedican al tráfico de drogas, sino también al robo de camiones de carga, robo de gasolina desde los ductos y control de servicios públicos.

Salazar no descarta incluso que los atacantes estén sirviendo en algunos casos al poder político para sacar del medio a adversarios.

"La violencia política lamentablemente también en el pasado fue parte de los periodos de campaña", dijo la directora para Latinoamérica de la Fundación Friedrich-Naumann de Alemania, Birgit Lamm. "Esta vez, sin embargo, la violencia está especialmente extendida. Seguramente eso se debe a que nunca antes había habido tantos cargos en juego".

El domingo en México se elegirá un nuevo presidente, pero también se renovarán otros más de 3.400 puestos, entre ellos todo el Congreso federal, ocho gobernadores, unos 1.600 alcaldes y el jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Lamm señala que la intervención de grupos criminales limita la libre competencia política.

"El hecho de que candidatos, alcaldes en funciones y también ex alcaldes todavía de manera retroactiva puedan sufrir represalias de elementos criminales crea un clima de temor que seguramente influye en muchas de las futuras decisiones y el comportamiento de los políticos", dijo.

Más de 1.000 políticos renunciaron a sus candidaturas, de acuerdo con el diario "Milenio", en medio de esta ola de violencia.

"Obviamente nos lleva a cuestionarnos, a preocuparnos por nuestra seguridad", dijo Pablo Montaño, de 29 años, que también busca una banca de diputado en Jalisco como independiente.

"Pero al final de cuentas, si vemos las estadísticas de personas asesinadas en nuestro país, o los desaparecidos (...), pues estamos viviendo en un país en peligro, en un país violento", señaló. "No podemos dejar que esto nos impida salir a las calles".

La presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes de México, Yolanda Tellería Beltrán, señaló que hace falta brindar mayores condiciones de seguridad y que se investiguen y sancionen los ataques.

"Nosotros como asociación pedimos a los gobiernos de los distintos niveles de Gobierno estatal y federal trabajar juntos", dijo la alcaldesa de Pachuca. Para Tellería, las instancias federales tienen que apoyar a las estatales en las investigaciones y se debe contar con mayores protocolos de seguridad para alcaldes y funcionarios en riesgo.

Con información de dpa.