Polémica: Reino Unido aprobó la deportación de inmigrantes a Ruanda

El primer ministro británico, Rishi Sunak, superó la rebelión dentro de su Partido Conservador tras aprobarse este miércoles su controvertido proyecto de ley para deportar a inmigrantes sin papeles a Ruanda, que había provocado la renuncia de dos importantes miembros de la agrupación previo a la votación en el Parlamento.

La iniciativa del Gobierno, que propone enviar a solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido a Ruanda como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración, fue rechazada en noviembre por la Corte Suprema, pero Sunak presentó un nuevo proyecto que fue aprobado por los legisladores con 320 votos a favor y 276 en contra por lo que ahora pasará a la Cámara de los Lores -Cámara Alta del parlamento- para un segundo examen, según consignó la agencia de noticias AFP.

Los dos vicepresidentes del Partido Conservador, Lee Anderson y Brendan Clarke-Smith, así como la asistente ministerial Jane Stevenson renunciaron ayer después de haber respaldado una serie de enmiendas que buscaban endurecer la legislación.

Un total de 60 parlamentarios conservadores apoyaron las enmiendas al nuevo proyecto de ley, lo que expuso las profundas divisiones dentro de la formación.

Las enmiendas, que pretendían impedir que se recurriera al derecho internacional para bloquear la expulsión de alguien a Ruanda y limitar gravemente la capacidad de una persona para recurrir su deportación, fueron rechazadas el martes, aunque recibieron apoyo significativo de conservadores destacados como la exministra del Interior Suella Braverman y la ex primera ministra Liz Truss.

A pesar de la oposición interna, Downing Street mantuvo la confianza en que el proyecto de ley fuera aprobado, aunque especulaba con que el gobierno podría ofrecer concesiones para asegurar su avance.

Si el proyecto de ley no hubiera salido adelante, el liderazgo de Sunak dentro del partido habría quedado en entredicho, en un año de elecciones legislativas y con los conservadores sin lograr acercar posiciones con los laboristas, cuyo líder, Keir Starmer, es dado por ganador por amplio margen en los sondeos.

Los aproximadamente sesenta diputados rebeldes del partido conservador querían introducir enmiendas, al considerar que el texto de expulsión de los inmigrantes irregulares no va lo suficientemente lejos.

Este proyecto de ley pretende responder a las objeciones del Tribunal Supremo británico, que consideró que era ilegal en su versión anterior.

Sunak trata de hacer malabarismos estos últimos meses para mantener de su lado al ala derecha de su partido, sin perder el apoyo de los más moderados.

El ministro de Migración, Michael Tomlinson, intentó minimizar la división dentro del partido y, en declaraciones a la cadena británica BBC, afirmó que existe un "debate constructivo y sólido" sobre la política.

El debate se da un contexto en el que las cifras de cruces irregulares del Canal de la Mancha aumentaron drásticamente, hasta 45.755 casos en 2022, un incremento significativo desde los 299 casos registrados en 2018.

Mientras, en 2023, cerca 30.000 inmigrantes cruzaron el Canal en embarcaciones precarias, conocidas también como pateras.

Por su parte, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, prometió que si Reino Unido finalmente no logra sacar adelante el plan de deportación de migrantes, el país africano "devolverá el dinero" que ha recibido, que según el Gobierno británico asciende ya a 240 millones de libras (unos 300 millones de dólares).

"Sólo se va a usar si vienen" los migrantes, explicó Kagame a la BBC al margen del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Londres espera desembolsar otros 50 millones de libras más en el próximo ejercicio fiscal, pese a que a día de hoy no ha partido ni un sólo vuelo.

"Es problema de Reino Unido, no es problema de Ruanda", apuntó.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) afirmó ayer que, pese a que Sunak planteó modificaciones en su propuesta, "mantiene su posición" de que el plan "no cumple con los estándares requeridos relacionados con la legalidad y la idoneidad del traslado de solicitantes de asilo y no es compatible con el derecho internacional de los refugiados".

El organismo remarcó que las rutas seguras y legales para solicitar asilo en Reino Unido "siguen siendo inaccesibles para la abrumadora mayoría de los refugiados del mundo", y que el plan para enviar migrantes a Ruanda "va en contra de los principios fundamentales de solidaridad global y responsabilidad compartida".