Sanción canónica para el sacerdote que difamó a dos arzobispos

Por AICA

El obispado de San Nicolás de los Arroyos informó que le abrió un proceso canónico al presbítero Rodrigo Enrique Vázquez, por difamar por WhatsApp a monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo electo de Buenos Aires, y a monseñor Víctor Fernández, arzobispo de La Plata.

"Al conocerse el hecho, ese mismo día se le pide al presbítero Rodrigo Vázquez que se retracte por el mismo medio. Inmediatamente, se retracta de los dichos vertidos, manifestando que eran mendaces, y que se arrepiente y pide perdón", consigna el comunicado, firmado por el canciller de la curia diocesana, presbítero Gustavo Forastieri.

En cuanto a la sanción aplicada, el obispado precisó que "después de consultar a obispos, canonistas y a la nunciatura apostólica, se decidió que la pena que corresponde imponer es la 'reprensión' y una 'penitencia canónica', consistente en realizar un retiro espiritual de quince días en el monasterio benedictino de Luján, del 8 al 22 de julio próximo".

Las acusaciones de Vázquez contra García Cuerva fueron efectuadas a través de un audio de Whatsapp que se hizo viral. La Iglesia, a través del obispado bonaerense de San Nicolás, en cuya jurisdicción se desempeña el sacerdote, lo obligó ahora a retractarse por la misma vía y, además, le advirtió que si reincide en ese comportamiento puede llegar a ser suspendido en el ejercicio de su ministerio religioso.

En el audio que se viralizó Vazquez acusó a García Cuerva de "apoyar el terrorismo" y le adjudicó ser "antimilitar y apoyar a las Abuelas de Plaza de Mayo, de ser peronista kirchnerista, recontar francisquista (por el Papa Francisco) y respaldar a los grupos de LGBT y todas esas porquerías", además de ser supuestamente gay "como Victor Fernández", el arzobispo de La Plata.

En el WhatsApp de disculpas a los monseñores Garcia Cuerva y Víctor Fernández, Vazquez afirma que "solamente fue un comentario sin sentido, solicito a todos el perdón. Me arrepiento de todo el contenido del audio que se hizo circular".

"No tengo nada en contra de las personas de orientación gay, para nada, no es una actitud de Cristo. Quiero decirlo claramente, pedir disculpas si alguno se sintió herido y a todos los que haya podido escandalizar", indicó.

Vazquez había sido echado del seminario de San Isidro, ordenado sacerdote en el obispado castrense, de donde también fue exonerado hasta que, finalmente, recaló en la diócesis de San Nicolás.

Agresiones

La Corte Suprema de la Nación dispuso que prosiga ante la Justicia criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires la investigación de las agresiones contra la legisladora porteña Ofelia Fernández efectuadas a través de una cuenta de la red social Twitter, según confirmaron hoy fuentes del máximo tribunal.

La causa se inició por denuncia de los fiscales Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciber Delincuencia (UFECI), y Mariela Labozzeta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Azzolin y Labozzeta promovieron la acción penal luego que Fernández dijera ser destinataria de una serie de mensajes agresivos recibidos vía Twitter, que responderían a patrones de violencia de género e incitarían a la comisión de delitos.

Los representantes del Ministerio Público estimaron que los hechos podían configurar el delito previsto en el artículo 212 del Código Penal.

La norma prevé hasta seis años de prisión para "el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación".

Los fiscales evaluaron que los insultos e intimidaciones estarían relacionados con el rol político de la legisladora en materia de defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ, y constituía un modo de intentar perseguir y silenciar a quienes luchan contra la violencia machista.

A poco de formulada la denuncia el juzgado federal sorteado se declaró incompetente, al afirmar que si se cometió delito el mismo no afectaba intereses nacionales y, como tampoco aceptó hacerse cargo del trámite una magistrada del fuero penal ordinario, se trabó una contienda negativa de competencia.

Luego que se ordenara librar oficio a las autoridades estadounidenses para obtener la información de la firma Twitter International Company sobre los perfiles de las cuentas involucradas en los mensajes denunciados, se elevó el incidente a la Corte, para que definiera el juez competente.

La Corte, en coincidencia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, concluyó que --como la respuesta a los oficios aún se aguarda- no se debía descartar una persecución u odio contra Fernández por sus ideas políticas.