El Poder Ejecutivo debe asumir por sí la administración de los planes sociales y ajustarlos a las necesidades de personas en situación vulnerable, en procura de una promoción humana posible y eficaz. El gobierno tiene que dejar de financiar a intermediarios que promueven -con fondos públicos- gobiernos populares antidemocráticos, sometiendo a la pobreza para mantenerla en cautiverio de sus propósitos.


































