Causa Las Mercedes: una carta abierta denuncia la "obsesiva persecución" por parte de fiscales del MPA

La carta abierta lleva la firma de Edgar Hugo López, abogado jubilado y exfiscal de Estado de la provincia. El autor habla de "obsesiva persecución" por parte del MPA, al que definió como "una formidable máquina de aprietes".

A continuación, los tramos más importantes del escrito.

El que suscribe, Edgar Hugo López, argentino, casado, abogado jubilado, se dirige anta la opinión pública a los fines de poner en su conocimiento la situación a la cual nos someten las funcionarias del MPA, Mariela Jiménez, Bárbara llera y Laura Urquiza mediante una persecución ilegal e ilegitima, y atentatoria de toda normativa jurídica sea constitucional o legal que quiera considerarse.

Todo nace en una denuncia formulada por José Manuel Ruiz Moreno y que dio lugar a una causa conocida como "las Mercedes de Recreo SA".

Cabe destacar que en mi caso personal, estaba excluido del secuestro de elementos en la orden judicial librada por el Juez Busaniche y por teléfono, aparentemente. ordenaron una imputación irracional a mi persona al solo efecto de poder llevarse mi computadora personal y mi teléfono celular.

De las constancias pertinentes queda en evidencia que los profesionales nunca fueron denunciados, y que toda la imputación que se le hace a mis hijos Ovidio Mario y Edgar Ariel, es producto de una creación intelectual que es un relato solo concebido por la imaginación de dichas funcionarias. Y como la realidad y los soportes documentales no les alcanza para sostener su postura, se han lanzado a una obsesiva persecución donde ya no les importa si es cierto o no, o si es justo o no. Lo único que quieren "es meternos presos". Y el método que usan es la espectacularidad mediática y sembrar el miedo o el terror de mucha buena gente que tiene relación con lo que está ocurriendo y que no quieren verse involucrados. Como alguien ya lo ha dicho, el MPA se transformaría así en una "formidable maquinaria de apriete".

Mis hijos, en sus conductas nunca tuvieron intención de cometer un delito, no existe un ánimo de dolo y no realizaron ningún acto deliberado para perjudicar al denunciante, quien se dice titular del paquete accionario.
Por lo tanto. no puede hablarse de que aquí se constituyó una asociación ilícita, destinada a cometer estafas. Tampoco se valieron de un ardid o engaño para confundir a la Inspección de Personería Jurídica ya que previo a todo trámite se consultó con el jefe de Sociedades Anónimas de dicho organismo, señor José Delia quien asesoró sobre el trámite que debía presentarse para modificar el estatuto y elegir nuevas autoridades. todo ello conforme a la Resolución Nº 192/74 del entonces Fiscal de Estado Dr. Decio Ulla que fijó un procedimiento en ocasión de traspasar la IGPJ del área de Gobierno a la Fiscalía. Y esto lo saben las fiscales porque han incautado la constatación de los mails intercambiados con el funcionario con certificación por escribano público.

Y podríamos seguir consignando muchos factores o motivos por los cuales el MPA no puede sostener la imputación realizada y lastima a su soberbia el hecho de tener que reconocer un error o un mal entendido por las cuales formuló la acusación.

Solo me cabe agregar lo siguiente:

1. Hay que diferenciar las partes de los profesionales actuantes. Mis hijos nunca fueron denunciados por Ruiz Moreno.

2. Arquímedes Pirera, el presunto adquirente del loteo siempre actuó como propietario legítimo. Otorgó poderes, presentó balances. hizo denuncias penales, pagó impuestos, modificó el Estatuto, etc.

3. Contrariamente el denunciante José Manuel Ruiz Moreno es instrumentalmente inexistente. Su pretendida condición de titular del paquete accionario o presidente del directorio nunca fue objeto de inscripción alguna ni en el IGPJ, ni AFIP, ni Registro Público, ni ninguna otra Repartición. Nunca pagó un impuesto ni presentó un balance. Si hubiera cumplido con sus obligaciones legales cuando se pretendió inscribir a favor de Pirera se hubiese advertido la situación y no hubiese ocurrido la inscripción. Cabe recordar que la inscripción en los registros es el medio de publicidad frente a los terceros.

Y la culminación de la obsesión imputativa a la que hacía referencia llegó al cenit el viernes 6 de agosto cuando ordenaron siete allanamientos simultáneos, brutales y perversos, para tratar de encontrar "algo" que les permita seguir adelante con esta causa. Y no puede manifestarse que la culpa es de la policía o del organismo de investigación, cuando en todo momento, permanentemente, el personal actuante, está comunicado telefónicamente con las fiscales que dirigen el operativo. Y se violaron las normas elementales que son el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad, el derecho de la preservación de los inocentes y de los niños.

El daño material y moral no es cuantificable, ya que es inmenso. Tengo cuatro hijos y diez nietos. Tratamientos psicológicos, revocación de poderes bancarios, cancelación de escrituras ya concertadas y el desprestigio enorme que acarrea la exhibición pública de todas las conductas de las fiscales, son la consecuencia de esa persecución que pretende sumirnos en el terror, en el miedo a continuar en este trabajo.

Quiero señalar, que este año he cumplido 50 años de casado, lo que quiere decir, que he dedicado toda mi vida a construir una familia. También quiero decir que mi padre, José Ovidio López, abrió el primer negocio inmobiliario en 1950, o sea que hace 71 anos que estamos en la actividad en esta ciudad, primero con la inmobiliaria, luego con la escribanía a cargo de mi hermano Ovidio Marino y yo como Abogado, y ahora mis hijos continúan con la labor profesional.

Debo resaltar que en los momentos de mayor desprotección, cuando se hacía la noche en la mitad de la tarde, como dice el poeta, llegó el sostén a cargo de la Judicatura, lo que permite abrigar que hay una luz de esperanza para seguir creyendo en la Verdad y la Justicia. Los fallos de la Dra. Feijoo y el Dr. Falkenberg nos contienen dentro de este caos. Tan solo para que Uds. se den cuenta a lo que me estoy refiriendo, basta leer el fallo mencionado del Dr. Falkenberg donde le dice con claridad meridiana a las funcionarias que no existe delito, que no se tipifica ninguna figura penal y que no corresponde la privación de la libertad.

Lamentablemente el daño ya estaba hecho, mis hijos estaban detenidos, la noticia se había difundido, las escenas de pánico en cada domicilio particular ya habían ocurrido, y no se puede remediar.

Solo un elemento más quiero solicitar: el ejercicio abusivo del poder de las fiscales ha llevado a la incautación de computadoras, teléfonos celulares, y otros aparatos electrónicos, que son necesarios para seguir con nuestra actividad normal. Además, la documentación que bajo la excusa "de interés para la causa" fue incautada y no solo no tiene que ver con la causa, sino que pertenece a otros clientes, a otras personas. De la casa de mi hijo se llevaron pagarés firmados. títulos de propiedades personales, y de la escribanía nos faltan las matrices originales de las escrituras (protocolos), que hace nueve meses que fueron incautados. Esto genera no solo un problema en la escribanía por incumpliendo en la inscripción de las escrituras provisionales, también incautadas, y en darle el testimonio inscripto a los clientes. sino un daño muy grande a las personas que compraron legítimamente y de buena fe, a las cuales les llevaron su matriz original, y a los cuales ellas dicen defender.

Para culminar el proceder descripto he de señalar hechos aberrantes cometidos por las funcionarias como son la filtración de escuchas telefónicas ocasionando un daño familiar, la amenaza hacia las empleadas de la escribanía y profesionales socios del estudio contable, quienes demostraron su entereza negándose a declarar lo que pretendían las fiscales, aun a riesgo de una amenaza de imputación.

Pero si no salimos del asombro, agregamos que debemos señalar como consta en un decreto judicial firmado por el Secretario del Registro Público, Dr. Jorge Freyre, que el MPA "ha secuestrado" un expediente judicial de dicho registro para impedir el cumplimiento de la sentencia del Dr. Falkenberg que permitía la transferencia de las cuotas sociales de Consular SRL que era otra empresa nuestra y que no tiene nada que ver con Las Mercedes de Recreo S.A.. Es así textual de irregular e ilegítimo como lo relato sin exagerar nada.

Finalmente quiero expresar mi profundo orgullo por la conducta asumida por mis hijos Ovidio Mario y Edgar Ariel López quienes rechazaron las ofertas de los llamados juicios reducidos que suponían tres años de prisión en suspenso y la pérdida de la matrícula profesional por seis años bajo la figura de "arrepentidos". Y lo hicieron por dos motivos. El primero es que nuestra honradez y hombría de bien no nos permite arrepentirse de un delito que no cometieron. El segundo es la preservación de la tarea profesional de Abogados, Contadores y Escribanos para que puedan ejercer libremente su profesión sin la amenaza de este proceder obscenamente autoritario de tenerlos procesados o inhibidos.

Solo me resta señalar en apoyo a todo lo que digo que en las últimas horas mi hijo ha impetrado una denuncia penal contra el denunciante José Manuel Ruiz Moreno, quien se valió de una apócrifa acta de directorio para justificar ante funcionarios y escribanos su calidad de titular de la sociedad. Pero con un problema, la persona que firmaba dicha acta había fallecido dos años antes.