Aquellos decretos

I - Según se lo quiera ver, o arrancamos el año con un alto nivel de virulencia política o ese mismo clima no tuvo receso. Lo cierto es que en una canicular tarde de sábado muchas gentes marcharon bajo consignas bastante conocidas, si bien creemos que muchos tenían otras consignas que en verdad los movían para semejante empresa. La marcha fue un éxito definitivo y sin reparos. Con la misma seguridad podemos sostener que el gobierno no revisará su discurso en esa mezcla rara de paranoia, soberbia e irresponsabilidad. Por lo que sabemos, sus principales operadores no quitan el ojo de las encuestas, que todavía arrojan guarismos que superan el 40%. No observan que Alberto y Cristina luego del primer año -de encierro- por lo menos doblegaban eso. Ahora, Alberto no puede salir a la calle a pasear el perro.

II - El sentido de estas pocas líneas tiene que ver con esta realidad, pero referenciado en hechos del pasado que responden a estos ejes convocantes. Si tuviéramos que resumirlo: el discurso de odio. Es decir, rechazo, negación, repulsión del que no piensa y obra como lo "hacemos nosotros".

III - El miércoles 5 de febrero de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabel), junto a siete ministros del Poder Ejecutivo, firmaron un decreto de carácter "secreto". En su artículo 1, dicho decreto dice que se faculta al Ejército la ejecución de "las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos" en la provincia de Tucumán. Contemporáneamente se ha intentado, en vano, analizar la extensión y el carácter del término "aniquilar el accionar", pero ya faltaba mucha gente y sobraban certidumbres.

IV - Luego de la muerte violenta del comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, en un espectacular operativo del grupo Montoneros, en noviembre de 1974, era López Rega quien detentaba el mayor poder para la represión no institucional. Había creado tempranamente la temible Triple A, con recursos del Ministerio de Acción Social. Admiraba desde su juventud al General y recordaba con embeleso esos frenéticos discursos desde "el balcón" y se imbuía de los aportes doctrinarios de otros referentes como Alberto Ottalagano y Raúl Lacabanne.

V - En el ámbito del poder ejecutivo la presidenta tomaba unos días de descanso en la Unidad Turística Chapadmalal. Pasados unos días de tranquilidad, "Lopecito", como le gustaba llamarlo el General, decidió distanciarse de la rutina presidencial, dejó a Isabel al cuidado de su yerno, y subsecretario de Prensa y Difusión, Jorge Conti y el peluquero Bruno Porto, y se fue a Brasil. Quería conocer un terreno que le había comprado Claudio Ferreira, un brasileño amigo, umbandista. El espacio estaba sobre la playa Arena Blanca, al sur de Santa Catarina y deseaba construir un complejo hotelero. En el camino, fue detenido en el balneario de Torres junto a sus custodios Miguel Ángel Rovira y Rodolfo Almirón, quienes muchos años más tarde serían procesados en la causa de la Triple A. El conserje de hotel se asustó por el nivel armamentístico y alertó a la comisaría. El 25 de enero, al amanecer, ocho policías irrumpieron en la habitación de López Rega, lo detuvieron y esposaron.

Una vez regresado al país, López Rega se anotició de que Isabel Perón había abandonado la Unidad Chapadmalal y estaba hospedada en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en Punta Mogotes. Era la primera vez que la presidenta salía de la órbita de su control. Era el viejo General que saldó su histórica enemistad con la Marina y había designado como jefe del arma a Emilio Eduardo Massera, uno de los partícipes de aquella masacre de 1955 que dejó cientos de muertos. Siempre de jugar fuerte y con una estrategia tan clara como oculta, era Massera el que cruzaba el Rubicón y se convertía en anfitrión de Isabel. Pero si algo faltaba ocurrió cuando López Rega fue a la Escuela de la Armada para reunirse con la presidenta y en la misma puerta de acceso la guardia no levantó la barrera.

VI - La estancia de Isabel en la base naval fue el anticipo del despliegue de las Fuerzas Armadas para la "lucha antisubversiva". El comandante del Ejército, Leandro Anaya, le planteó la necesidad de intervenir con operaciones concretas para detener la avanzada de los grupos subversivos en Tucumán. En la interna del gobierno, que la represión se institucionalizara en tropas militares implicaba una pérdida importante del poder de López Rega. Hasta entonces esa tarea se libraba desde fuerzas clandestinas reunidas bajo el sello de la Triple A.

VII - Luego de su descanso de tres semanas, Isabel Perón volvió la actividad en la Casa Rosada el lunes 3 de febrero. Los temas de la agenda política estaban marcados por la violencia y esta vez era un artefacto explosivo en el diario La Voz del Interior de Córdoba. Al día siguiente festejó su cumpleaños 44 en Olivos. El miércoles 5 de febrero, Isabel presidió la ceremonia de entrega de sables a nuevos oficiales de las tres armas en el Teatro Colón. Luego firmó el decreto secreto que habilitó la intervención militar en Tucumán. Dos días después ya estaba descansando en el Hotel Llao Llao de Bariloche.

VIII - Sin perder tiempo y en cumplimiento de lo ordenado por las autoridades políticas, las tropas militares comenzaron a desplegarse en Tucumán el mismo domingo 9 de febrero en largas caravanas por la ruta 38. Se concentraron unos 3500 efectivos, desde Lules hacia el sudoeste.

Los comunicados oficiales sobre la intervención militar comenzaron a emitirse por la tarde de ese día, por radio y televisión. Se leyeron dos. Uno era de la Secretaría de Prensa y Difusión y contenía un pasaje que decía: "La Argentina marcha hacia su destino de potencia. Es nuestro triunfo. (…) Combatir a los enemigos del pueblo se convierte así en un imperativo de la hora actual". El otro comunicado era de estricto corte militar y se debía a la pluma del general Acdel Vilas. Sostenía que la operación implicaba "restituir la tranquilidad a sus habitantes, alterada por el accionar de delincuentes subversivos que pretenden explotar la impunidad que garantiza la imposición del miedo".

Los actores políticos pronto respondieron. En general todos rechazaron la intervención. Raúl Alfonsín criticó que el Congreso hubiese sido marginado y con ello el Poder Ejecutivo no contribuía a consolidar el proceso político y ponía en evidencia "la ineficacia del gobierno para solucionar un problema ajeno a esa fuerza (el Ejército)". De igual forma atacó la Ley de Seguridad para combatir la guerrilla "que en realidad amenaza a dirigentes políticos y gremiales que luchamos por la liberación nacional".

IX - Como era previsible, desde el primer minuto las tropas militares actuaron sin ningún control político ni judicial. El gobernador peronista Amado Juri, como buen oficialista, dijo que prestaba su "más amplio apoyo a las operaciones militares". De hecho, en adelante fue una figura decorativa. El poder lo tenía Vilas que se instaló en Famaillá. Tomó la escuela del pueblo y la convirtió en el primer centro de detención ilegal durante gobierno de democrático; "La Escuelita".

X - Varios años después, la justicia federal de Tucumán requirió la extradición de Isabel para juzgarla por su responsabilidad en la represión ilegal que sobrevino luego de su firma en el decreto. El argumento jurídico para tal convocatoria fue que no podía ignorar la situación ya que en su calidad de primera magistrada había visitado Santa Lucía y Famaillá, donde se habían asentado centros de detención ilegal.

XI - En definitiva, el decreto 262/75 no hizo más que acelerar la autonomía de las Fuerzas Armadas frente al sistema político, que la condujo a la toma del poder, y terminó por encarcelar o perseguir a los funcionarios que lo habían firmado y sembrar el terror incontrolado en todo el territorio.