¿Quién escucha la voz del pueblo?

Se incurre en una expresión demasiado común cuando se dice que la Argentina está muy mal. Pero define con simpleza una verdad incontrastable, objetivada por la acumulación de indicadores negativos. Sin embargo, los sufrimientos sin horizontes de la población, son, como lo he dicho en distintas oportunidades, menos importantes para el poder que los problemas judiciales de Cristina Kirchner; problemas autogenerados por sus excesos de omnipotencia y su sentimiento de impunidad.

El elevado número de causas que la involucran, y los dictados de prisión preventiva de distintos juzgados, que rebotaron contra sus fueros y la protección política de la mayoría legislativa que la respalda en el Senado de la Nación, no surgieron de la nada, ni de la denunciada persecución de presuntos esbirros judiciales de Macri, sino de una extensa y sostenida comisión de ilicitudes en el desempeño de la presidencia del país.

Tan sensible es su situación, que cualquier acontecimiento que en términos potenciales pueda perjudicarla, suscita violentas reacciones de sus acólitos. Así ocurrió con el reciente resultado de las Paso, que provocó la furia de muchos punteros contra la rebelión de numerosos pobres que usaron el voto o la abstención para castigar a quienes perciben cada día más alejados de lo que predican. O el cambio de autoridades en la Corte Suprema de Justicia, que produjo la inmediata reacción de señalados gurkhas del cristinismo, por el simple hecho de que el nuevo presidente no es el que ellos querían.

Leopoldo Moreau, que alguna vez fue una juvenil espada del expresidente Raúl Alfonsín en la competencia política que en 1983 lo llevó al sillón de Rivadavia, ahora, como diputado ultrakirchnerista, fue el primero en atacar a las nuevas autoridades de la Corte. Manifestó que la designación del nuevo titular del máximo tribunal por los próximos tres años debería ser "el último acto de una tragedia". Y, casi sin tomar aire, agregó: "Es hora que los miembros de la Corte presenten su renuncia para iniciar una etapa de transparencia o se los someta a juicio político. Y si no, que se aumente el número de miembros para, al menos, oxigenar uno de los Poderes del Estado que se ha transformado en una oscura máquina de impunidad y de impedir".

Es paradójico que el oscuro Moreau abogue por la transparencia del Tribunal y lo acuse de máquina de impedir, pensando quizás, que ese cuerpo frenó el avasallamiento de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires establecida por la Constitución Nacional. Este año, invocando la excusa multiuso de la pandemia, el gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, pidió ante un juez federal la invalidación de un fallo de la Justicia porteña a favor de la presencialidad de las clases en CABA, aspiración que iba a contramano de un DNU presidencial.

No voy a repasar aquel proceso que todavía está fresco, y que terminó con la aceptación del caso por parte de la Corte y su unánime resolución a favor de la autonomía de la ciudad, en contra del encendido reclamo del Ejecutivo nacional, que había echado mano de un DNU con el Congreso en funciones. En cualquier caso, todo aquello quedó atrás con la generalizada apertura de actividades y el regreso de la presencialidad escolar determinada por el renovado gabinete nacional. Y si bien es cierto que los indicadores epidemiológicos expresan notorias mejorías, las características de la apertura son tan temerarias como lo fueron en su momento las del encierro indiscriminado, que tantos daños provocó.

A esta altura queda claro que las medidas, resoluciones y decisiones son buenas o malas según favorezcan o contradigan al poder. Aquella frase del ahora silenciado presidente Alberto Fernández: "Hemos escuchado al pueblo", pronunciada luego de las Paso, ha quedado reducida a la cáscara de una frase hecha. Lo que en rigor se escuchan, son los mandatos de Cristina en busca de controlar la hemorragia de votos que la debilita ante los tribunales. De allí el obsceno recurso del urgido reparto de "platita" y la reacción ante la elección de nuevas autoridades en la Corte, que intranquilizan al poder.

Por eso no tardó Aníbal Fernández en acompañar las acusaciones de Moreau. Dijo el flamante ministro de Seguridad: "La Corte, con estos gestos, lo que hace es autoesmerilarse de una manera innecesaria. Es imperioso que se le empiece a encontrar la vuelta. Mi posición personal… es que habría que empezar con una ampliación (a nueve miembros)". En la práctica, la ampliación no sólo licua el papel de los actuales integrantes, sino que proyecta en el horizonte de las causas -que ya hoy sufren dilaciones que no se corresponden con la duración de una vida útil- nuevos y más gravosos tiempos de sustanciación. Peor aún, si se toma la tesis de Eugenio Zaffaroni, autor intelectual de las masivas liberaciones de presos peligrosos que, una vez sueltos, han multiplicado la criminalidad en el Gran Buenos Aires.

Como si la eternidad fuera la pasta de la que están hechos los seres humanos, Zaffaroni enfatizó que hay que ampliar el máximo tribunal, pero más allá de lo propuesto por Fernández. "Se necesita una Corte de 15 miembros, dividida en salas con especialistas en cada área", afirmó.

Lo curioso es que todas estas declaraciones contradicen la fundamentación expresada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner durante el tratamiento del proyecto de reducción de 9 a 5 integrantes de la Corte, enviado por Néstor Kirchner al Senado en 2006. En aquella oportunidad, su impecable exposición constitucional inclinó la votación, que retomaba "el camino de los cinco miembros, un cambio que tuvo su origen en la Reforma (constitucional) de 1860", que, dicho sea de paso, reincorporó al cuerpo de la Argentina a la escindida provincia de Buenos Aires.

En la hipótesis que, desde hace tiempo, alienta Zaffaroni, la Corte se convertiría en la casación de las casaciones, lo que la alejaría del papel institucional que le otorga la Constitución. Si el cuerpo, ampliado, se organizara en salas especializadas (Penal, Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral, conforme a algunos proyectos ya presentados en el Congreso), la visión integradora de la ley podría fragmentarse en pronunciamientos contradictorios y la consiguiente necesidad de plenarios posteriores. En suma, más dispersión, más trámites, más instancias, más tiempo, menos seguridad jurídica y menos Justicia, porque la extensión sine die de las causas equivale a una simple y llana denegación de justicia. Gran noticia para los transgresores y corruptos que se multiplican como hongos después de las lluvias.

Es obvio que el gobierno no ha escuchado la voz del pueblo, sino las sirenas de alarma de una probable pérdida de poder que deje expuesta la conducta de la jefa al análisis de los tribunales. El modo de elección del nuevo presidente de la Corte se ajusta a su reglamento interno, aunque el procedimiento dé lugar a objeciones de orden ético. Un cuerpo de cinco requiere de una mayoría de tres, que es lo que hubo. Con los ministros presentes o a distancia, el resultado invariable en estas circunstancias es el de tres votos contra dos. Para qué darle más vueltas.