El decreto de Perotti ordenando la auditoría del Fiscal de Estado sobre presuntos espionajes en el ministerio de Seguridad y la declaración de no interferir en la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ayudaron a que el tema no sea el central de la reunión en el salón Blanco de Casa de Gobierno. Son varios los diputados que vienen advirtiendo desde hace tiempo de maniobras que serían ilegales. El avance de la investigación de los fiscales pareció darles la razón. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez parecen tener muchas evidencias de seguimientos a dirigentes políticos -incluidos oficialistas- empresarios, dirigentes sindicales, periodistas e incluso ONGs. Serían centenares de carpetas en soporte digital. La imputación a una decena de, ahora, ex funcionarios de Seguridad no ocurriría antes de marzo. Los mismos fiscales tienen más avanzada la investigación sobre la fallida compra de armas que debió ser parada por otras áreas del propio Poder Ejecutivo.