Principio Constitucional de inocencia y corrupción estructural del sistema político argentino (Parte III)

Dentro del estupor y desconcierto que tiene la sociedad por lo acaecido a nivel nacional, es de destacar la decisión legislativa que se tuvo en la provincia de Santa Fe y su modelo riguroso de Ficha Limpia. Modelo digno de imitar. Si bien es cierto que ese triste espectáculo que dieron los Senadores de la Nación, con idas y venidas, traiciones y pactos, son hechos que alejan más de la política a la gente. Es sumamente peligroso para la democracia y la gobernabilidad, que se pierda la confianza en los legisladores que han sido elegidos para ser celosos custodios de los derechos y bienes del pueblo.

Quienes creemos, en este proyecto, que nació en el año 2016, fue rechazado y perdió estado parlamentario, estamos convencidos que hoy la sociedad en su conjunto debe seguir luchando para conseguirlo. Es un deber y una obligación. Habrá que mirar el listado de candidatos en las próximas elecciones, para no votarlos, porque no deben gobernar los corruptos o corruptas. Al margen de ello, queda abierta una cuestión sociológica: ¿Por qué motivo, habiendo condenas categóricas con copiosos elementos probatorios, un sector del pueblo vota candidatos y candidatas con condenas en causas de corrupción política?

Esas causas de corrupción han atravesado transversalmente a los gobiernos militares (toma de deuda externa ilegítima y estatización, apropiación de bienes de desaparecidos, etc.) y democráticos, debiendo reforzar la democracia los mecanismos de control, ya que a excepción de Raúl Alfonsín, el resto de los presidentes electos fue denunciado y acusado por causas de corrupción. Así, por ejemplo, tenemos a Carlos Menem por la causa de contrabando de armas y la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero; los sobresueldos a ministras como María Julia Alsogaray, con origen de fondos reservados de la SIDE, vinculados a las privatizaciones.

A Fernando de la Rúa y el escándalo de la Banelco en el Senado, operada por el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y el valijero Mario Luis Pontacuarto, que condujo a la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez. Cristina Fernández de Kirchner –cuya situación actual de prisión domiciliaria fue descripta en la primera entrega de este ciclo sobre Ficha Limpia (publicada el 28 de junio de 2025)-, por las causas conocidas como "La Ruta del Dinero K", "Vialidad", "Hotesur y Los Sauces", entre otras que implicaron la prisión efectiva de un número importante de funcionarios de primera línea de sus gobiernos.

Fueros: la "Doctrina Pichetto"

Mauricio Macri y una historia de delitos que lo involucran junto a su padre por el delito de contrabando en la causa Sevel antes de asumir la presidencia (2015), junto a beneficios familiares por empresa que licúa sus pasivos por estatización de deuda externa durante la última dictadura cívico-militar y acrecienta su capital familiar por ser parte de la "Patria contratista", con contratos monopólicos u oligopólicos (1982). Además: el crédito de U$S 45.000.000.000 (cuarenta y cinco mil millones de dólares) tomado ante el FMI y que fue "fugado" al exterior; o bien la firma del decreto que autoriza el blanqueo (¿o "lavado"?) de capitales a sus familiares directos.

También está el escándalo del crédito otorgado a la firma aceitera Vicentín en Santa Fe, con una adulteración de la calificación financiera y la desafectación de las garantías civiles en el Banco Nación por el entonces presidente Javier González Fraga que torna incobrable la deuda. Otras causas de Macri: "Correo Argentino", "Parques Eólicos", "Peajes y Autopistas", así como permanentes y sistemáticos conflictos de intereses de sus ministros que provienen de la gestión empresarial y benefician con aumentos de tarifas de servicios públicos a las propias empresas de las cuales son beneficiarios directos.

En el caso de Alberto Fernández, está procesado recientemente por su accionar contrario al interés público en relación con los brokers de seguros, con comisiones millonarias: Mientras que en el caso de Javier Milei está el cobro de supuestas comisiones para brindar audiencia en la Casa Rosada y la publicidad del caso de la criptomoneda Libra, una mega estafa financiera que está siendo investigada en el país y en el exterior.

Un punto técnica y políticamente complejo, a los fines de evitar que Ficha Limpia se transforme en un discurso tribunero de campaña para un sector de la población civil ávido de honestidad pero sin efectos reales, es saber cómo articular dicha ley con el principio constitucional de inocencia, ya que nuestro sistema jurídico otorga al principio de inocencia fundamento en la Constitución Nacional. En tal sentido está la llamada "Doctrina Pichetto", creada por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto para garantizar en su momento la impunidad de Carlos Menem en el Senado de la Nación al exigirse "condena firme" para que la Cámara de Senadores pueda proceder al desafuero parlamentario (los legisladores no pueden perder sus fueros hasta tener condena firme).

La mano en la lata

Justamente, la combinación de la existencia de fueros parlamentarios, junto a la lentitud de las causas judiciales producto de jueces adictos al gobierno de turno dan por resultado la impunidad. Con jueces probos, debería ser más eficiente el sistema de justicia penal en Argentina, al respetarse el debido proceso, la defensa en juicio y las garantías constitucionales, y así brindar sentencias en las tres instancias respectivas en un plazo razonable, que no puede extenderse a décadas. En definitiva, el principio de inocencia debería ser compatibilizado a nivel constitucional con Ficha Limpia, para que se puedan evitar las impugnaciones judiciales que generan nulidades o la declaración de inconstitucionalidad.

Finalmente, está el tema de las "cajas negras" de la política: fondos reservados de la ex SIDE; sobreprecios de obras públicas; garantía judicial de impunidad para garantizar negocios ilícitos (narcotráfico, prostitución, juego clandestino, contrabando, lavado de dinero, por citar algunos). Eso, sumado a los ingresos millonarios de infinidad de funcionarios públicos, tanto activos como pasivos, con jubilaciones de privilegio de los poderes Ejecutivo, Legislativo (con una cantidad de asesores que no tienen otra finalidad que generar caja) y Judicial, combinados –a su vez- con las reelecciones indefinidas, los fueros, las débiles instituciones de control (en la mayoría de los casos subordinadas al poder) y la lentitud de la Justicia, son la garantía de impunidad para la corrupción política.

La contracara de esta oligarquía, denominada "casta" por los libertarios, son los bajos ingresos de los trabajadores formales, con paritarias a la baja que no equiparan la inflación generándose una pérdida del poder adquisitivo del asalariado y topes a los aumentos estatales por rechazo de la Secretaría de Trabajo de la Nación a los acuerdos entre cámaras empresarias y sindicatos. En relación al precio del salario, curiosamente, el gobierno de Milei no es liberal, con elevados porcentajes de empleo informal y desocupación creciente, jubilados que cobran una jubilación miserable de $ 374.723,93 brutos (incluye el bono de $ 70.000) y $ 365.582 netos, y una Canasta Básica Total (que no incluye alquiler) que para una persona, según datos deI Indec en junio de 2025 era de $ 359.243.

Como decía el filósofo Jaime Barilko: "No es la mano en la lata, sino la mente en lata". Es decir que la corrupción es solo posible en una mente corrupta. La patria necesita hombres y mujeres que comprendan y practiquen la honradez, la honestidad, respetar la ética de su palabra, rendir cuentas de sus actos y como decía el filósofo "no meter la mano en la lata", porque ello solo es posible en la mente de los corruptos y corruptas. No debemos resignarnos a que la corrupción tenga futuro, la transparencia sí debe tenerlo: luchar contra la corrupción es hacerlo por la dignidad. No más silencio ni impunidad. Los corruptos y corruptas no deben ser electos.