Cuidar a las niñas, niños y adolescentes y cuidar a los que los cuidan

Por Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe; Cecilia Santa María, secretaria de Cultura y Derechos Humanos del Sadop Santa Fe; Pbro. Andrés Rodríguez, vicario episcopal para la Educación; Liliana Santoro, presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación (JAE); Mariel Vargas, vicepresidente 1° JAE; Martín Pascual, vicepresidente 2° JAE.

En la última paritaria docente, se consensuó continuar trabajando y profundizando la labor de los Comités Mixtos de Higiene y Salud Laboral, con el objeto de mantener y lograr ambientes libres de violencia y acoso. En ese marco, el Sadop Santa Fe, junto a integrantes de la Junta Arquidiocesana de Educación, perteneciente al Arzobispado, consensuaron un documento -fechado el 21 de marzo de 2023- con consideraciones en relación al tema.

Como educadores/as valoramos la evolución positiva que implica, en la defensa de los derechos humanos, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y de la necesaria responsabilidad social que implica su protección integral. Ya desde la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) se destacó la preeminencia del interés superior del niño y el reconocimiento de la necesidad de protección especial por parte del mundo adulto, de tal manera que no se vean vulnerados sus derechos. En los últimos años se ha ido renovando el marco jurídico para poder abordar de un modo integral y específico las diversas formas de maltrato infantil, entre las que destaca por su gravedad el abuso sexual. En particular, ha sido un avance en este sentido, la Ley 26.061/2005 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Las distintas instituciones educativas están llamadas a constituirse y garantizar ambientes seguros y protectores de la infancia y de los adultos de toda la comunidad educativa, consolidando la prevención primaria y secundaria de cualquier forma de maltrato. En este sentido, se han perfeccionado los protocolos y mecanismos administrativos para poder abordar integralmente las diversas problemáticas ligadas a la violencia y al abuso en nuestra sociedad, que muchas veces desbordan la capacidad de respuesta y acompañamiento de las escuelas.

A partir de esta convicción inicial, constatamos con preocupación el debilitamiento de la respuesta institucional frente a éste tipo de situaciones, dejando a las comunidades educativas en una situación de gran exposición y precariedad. Creemos que sólo fortaleciendo la labor protectora por parte de las distintas instituciones sociales se podrá consolidar una prevención verdadera e integral. Para lo cual, los educadores/as deben tener todas garantías de protección para poder colaborar en la superación de situaciones sociales complejas, que muchas veces terminan poniendo en riesgo la integridad personal de los diversos miembros de la comunidad educativa.

En particular nos inquietan las crecientes irregularidades en algunos procesos investigativos que implican a educadores/s, de tal manera que incluso se llegan a pisotear las garantías constitucionales más básicas como el principio de legalidad, el derecho a un proceso justo, la legítima defensa y la presunción de inocencia. Estos principios, consagrados en los tratados internacionales de Derechos Humanos, y que gozan en nuestra patria de rango constitucional, deben iluminarnos para garantizar procesos investigativos justos y democráticos, dando muestras de credibilidad institucional.

Por otro lado, es necesario fortalecer la respuesta y el acompañamiento institucional frente a este tipo de situaciones, consolidando la esencia educativa de la institución que cuenta con sus propias autoridades, para no dejar a las personas y a las comunidades escolares a merced de las dinámicas violentas del escrache, el patoterismo y el linchamiento. No podemos simplemente acostumbrarnos y naturalizar estas prácticas profundamente antidemocráticas, que debilitan las bases mismas del estado de derecho y que han convertido a la labor educativa en un verdadero "trabajo de riesgo".

Paralelamente, es necesario hacer un llamado a la responsabilidad social de los medios de comunicación, para que sean verdaderos promotores de una convivencia pacífica y democrática, y no debiliten el pacto social fomentando la violencia y la fragmentación. Lamentablemente, a algunos medios periodísticos no les importa, con tal de lograr un titular polémico y llamativo, condenar sumariamente a personas, familias y comunidades con total impunidad, arrojándolas sin piedad en la arena del nuevo "circo romano" del amarillismo mediático. De un modo análogo, es necesario crecer como sociedad en el uso responsable de las redes sociales, en orden a una convivencia respetuosa y pacífica.

Con este mensaje queremos expresar nuestro compromiso con la protección de las niñas, niños y adolescentes (especialmente de los contextos sociales más vulnerables) y de todos los que desempeñan funciones dentro de nuestras comunidades educativas. Fundamentalmente reconocemos que, para poder sostener la actividad protectora de nuestras instituciones, se debe resguardar también a los diversos actores que la conforman. Por eso estamos trabajando en forma conjunta en la elaboración de herramientas precisas (protocolos, recomendaciones, etc.) que puedan dar respuesta a estas situaciones para poder prevenir, garantizar y respetar los derechos de todos/as.

Porque si no cuidamos a los que cuidan, ya nadie va a cuidar de nadie.