Ocho años después de que se aprobara la ordenanza que estableció la eliminación progresiva de las bolsas plásticas en comercios de Santa Fe y 45 días después de que aquella disposición comenzara a regir de manera efectiva, un fabricante local de estos productos presentó un recurso de amparo en la Justicia para que declare inconstitucional la norma y autorice al uso de bolsas de cualquier tipo, medida y confección.
Entre los argumentos que sostienen este planteo, se hace hincapié en que la firma cuenta con autorización municipal para funcionar y que la fabricación de estos productos no afecta al medio ambiente. Además, se advierte que la prohibición pone en riesgo los puestos de trabajo de empleados de estas Pymes locales que “no cuentan con la suficiente cantidad de recursos para adaptarse a producir un tipo distinto de bolsas”.
Por el momento, la Justicia no se expidió al respecto. Sin embargo, llama la atención que este planteo se realice ahora, cuando desde hace tanto tiempo se sabía que la ciudad avanzaba progresivamente hacia la eliminación de las denominadas “bolsas tipo camiseta” elaboradas a partir de derivados del petróleo.
Otras empresas supieron adaptarse a tiempo a las nuevas disposiciones que tienen como objetivo la preservación del ambiente y que también se aplican en otras ciudades del país y del mundo. Así, modificaron sus líneas de producción y comenzaron a elaborar las mismas bolsas a partir de lo que se conoce como polímero vegetal, generado con caña de azúcar u otros cereales, que son biodegradables y que sí están autorizadas.
Como un efecto dominó, cualquier decisión política que se adopte genera consecuencias y afecta intereses. Sólo a modo de ejemplo, cuando en la Argentina se dispuso la prohibición de las bombillas de luz incandescente, seguramente representó para las empresas fabricantes un cambio en el modelo de negocios y la necesidad de realizar inversiones que les permitieran modificar su producción. Sin embargo, esto nunca pudo haber actuado como un argumento que paralizara un avance imprescindible en materia ambiental y energética.
Seguramente, la prohibición de entregar bolsas plásticas en los comercios generó un fuerte cimbronazo en las empresas locales que elaboran estos productos. Y si no se adaptaron a tiempo, quizá esto impacte en los puestos de trabajo.
Pero se trata de problemas diferentes. En todo caso, será necesario a partir de ahora buscar alternativas para atemperar el impacto laboral.
La ordenanza relacionada con las bolsas plásticas fue aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal. Quizá, sobre los propietarios de estas fábricas que no se adaptaron a tiempo primó el convencimiento de que, tal como suele suceder tantas veces en la Argentina, esta norma nunca se pondría en práctica.
No fue fácil aplicar esta normativa. Los ocho años que transcurrieron entre la aprobación de la ordenanza y su implementación lo prueban. Pero resultaba imprescindible tomar alguna decisión al respecto. Según cálculos elaborados por el municipio, los comercios de la ciudad de Santa Fe -especialmente los supermercados- entregaban hasta hace poco tiempo alrededor de 80 millones de bolsas plásticas por año a sus clientes, generando un impacto ambiental insostenible.