Ahora los espías defenderán la "seguridad democrática"

El Litoral

DyN

La nueva Agencia Nacional de Inteligencia (AFI) realizará tareas de espionaje frente a "atentados contra el orden constitucional y la vida democrática", entre los que mencionó corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y "golpes de mercado".

Así fue dispuesto en el decreto 1311 publicado hoy en el Boletín Oficial que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, donde quedó aprobada la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional.

"La inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no 'espiarlos’. Por ello, el sistema de inteligencia nacional se configura como un ’observatorio’ abocado exclusivamente a la producción y gestión de conocimientos acerca del conjunto de problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior", sostiene.

En el anexo del decreto, de 400 páginas, se mencionan entre las problemáticas a "eventuales riesgos o conflictos generados por agresiones de origen externo" prepetradas por las fuerzas armadas de otros países.

Entre las problemáticas de la seguridad interior, se menciona el terrorismo y los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etcétera".

Los considerandos del Decreto 1311/2015 en el que se define la estructura orgánica de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) plantean que "la inteligencia nacional es la actividad institucional que se inscribe dentro del marco del Estado constitucional social y democrático de derecho y que apunta a dar cuenta de los desafíos, coacciones y conflictos que ponen en riesgo la defensa y la seguridad democráticas de nuestro pueblo".

El Decreto, que además establece el reencasillamiento del personal actual de la secretaría de Inteligencia y las adecuaciones y modificaciones dispuestas por la Ley 27126, define la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional como "un cuerpo doctrinario tendiente a sentar las bases de un profundo proceso de reforma y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional".

Para darle forma a la Ley, que se califica de "trascendente", los considerandos recuerdan que las actividades de inteligencia "deberán realizarse conforme con la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos y demás normas que establezcan derechos y garantías".

En cuanto a la operación, se recuerda la sustitución de la secretaría de Inteligencia "por un organismo dotado de mayor transparencia y controles; se prevé un nuevo mecanismo para la designación de sus autoridades; se transfiere la Dirección de Observaciones Judiciales y sus delegaciones al ámbito de la Procuración General de la Nación del ministerio Público; entre otros cambios significativos".

En este sentido, se manifiesta que las autoridades respectivas de la Presidencia y la Procuración "han adoptado las medidas correspondientes y acordado los términos del proceso aplicable a la aludida transferencia".

También se detalla cuáles serán las autoridades de la AFI y establece que el nuevo organismo "deberá quedar constituida en el plazo de ciento venite (120) días a contar desde la entrada en vigencia de la Ley N 27126".

Además, se impone a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional que garanticen "la mayor transparencia posible en la administración de los fondos de carácter reservado", a cuyo fin se "aprueba el Régimen de Administración de Fondos de la AFI".

Por otra parte, se constituye una Comisión para la creación del Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia, que "centralizará" las bases de datos de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional.

El Decreto apunta también a reestructurar y reubicar al actual personal de Inteligencia que "mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación de nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en la Ley citada".