Alberto Fernández, más cerca del juicio oral por violencia contra Fabiola Yáñez

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez. La decisión fue tomada este martes y dejó al expresidente en condiciones de ser juzgado en un juicio oral.

Con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah —y la disidencia de Roberto Boico—, la sala II del Tribunal de Apelaciones también ratificó el embargo de $10 millones sobre los bienes del exmandatario. La defensa había pedido nulidades que fueron rechazadas.

El procesamiento incluye los delitos de “lesiones leves y graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas”. La resolución judicial tuvo 82 carillas y dio por probado el contexto de hostigamiento.

Un fallo que marca un precedente

“Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras”, sostuvo Irurzun. También remarcó que los hechos ocurrieron en la Quinta de Olivos, “fuertemente custodiada por funcionarios bajo el mando de Fernández”.

Según el fallo, Yañez estuvo aislada dentro del complejo presidencial. “Forzada por la naturaleza de su relación, tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes”, explicó el camarista, que también valoró los testimonios de familiares de la víctima.

La víctima, en situación de subordinación

La sentencia remarcó que la ex primera dama se encontraba “en una situación notoriamente desigual de poder” tanto dentro como fuera de la relación. El juez sostuvo que sus acciones buscaban ayuda frente a un escenario que “había pasado, estaba pasando y seguiría pasando”.

Además, la resolución valoró el hecho de que Yañez recurriera a su entorno más cercano para poder salir de ese aislamiento, y que las primeras alertas surgieron a partir de charlas familiares, lo cual fue clave para reconstruir lo sucedido entre 2020 y 2021.

Qué sigue en la causa

El fallo de Cámara confirmó lo que había dictado el juez federal Julián Ercolini, con intervención del fiscal Ramiro González. Ahora la causa está en condiciones de pasar a juicio oral, aunque no hay fecha prevista para el debate.

En disidencia, el juez Boico consideró que correspondía dictar la falta de mérito y pidió una profundización de la investigación, al considerar que la prueba recolectada hasta el momento no era suficiente.