Comisión sobre fiscales: el Senado busca una salida

En la tensa sesión del jueves 25, el Senado santafesino votó una resolución para crear una comisión de investigación, seguimiento y evaluación del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, que produjo el inmediato rechazo de los fiscales y de los magistrados del sur provincial.

La ola de críticas se extendió a Diputados, donde Pablo Farías (PS) puso en duda la constitucionalidad de lo resuelto por el Senado.

En ese contexto, sin medias tintas, dos senadores del radicalismo mostraron su predisposición a dar marcha atrás o como mínimo dejar en suspenso la decisión de integrar la comisión (que dispone de 6 integrantes).

El jefe del interbloque radical Felipe Michlig ha hecho declaraciones públicas a favor de llevar a cabo una reunión con el fiscal general Jorge Baclini, y que se expongan allí los objetivos de la Comisión, a fin de aclarar lo que se pretende con esa instancia de evaluación y seguimiento y expresó que no habrá designaciones para que funcione. Su correligionario Lisandro Enrico dijo que lo ocurrido "fue un error nuestro, de los senadores" y lamentó que no se haya tomado la decisión de estudiar "el texto de la resolución en comisiones".

La reacción del radicalismo es clave porque cuenta con siete integrantes, divididos en cinco de la UCR y dos de la UCR-US.

Sin el mismo apuro

En el peronismo existen dos posiciones marcadamente opuestas. Por una parte, el bloque Juan Domingo Perón que preside el senador Armando Traferri (San Lorenzo) e integran los legisladores del Nuevo Espacio Santafesino (NES) ha votado a favor del proyecto que presentó uno de sus integrantes, el presidente provisional de la Cámara, Rubén Pirola (Las Colonias).

Entre los 6 justicialistas no hay dudas de que se debe brindar a los ciudadanos una ventanilla donde recibir las quejas por las actuaciones de los fiscales, por su acción o inacción. Mencionan el caso del bioquímico que sufrió quince días de cárcel en el caso Oldani y luego debió ser liberado porque no había ninguna prueba en su contra. Preguntan qué actuaciones hubo al respecto dentro del MPA. Expresan que para eso quieren la comisión, y mencionan otros casos tanto o más graves y polémicos.

Con estricta reserva de sus nombres, los senadores del NES parecen dispuestos a mantener reuniones, a revisar lo que sea necesario del texto de la resolución pero para nada a dar marcha atrás.

La comisión es comparada con la que existe en Diputados y se creó apenas unas horas después de que fueran presos dos fiscales por recibir coimas del juego clandestino, Gustavo Ponce Asahad y el entonces número dos del MPA, Patricio Serjal, a fines de 2020, con un texto que no apunta directamente a los fiscales pero los involucra. Abundan las preguntas respecto de por qué los fiscales no han investigado la situación del juego clandestino en Rafaela.

Este jueves 4 de marzo, el Senado no sesionará. Habrá que ver si se lleva a cabo o no la reunión pedido por la UCR con Baclini.

Los que no avalaron

Como se ha dicho, la resolución para crear la Comisión fue debatida en el Senado sobre tablas y allí los dos bloque peronistas más numerosos tomaron decisiones opuestas.

Así como el NES lo impulsó y acordó con la UCR su aprobación, la bancada Lealtad (cercana a la Casa Gris) se manifestó por el rechazo.

Alcides Calvo (Castellanos), Marcelo Lewandowski (Rosario), Marcos Castelló (La Capital) y Ricardo Kaufmann (Garay) votaron en contra.

El último, dijo que el asunto no podía ser tratado en sesiones extraordinarias y que –por involucrar a otro poder- merecía la habilitación del Ejecutivo para avanzar en ese aspecto antes del 1ro de mayo. Asimiló la resolución, por su peso institucional, a las condiciones que exige la Constitución para una ley fuera del período ordinario de sesiones (porque se trataba una cuestión ajena al Senado).

Acaso si ese punto de vista, que se conoció en el recinto, se hubiera expresado antes de la sesión, en la también muy caliente reunión de jefes de bloques -donde hubo gritos y algo más- acaso se hubiera podido acordar un pase a comisiones.

De los 19 senadores, uno estuvo ausente con avisto: Hugo Rasetto (UCR-US). Y por otra parte, en un tercer bloque del peronismo, no logró conectarse la senadora justicialista Cristina Berra y sí pudo hacerlo (aunque con dificultades) su par de bancada, Eduardo Rosconi. El representante por Caseros aclaró en un comunicado que votó "por rechazar" la cuestión.

Acusación se niega a responder

El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, dijo que los fiscales a sus órdenes no van a responder a las eventuales requisitorias que prevengan de una comisión de seguimiento, investigación y evaluación, creada en el ámbito del Senado santafesino sobre el MPA.

Primero sostuvo que la comisión "afecta la independencia de actuación del Poder Judicial y del MP en particular" en su "autonomía de actuación", que su creación importa un hecho de "gravedad institucional inusitada" y sin embargo, luego, afirmó que "no tenemos ninguna objeción a que se cree cualquier comisión de evaluación y seguimiento del MPA siempre y cuando se haga con personas que tenga pleno conocimiento de que es el punto (a evaluar). O por lo menos que existan asesores que se basen en estos puntos… Básicamente, queremos remarcar que ha existido en esta creación afectación de normas constitucionales", opinó.

Dijo que la resolución que crea la comisión "fue dictada en forma intempestiva". (En rigor, se votó sobre tablas, lo que es legal).

"La creación de una comisión está autorizada por el artículo 46 de la Constitución Provincial y de hecho hay muchas comisiones que funcionan, pero en este caso la comisión en sus atribuciones establecidas en el artículo 6 se excede totalmente: toma injerencia en facultades propias de la persecución penal, de la Auditoría de Gestión (del MPA)y de la Comisión de Acuerdos (de la Asamblea Legislativa) en lo que es la potestad disciplinaria sobre el Ministerio Público de la Acusación y sobre la cual nosotros también tenemos una consideración de su inconstitucionalidad, y de hecho hoy se está discutiendo la constitucionalidad de esa norma que más allá de lo que decida la Corte Suprema de Justicia la Provincia, ya hubo un planteo que ya ha sido considerado inconstitucional por algunos jueces y por una Cámara laboral, es decir que tiene trascendencia".

"Lo peor de todo es que el Senado en las atribuciones que figuran la comisión termina tomando específicamente funciones que son propias e ilegales por que pertenecen a otro órgano (el MPA)". En consecuencia, los fiscales "deben abstenerse de responder" ante cualquier requisitoria de esa comisión.

Dijo que los fundamentos son "falaces, erróneos y contradictorios". Aseguró que hay "una autocrítica" pero "nosotros no escondimos nada", que los fiscales investigados y presos lo fueron por otros fiscales.

Destacó que el bloque de la UCR no va a confomar la comisión hasta tanto esto se corrija y "tenga una reunión conmigo", expresó.

"No nos sirve solamente que se diga que no se va a conformar", expresó al tiempo que reclamó la derogación lisa y llana.

"Una doble presión al juez"

Para el fiscal general Jorge Baclini es "inconstitucional" y "afecta la división de poderes" la comunicación del Senado al juez Carlos Rubén Leiva al que la Cámara le "hace saber que no puede avanzar en investigar al senador Traferri". "Es sumamente crítico que el cuerpo se ponga en la defensa de uno de sus miembros", dijo. Y aseguró que ese es un tema que deben resolver las partes del juicio.

Entendió que la "presión" es "doble" para el juez porque es una decisión del Senado "con la firma de la vicegobernadora que es parte del Poder Ejecutivo" pese a lo argumentado por Alejandra Rodenas en el sentido de lo suyo es meramente administrativo.

Baclini dijo que es "algo que jamás imaginé que podríamos ver en Santa Fe".