Discapacidad: Nación rectifica el lenguaje, pero ratifica auditorías

A cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Discapacidad derogó la Resolución 187/2025, que había sido ampliamente repudiada por incorporar una clasificación de discapacidades mentales con términos ofensivos como “idiota”, “imbécil” y “retardado”. Fue oficializado en la Resolución 1172/2025, aunque con una importante aclaración: las auditorías de pensiones por invalidez laboral seguirán adelante sin cambios.

"Esta decisión no modifica ni afecta en nada el proceso de auditorías de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que llevamos adelante en todo el país”, indicó Andis en el comunicado. La aclaración busca despejar confusiones generadas tras la publicación de la norma, que había sido interpretada por algunos sectores como una señal de retroceso en el proceso de fiscalización.

La Resolución 187, firmada por el director de Andis, Diego Spagnuolo, generó un fuerte rechazo por parte de las familias y los colectivos de personas con discapacidad, instituciones académicas y legisladores de distintos bloques.

En su anexo, la normativa incorporaba un baremo con términos considerados obsoletos y discriminatorios como “idiota”, “imbécil”, “retardado” y "débil mental", incompatibles con el modelo de la discapacidad que consagra la Convención de la ONU, ratificada por Argentina.

Argumentos oficiales para la derogación

El nuevo documento firmado por Spagnuolo admite que la resolución había despertado “diversas observaciones y oportunidades de mejora”, en especial por no adecuarse a normativas internacionales. En los considerandos, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas recomendó su revisión y propuso una nueva redacción con criterios actualizados.

“El baremo y los términos del anexo de la Resolución 187/2025 derogada no fueron utilizados en ningún formulario, documentación o base de datos, ni en procesos de auditoría”, aclaró Andis. Sin embargo, admitió que está en marcha la redacción de una nueva norma, esta vez con “la activa participación de organizaciones de la sociedad civil”.

La decisión de anular el texto se produce después de meses de presión pública. Las críticas apuntaban no solo a la terminología, sino a la concepción general del documento, que partía de un paradigma médico y excluía un enfoque integral de derechos.

Repercusiones de la decisión

Desde la Dirección Provincial de Inclusión a Personas con Discapacidad, que depende del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, manifestaron: “Apoyamos la decisión de dejar sin efecto una resolución que estaba alejada del modelo social de la discapacidad”, indicaron en diálogo con El Litoral.

Sin embargo, aclararon que tal como fue indicado por ANDIS “la decisión no modifica los procedimientos de auditorías ya iniciados”. Es decir, alertaron que los controles seguirán su curso.

Desde diversas organizaciones, la lectura fue que la marcha atrás de Nación es solo parcial, ya que el eje del problema son los controles a pensiones. “Lo que se derogó fue una resolución que utilizaba una terminología aberrante. Pero las auditorías siguen plenamente vigentes”, explicaron.

Incluso, la problemática había llegado al Senado provincial, especialmente por las distancias que las personas notificadas debían recorrer para cumplir con las citaciones, lo que podía incurrir en la suspensión del beneficio si no se presentaban en tiempo y forma.

También se reportaron casos de domicilios incorrectos o cartas que llegaban fuera de tiempo, abonando la crítica sobre la forma en que se podría justificar luego la suspensión de beneficios por “falta de presentación”.

“Nadie está en contra del control. Pero esto no puede convertirse en una trampa burocrática para recortar derechos”, indicó en una entrevista a este medio Mariela Peña, la abogada y titular de la asociación civil Incluime Santa Fe.

Discutido modelo de evaluación

Para las organizaciones el modelo de evaluación también es parte de la discusión, ya que insisten en que parte de una mirada médico-hegemónica, que mide la discapacidad en porcentajes "tarifando" disfuncionalidades del cuerpo o mentales, dejando fuera de análisis las barreras sociales que profundizan la discapacidad.

“La discapacidad no es un diagnóstico, es la interacción con un entorno que no incluye. Esa mirada está ausente en el sistema de auditorías actual ¿Qué diferencia hay entre alguien con 76% que cobra la pensión y otro con 75% que no? ¿La vida de esa persona vale menos por un punto de diferencia?”, cuestionó la especialista en derecho y discapacidad.

Los colectivos de defensa de derechos remarcan, estas lógicas ya fueron superadas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que Argentina es parte desde 2008. Esa normativa exige que las políticas públicas sean pensadas desde un enfoque de derechos y no desde la patologización.

El Congreso avanza en una ley

En paralelo a este escenario, la Cámara de Diputados de la Nación tiene en carpeta una serie de proyectos para declarar la emergencia en materia de discapacidad. Las iniciativas ya obtuvieron dictamen en comisiones y podrían ser tratadas en el recinto en las próximas semanas.

Los textos buscan actualizar los valores de las prestaciones, ordenar el sistema de pensiones y garantizar que los controles no vulneren derechos. La iniciativa principal, impulsada por el diputado Daniel Arroyo (UxP), fue respaldada por diversos bloques con matices y diferencias sobre su alcance y duración.

El dictamen mayoritario propone declarar la emergencia hasta diciembre de 2027 y establece criterios claros para las auditorías y la actualización de nomencladores. También busca eliminar superposiciones y distorsiones en el sistema, pero sin apelar a recortes o exclusiones.

Desde ANDIS salieron a rechazar los proyectos al considerar que se trata de una medida “asistencialista y sin respaldo presupuestario”. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil insisten en que se trata de una medida de justicia y urgencia frente a una situación crítica.