El fiscal preso por coimas se defiende ante la Legislatura

Gustavo Ponce Asahad, detenido con dinero del juego ilegal, ingresó a través de sus abogados su descargo ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

Se supone que la semana próxima habrá un dictamen que recomendará su destitución, mientras avanza el juicio en su contra en tribunales. Al mismo tiempo, en Acuerdos sigue la indefinición entre los legisladores sobre su par de Venado Tuerto, Mauro Blanco, sobre quien pesan sospechas de la justicia federal, en un juicio con escuchas que muestran una extrema confianza del fiscal con un narcotraficante de esa ciudad. En el caso de Blanco hay aún un fuerte debate entre los legisladores y frente a una próxima definición por ahora toman forma distintas posiciones: ninguna de ellas para exculparlo por completo.

La comisión integrada por ocho diputados y cuatro senadores sesionó de manera virtual y recibió la defensa de Ponce Asahad que, a diferencia de su jefe el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, no renunció a su cargo en el Ministerio Público de la Acusación.

Acuerdos cumplió ayer miércoles con un paso necesario para dar el próximo: recomendar la destitución del fiscal Ponce Asahad a una Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras, en la que se requiere el quórum de sendos cuerpos de la Legislatura y el voto mayoritario del total 69 legisladores (50 diputados y 19 senadores) para tomar cualquier decisión.

Todo indica que ese será dictamen, tras el pedido del miembro acusador de la Legislatura, el diputado radical Fabián Bastía y el ejercicio de la defensa, que se ha cumplido ahora.

Veloz

Ponce Asahad no estaba entre los fiscales cuya labor se revisa en la Legislatura desde que comenzó este año, hasta que estalló el escándalo de las coimas y, en el mismo día en que renunció el fiscal regional Serjal, el más importante de la ciudad del sur, Acuerdos emitió un dictamen por unanimidad para suspender por 90 días a Ponce Asahad, quien unas horas antes quedó detenido. Eso ocurrió el 5 de agosto y desde las 14 horas del viernes 7, Ponce Asahad quedó suspendido por la Legislatura.

Por otra parte, Acuerdos volvió a postergar la firma de un dictamen sobre el fiscal Mauro Blanco, de Venado Tuerto. Ya se cumplieron los pasos previstos, tanto para su defensa, como en la actuación del miembro acusador, el senador justicialista Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio).

La bicameral deberá resolver el miércoles de la semana próxima, ya que el 21 fenecen los plazos previstos y se requiere además de un dictamen, de una sesión especial conjunta para avanzar.

Una fuente bien informada confirmó a El Litoral que existen posiciones diferentes dentro del cuerpo que cuenta con 12 legisladores, la mayoría de la oposición, que domina Diputados.

En su caso, se revisan exclusivamente las acusaciones que pesan sobre el fiscal y que la Auditoría del MPA elevara a la Legislatura. Unos son partidarios de su remoción, pero otros legisladores creen que basta con una suspensión. Todavía no han votado y en ese contexto no faltan quienes, desde afuera, apuestan por lo que a simple vista luce como el justo medio. Aunque en rigor no lo sea. En Acuerdos se juega a cara o cruz, pero a último momento siempre se busca consensuar.

Fallo

Cabe recordar que sobre la Ley 13.807 con que la Legislatura puede evaluar a todos los fiscales de manera directa (antes solo podía hacerlo con el fiscal general y los fiscales regionales), pesa un fallo de inconstitucionalidad por parte de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral de Rosario.

Debe recordarse que esa resolución sólo es válida para el fiscal Adrián Spelta, jefe de Homicidios de Rosario, cuestionado por haber acordado una prisión domiciliaria a un narco acusado de tentativa de homicidio en triple grado, célebre por haberle disparado al domicilio del entonces gobernador Antonio Bonfatti.