El gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO para el 2025

Altos funcionarios del Gobierno compartieron con los principales referentes de los bloques dialoguistas el contenido de su reforma política y electoral, que incluye la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única.

La comitiva del Poder Ejecutivo confirmó lo que era un secreto a voces: no existe ninguna base de consenso real para suprimir las PASO, aunque algunos sectores, como el PRO, aceptarían una reforma para que las primarias abiertas y simultáneas dejen de ser obligatorias.

En cuanto a la boleta única de papel, los bloques de la oposición amigable le hicieron saber al Gobierno que la pelota está ahora en el Senado, que debe tratar la media sanción aprobada en 2022 en la Cámara de Diputados.

Por último, el Gobierno planteó su intención de impulsar como parte de su agencia de transparencia de las instituciones democráticas un proyecto de ficha limpia, de modo tal que las personas condenadas en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos y estén inhabilitadas de por vida.

Por el Poder Ejecutivo participaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal, y el asesor Eduardo "Lule" Menem.

En tanto, se estuvieron presentes el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y los jefes de bloque Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Pamela Calleti (Innovación Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

También estuvieron reunidos Silvana Giudici (PRO), Soledad Carrizo (UCR), Margarita Stolbizer (HCF), Agustín Fernández (Independencia), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Osvaldo Llancafilo (MPN), Oscar Zago (MID), Maximiliano Ferraro (CC) y Paula Omodeo (CREO).

Antes de la reunión en el Congreso, De Loredo, Ritondo y Pichetto fueron a la Jefatura de Gabinete a reunirse con Guillermo Francos por temas electorales pero también exigiendo una rápida reglamentación de capítulos de la ley Bases.

Los delegados del Presidente prometieron apurar la reglamentación de capítulos sensibles de la Ley Bases y el paquete fiscal y el PRO volvió a reclamar por la coparticipación que la Nación le adeuda a la Ciudad, tras el fallo de la Corte, señala el diario Clarin.

Francos informó a los jefes de los bloques denominados "dialoguistas" que, luego de que se reglamentara el blanqueo y la moratoria ya está lista para salir la reglamentación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y de Ganancias, que impactará en casi un millón de contribuyentes, dos de los aspectos más sensibles de la mega ley.

Sin acuerdo

Fracasaron las negociaciones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y el Gobierno definirá el ajuste mediante laudo como en la última oportunidad.

El cónclave entre gremios, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales se llevó, primero en comisión, y luego en la sesión plenaria ordinaria del Consejo del Salario, pero no encontraron un punto de acuerdo entre lo ofrecido por las cámaras y lo demandado por los gremios.

Según fuentes de las centrales sindicales, las tres centrales (CTA-A, CGT y CTA-T) unificaron posturas y solicitaron ajustes salariales partiendo en $482 mil de SMVM a julio y $505 mil a agosto, lo que significa aumentos de 106% y 116% respectivamente, mientras las cámaras empresarias ofrecieron $245 mil a julio, $253 mil agosto, $259 mil septiembre y $264 mil a octubre. Ante las significativas distancias se pasó a un cuarto intermedio.

Tras el parate, no hubo mejorías ni acercamientos de las partes por lo que el Consejo fracasó y ahora el Gobierno vuelve a quedar con la responsabilidad de definir los nuevos mínimos salariales.