El Senado de Santa Fe estudia cambios para los juicios por jurados

La edad de los integrantes de los tribunales para establecer el juicio por jurados, y otras modificaciones de fondo, están en estudio en la Cámara de Senadores de Santa Fe que tiene en su poder una media sanción de Diputados. El expediente recibió una pronta aprobación de la Cámara baja el pasado 8 de febrero y este jueves 22 del mismo mes un pedido de tratamiento preferencial para la próxima sesión de los representantes de los 19 departamentos.

Se trata de una ley pedida por el gobernador Maximiliano Pullaro, que su gestión considera clave para acercar la sociedad al servicio de justicia. Si todo sale como se espera, el próximo 29 del corriente el Senado recibirá al ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, al secretario de Justicia Santiago Mascheroni y otros funcionarios vinculados a la reforma impulsada por la Casa Gris. En principio, la reunión se haría a las 11 horas aunque todavía este punto está pendiente de confirmación.

Además, los bloques del oficialismo y la oposición acordaron también convocar a representantes de jueces, de fiscales y dirigentes gremiales para hablar sobre la instauración de esos procesos penales con participación de los ciudadanos en cortes o tribunales, tan divulgados por el cine y la literatura, pero que ya existen desde hace años en otras provincias argentinas. Se discuten dos modelos: el de Córdoba y el de Buenos Aires respecto de cómo establecer qué delitos o qué posibles penas serán llevadas a este tipo de procesos, en los que el tribunal popular es aconsejado siempre por un juez y brinda las garantías constitucionales al derecho de defensa para los acusados.

En tal sentido, si se toma el criterio cordobés de dividir por la tipificación del delito los casos en se pronuncien los ciudadanos convocados por carga pública puede ser un problema extra el alto número de muertos de manera violenta que sufre la provincia y en especial sus dos grandes ciudades: Rosario y Santa Fe, en ese orden. Se teme que sean demasiados procesos de este tipo. Otra manera de preverlo es, como en el caso bonaerense, por la pena pedida para el acusado.

Sobre la palabra "edad"

Una búsqueda global sobre el texto de la Constitución de Santa Fe permite verificar que unas pocas veces se usa la palabra "edad" para fijar límites a los ciudadanos. Primero, refiere a los 18 para establecer el derecho y la obligación del voto (que una intervención del Tribunal Electoral en 2023 ha bajado a 16 de manera optativa); luego, a los 22 para los requisitos a reunir por los diputados provinciales y a los 30 para los senadores provinciales. Este último número rige también para poder ser gobernador.

En cuanto a la Justicia, el límite etario para ser juez es de 25 años como mínimo y 30 para ser miembro de la Corte Suprema, vocal o fiscal de cámara, según el artículo 85. Ese criterio fijado por los constituyentes santafesinos de 1962, y acaso otras lecturas de la realidad reciente, llevan a los senadores de la oposición y del oficialismo a pensar en aprobar con modificaciones el proyecto de ley.

Quien busque solo los artículos que incluyan el término "edad" verá que así como hay límites mínimos también los hay máximos en la Constitución de Santa Fe. Para los jueces ya están completamente desactualizados por el avance de la medicina y la extensión de la vida saludable. El límite de 65 años (artículo 88), que desde hace décadas no se cumple, ha quedado fuera de la práctica y de la realidad.

Preferencia

En cuanto comenzó la sesión del Senado, el presiente del bloque del radicalismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) pidió la aprobación de una preferencia para el expediente iniciado y habilitado por el gobernador durante las sesiones extraordinarias. También explicó que para procurar la unanimidad en la aprobación, ya se ha planteado dialogar con magistrados, miembros de asociaciones de fiscales y con el gremio de los judiciales, tanto por este proyecto de juicio por jurados como por otras reformas que ingresaron a la Legislatura para la ley orgánica de ese Poder y otros cambios al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.

Luego, el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) agregó que de acuerdo con las conversaciones que se mantuvieron con el justicialismo en minoría se piensa en la posibilidad de "cambios" al texto con media sanción de los diputados. Y en convocar al ministro y el secretario del área, entre otros funcionarios.

Santurce

En el momento de las manifestaciones, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) lamentó la muerte de Rubén Nievas, quien fuera presidente comunal de Santurce. Dijo que al dirigente radical, que logró construir una red de distribución de agua potable en esa pequeña localidad "lo recordamos como una persona que dejó una huella imborrable". En su memoria, el Cuerpo realizó un minuto de silencio.

Gabinetes

El Senado aprobó y giró a Diputados dos mensajes del Poder Ejecutivo Provincial que crea, en un caso, el Gabinete Social y en otro, el Gabinete Productivo de la Provincia de Santa Fe .

Por otra parte, se aprobó una preferencia para dentro de dos sesiones para el proyecto de ley que busca renovar por 10 años de la vigencia del Fondo de Electrificación Rural, creado por el Senado. Su impulsor, Felipe Michlig dijo que se trata de "una herramienta que ha cumplido con sus objetivos" que se espera sea "más efectiva".

Dos años más sin desalojos de predios rurales

Por unanimidad, en ambas Cámaras fue aprobada la norma que impide los desalojos en predios rurales, en los términos que fija la Ley 13.666 que es periódicamente renovada por la Legislatura santafesina.

El tema fue habilitado dentro de las sesiones extraordinarias y, aunque había sido pedido por senadores del justicialismo, el Ejecutivo eligió iniciarlo por la Cámara de Diputados. En cualquier caso no hubo ninguna oposición ni dificultad para un veloz tratamiento sobre tablas en sendos cuerpos legislativos, este jueves 22 de febrero.

Esta vez, la renovación es por dos años para declarar la emergencia y suspensión de desalojos en esos predios y suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de tierras.