Magistrados rechazaron comunicado de sus pares y piden "una justicia independiente"

Un grupo de jueces, fiscales, defensores públicos, académicos y funcionarios del sector firmó una solicitada en la que pidió una justicia legítima" e "independiente de los intereses económicos", al rechazar el comunicado que la semana pasada emitió la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial.

En el artículo, publicado hoy en los matutinos oficialistas, se advierte que "la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano" y se destaca que los magistrados "también" deben ser autónomos "de los intereses económicos de las grandes empresas" y "de los medios de comunicación concentrados".

Firman, entre 200 magistrados y académicos, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, la defensora general Stella Maris Martínez, el juez federal Eduardo Freiler y el constitucionalista Eduardo Barcesat, en medio de los cuestionamientos de sus pares por lo que consideran un avance del Gobierno sobre la Justicia en el marco de la aplicación de la Ley de Medios.

En ese sentido, rechazaron un comunicado que la semana pasada emitió la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, que exhortó al Gobierno de Cristina Fernández a "respetar la Constitución" y evitar "el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces".

"Muchos de los firmantes de este documento integramos algunas de las organizaciones mencionadas, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado", dicen hoy sus pares en la solicitada titulada "Una Justicia legítima".

"Sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado", indican.

Asimismo, se remarca que "los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e, incluso, deben ser independientes de las organizaciones que nos representan". "Nos mueve el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento", se añade.

Según los magistrados, "los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública -como la del resto de los funcionarios públicos- debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía. El debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales". "La recusación de magistrados es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales. Es una herramienta que, además de constituir un derecho de los justiciables, contribuye al fortalecimiento de la transparencia del desempeño profesional de la magistratura", se señala. (DyN)