Una cosa es evitar que un jubilado tenga que tirarse al piso por el producto más barato, como graficó Elisa Carrió. Otra es ordenar porciones de marcas y corporaciones en un país donde la libertad de comercio es constitucional y la regulación populista un dispositivo retorcido, diseñado para defraudar sus propósitos.
Hay 2 mil puestos menos de trabajo en la industria de la alimentación de grandes empresas. Molinos, Arcor, SanCor... por distintos motivos están en rojo y el Legislativo busca ponerles limitaciones en sus canales de venta. Inútil. No habrá tal cosa como un ejército de inspectores midiendo con un centímetro las porciones de estante asignadas según marca y procedencia, en todo el país.

































