Piden la presencia de la titular de Iapos en la Cámara de Diputados

Mario Cáffaro | mcaffaro@ellitoral.com

La bancada de Diputados del Frente Justicialista para la Victoria ingresará el lunes -tras el receso parlamentario- el proyecto requiriendo la urgente presencia de la directora de Iapos, Soledad Rodríguez, para una reunión en la presidencia de la Cámara para considerar “la situación financiera y presupuestaria actual de la obra social”.

La iniciativa es motorizada por la bancada que preside Héctor Cavallero e integran Patricia Chialvo, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini y Germán Bacarella y que vienen recibiendo a entidades prestaciones y a entidades gremiales advirtiendo sobre varios temas, entre ellos los efectos de la disposición 27 del corriente año que podría afectar prestaciones en el interior. Sobre este tema, la propia Rodríguez insiste en que no habrá cambios en las prestaciones ni afectación a los afiliados.

Cuatro son los puntos centrales del pedido para la presencia de Rodríguez en la Cámara: situación financiera y presupuestaria actual, la evolución de recursos y gastos de los últimos cuatro ejercicios y la proyección a diciembre del corriente ejercicio; razones por las cuales los incrementos en los valores establecidos por la obra social para el 2018 de las órdenes de consulta, bonos asistenciales, órdenes de internación y servicio complementario son superiores en términos porcentuales a la política de recomposición salarial; y las razones del incremento de cantidad de bonos asistenciales para las prestaciones médico asistenciales respecto de la grilla arancelaria de 2017; motivos por los que el organismo debió solicitar adelantos financieros al Tesoro. También las causas por las que los prestadores de la obra social han modificado el otorgamiento de turnos con plazos excesivos y por último los efectos que se generaran por aplicación de las cláusulas quinta y octava de la disposición 027/18 “que afectan el acceso a las prestaciones de consultas médicas, medios de diagnósticos de alta complejidad y continuación del seguimiento de tratamientos médicos ya iniciados imposibilitando el libre tránsito de los afiliados y obstaculizando y cercenando el derecho de elegir el profesional con quien tratarse”.

Según dijo Chialvo a El Litoral, la disposición 27 “afecta de manera directa y abusiva el acceso a las prestaciones de consultas médicas, medios de diagnósticos de alta complejidad y continuación del seguimiento de tratamientos médicos ya iniciados y/o por iniciarse dentro del territorio de la provincia, obstaculizando el libre tránsito de los afiliados, y cercenando el derecho de elegir el profesional con quien tratarse”.

Pedido de dar marcha atrás

Por otra parte, la bancada ingresó un proyecto pidiendo que Iapos deje sin efecto la cláusula quinta de la disposición 27 porque “afecta el acceso a las prestaciones de consultas médicas, medios de diagnósticos modernos y continuación del seguimiento de tratamientos médicos ya iniciados”.

El mismo proyecto pide revisar los cupos impuestos sobre la cantidad de prestaciones expresado en la cláusula octava de dicha disposición, afectando el acceso a las prestaciones de consulta, estudios y tratamiento médico de los afiliados de la obra social, en forma inminente, directa e ilegítima y por último eliminar el vencimiento de las órdenes de consulta médica, órdenes de internación y bonos asistenciales.

En los fundamentos se cuestiona los alcances de la disposición a la que califican de afectar “de manera directa y abusiva el acceso a las prestaciones”.

La cláusula quinta señala que “a partir del 1 de agosto de 2018, las prestaciones de afiliados del interior, en cuyos departamentos exista convenio bajo la modalidad de cartera que incluya la cobertura de la prestación requerida; deberán contar con la correspondiente validación y/o autorización que fundamente la misma, a los fines de proceder al recupero de tales prestaciones. En consecuencia, los prestadores no podrán recibir pacientes del interior que no cuenten con la derivación y/o autorización del convenio de origen, con excepción de los que requieran atención de urgencia, la que deberá ser brindada, con posterior análisis de la obra social en referencia a la correspondencia o no del convenio de origen”.

Para los diputados justicialistas “las prestaciones de la obra social no deben ser discriminatorias y los afiliados deben poder tener la libertad de elegir el profesional que más confianza le brinde sin restricciones autoritarias garantizándole la accesibilidad y el libre tránsito en la provincia. La restricción impuesta por el permiso que deberá solicitarse a partir de agosto, no hace otra cosa que perjudicar a quienes desde el interior quieren aprovechar los servicios de salud con que cuentan los grandes centros urbanos como Santa Fe o Rosario”.