La justicia federal ordenó medidas tras la denuncia de Provincias Unidas a Fuerza Patria por fondos de campaña

La alianza electoral Provincias Unidas presentó una denuncia formal contra referentes de Fuerza Patria y directivos de la Asociación Civil 29 de Abril. Se los acusa de utilizar fondos de la ONG para financiar publicidad política durante la campaña. El caso ya está en manos de la Justicia Federal y el Registro de Personas Jurídicas abrió un sumario para revisar balances, movimientos contables y documentación interna.

Los apoderados de PU, Leonardo Stangaferro, Florencia Giupponi y Juan Callegari, sostienen que la Asociación Civil 29 de Abril —cuyo objeto social es el acompañamiento ante situaciones de catástrofes y emergencias— habría destinado fondos para financiar publicidad digital vinculada a la campaña legislativa.

Según la denuncia, se registró “un uso indebido, reiterado y planificado” de recursos institucionales con fines electorales. Los nombres señalados son Caren Tepp (diputada nacional electa y cabeza de lista de FP), Oscar “Cachi” Martínez (cuarto en la boleta), y los miembros de la conducción de la entidad: Miriam Haydee Rebel (presidenta), Osvaldo Juan Barbieri (secretario) y Pedro Medei (tesorero y actual concejal peronista en Santa Fe).

El documento presentado adjunta reportes de gasto por más de $21.885.000 destinados —afirman— a publicidad digital segmentada para promover la candidatura de Tepp y Martínez. Ese número aparece acompañado de registros de transferencias bancarias y presupuestos de pauta dirigidos a agencias de comunicación.

La respuesta institucional: sumario y medidas judiciales

La denuncia activó dos vías paralelas. Por un lado, el Registro Provincial de Personas Jurídicas abrió un sumario administrativo y notificó a la Asociación Civil 29 de Abril. Se otorgó un plazo de diez días hábiles para presentar balances, libros de actas, inventarios y un detalle exhaustivo de gastos en publicidad entre 2022 y 2025.

De forma simultánea, la causa ingresó en el Juzgado Federal con competencia electoral en Santa Fe, que ordenó un paquete de medidas probatorias para evaluar el alcance de los hechos. Entre ellas:

Incorporación del informe previo de campaña de Fuerza Patria

Informe financiero y societario de la Asociación Civil 29 de Abril

Requerimiento del estatuto, modificaciones y balances

Comprobación del domicilio de la ONG a través de la Policía Federal

Esta última medida busca verificar si la sede de calle Centenera 4095 funciona efectivamente como base operativa de la entidad o si se trata de una estructura formal sin actividad cotidiana.

La denuncia se produjo en un contexto de disputa pública entre las fuerzas involucradas. Mientras Provincias Unidas sostiene que se trata de una defensa de la transparencia institucional, desde el entorno de Fuerza Patria señalan que la presentación tiene motivaciones políticas.

La investigación, sin embargo, recién está en su primera etapa. El sumario administrativo del Registro Provincial podría derivar en sanciones civiles o administrativas, mientras que la causa federal deberá determinar si existió delito penal.