Entidades del agro exponen sobre la inseguridad rural

Con la perspectiva de aprobar con media sanción un proyecto de ley que crea una "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales", en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, el Senado de la Legislatura de Santa Fe escuchará este miércoles 12 a representantes de las entidades del sector, afectadas por la llamada inseguridad rural.

La reunión está prevista para las 16.30, con agenda abierta para que participen todos los senadores interesados en oír la posición de los dirigentes ruralistas. Además, con la chance de que este jueves 13 sesione la Cámara y una preferencia para el proyecto, se busca que el tema llegue a Diputados con un fuerte impulso. Fueron convocadas la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Confederaciones Rurales Argentinas.

El proyecto de ley en cuestión pertenece al presidente del bloque de la minoría, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y del tema fue impuesta, María Cecilia Vranicich, la titular del MPA en su reciente exposición a las Cámaras sobre el último año de gestión en materia de persecución penal.

En las últimas dos semanas las malas noticias sobre el abigeato y el robo de granos ocuparon, con exposiciones de los senadores desde sus bancas, el momento de las manifestaciones. Y también el temario de las comunicaciones y pedidos de informes, tanto en la oposición como en el oficialismo.

En la última sesión del jueves 6 se aprobó un pedido de informes que solicita datos estadísticos del MPA sobre "la comisión de delitos de abigeato en el departamento Constitución", solicitado por el senador que lo representa, Germán Giacomino (UCR).

Del mismo modo, pero para el departamento Castellanos, su representante, Alcides Calvo (PJ) pidió más precisiones al gobierno provincial ante "los reiterados hechos de inseguridad y delitos sucedidos en zonas urbanas y rurales de distintas localidades".

El Senado ya votó en mayo de 2022 otra iniciativa similar, del mismo autor, pero fracasó su tratamiento en Diputados, donde existía en comisiones otro proyecto con idénticas aspiraciones del ex diputado Oscar Martínez (Renovador-100% Santafesino).

Como solía suceder en otros períodos legislativos (hoy no) sendos proyectos en ambas cámaras creaban un paralizante "empate", con un perdedor: el objetivo perseguido en esos expedientes "cruzados", según el término usado en el ámbito parlamentario provincial. Actualmente la mayoría oficialista en ambas cámaras y la concordia interna de los partidos que la integran permiten una agenda previsible.

En rigor, las aspiraciones de la Cámara alta para que una unidad del MPA tenga en la mira a los ladrones de ganado y granos existe desde hace más de cuatro años.

Detalles

La Unidad Fiscal Especial propuesta dependería del Fiscal General, con sedes en cada una de las cinco circunscripciones judiciales, y establecerá la cantidad de fiscales y fiscales adjuntos que las integrarán, previo asesoramiento de la Junta de Fiscales.

"Muchos delitos rurales se cometen a través de bandas organizadas, con inteligencia previa y manejo de recursos materiales, que vuelve más compleja y dificultosa la intervención de los organismos policiales y judiciales", sostiene Pirola en los considerandos.

Por lo tanto, "se requiere una mayor consideración de la cuestión en las actuales estructuras jurisdiccionales y una mayor especialización para su prevención, investigación y persecución".

Otra iniciativa

Además, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General el último filtro de todos los expedientes que logran ser aprobados con despacho en el orden del día (el trámite más extenso, opuesto a un sobre tablas) se encuentra otro proyecto de ley vinculado con el mismo problema: el robo de ganado.

Se trata de una serie de modificaciones, también propuestas por el líder de la bancada justicialista, para cambiar cinco artículos de la Ley 12256, que fue promulgada en enero de 2004, y creó el Programa de Coordinación y Seguridad Rural en la lucha contra el abigeato.

Obviamente, el encarecimiento de las carnes y la muchas veces escasa presencia policial en muy amplias áreas rurales han favorecido la multiplicación de casos. Por eso se plantea la búsqueda de soluciones que tengan en cuenta la cadena de comercialización ilegal de los cortes.