El proyecto impulsado por el senador por 9 de Julio, Joaquín Gramajo, define sus objetivos, obviamente deja en manos del Ministerio de Salud su autoridad de aplicación, promueve su organización “en función de unidades y equipos de atención del accidente cerebrovascular en el ámbito de los efectores de salud”, de acuerdo con las “estrategias de organización y gestión” que Salud disponga “según criterios de territorialidad, densidad poblacional, distancias y posibilidades de acceso y traslado a establecimientos sanitarios, que contemple tanto a instituciones del ámbito público como a empresas del privado.