Solicitan opinión del Ministerio de Economía por cajeros en casinos

Mario Cáffaro - mcaffaro@ellitoral.com

Los diputados radicales Santiago Mascheroni y Leonardo Simoniello elevaron una nota a la directora general de Asesoría Letrada del Ministerio de Economía a los efectos de conocer la postura asumida por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe acerca del proyecto de ley a discusión en la Legislatura cuya temática se centraliza en la restricción de cajeros automáticos expendedores de dinero en las cercanías de casinos, máquinas de azar automáticas y bingos.

Precisamente, los legisladores son autores del proyecto que obtuvo media sanción de la Cámara y que se encuentra a discusión en el Senado. En dicha Cámara, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Carlos Mercier (PJ-La Capital) solicitó la opinión de la Caja.

Los radicales, además, enviaron una nota a la Dirección Provincial de Auditoría y Control de Gestión de Lotería donde le piden la remisión del expediente iniciado en esa dependencia a la Asesoría Letrada de Economía.

“Llama la atención, a nuestro juicio, que el área correspondiente de la Caja de Asistencia Social, la que es a la vez autoridad de control y aplicación de la concesión de casinos y bingos en la provincia, haya avanzado en conceptos tales que parecen defender posiciones de su controlada excusándose en el tema que nos ocupa pero además adelantando posibles y/o futuras situaciones, así como la lesión de presuntos o eventuales intereses en el mercado de lo que, inclusive, podrían ser sus propias obligaciones” dice la nota presentada por los radicales.

La historia

En febrero de este año, Mascheroni y Simoniello presentaron un proyecto de ley prohibiendo la instalación de cajeros automáticos en un radio de 200 metros de salas de casinos, bingos y máquinas tragamonedas y designando a la Lotería como autoridad de aplicación. El fundamento es “desalentar el uso de cajeros por parte de las personas que acceden a las salas de juego” y para “no transformar el juego en una enfermedad”, citándose ejemplos de otras provincias.

Un primer dictamen, el 071, con fecha 23 de marzo, de 13 carillas, firmado por Raúl Borello en su carácter de coordinador técnico-legal de la Caja concluye que “la medida impulsada en el proyecto de ley, en tanto implica el ejercicio del poder de policía limitativo, puede ser excesiva a la luz de las exigencias de razonabilidad e imprescindibilidad que dicho ejercicio conlleva. Lo antedicho debe interpretarse en cuanto la provincia de Santa Fe no ha previsto la figura del casino o la sala de máquinas tragamonedas como establecimientos “aislados’, sino en el marco de un proyecto integral con otros emprendimientos”.

En otro dictamen, Borello opina sobre el segundo artículo que establece a la Lotería como autoridad de aplicación de la prohibición. Allí concluye que el órgano “como autoridad de aplicación del contrato de concesión y en lo referente a controlar la eventual prohibición de instalación de cajeros automáticos, sólo puede desplegar su poder de policía en el casino y bingo. En los restantes sitios, es decir la infraestructura hotelera, turística y sala de convenciones, y -por supuesto- en el radio de 200 metros de dichas instalaciones, el poder de controlar el acatamiento a la prohibición, con su consiguiente potestad sancionatoria, debe ser ejercido de modo confluente por la municipalidad respectiva y el Banco Central de la República Argentina”.

En junio el proyecto es aprobado por Diputados y girado al Senado. Es entonces cuando Mercier solicita a Lotería saber si el proyecto en análisis no colisiona con derechos reconocidos a los concesionarios de los casinos y si hoy en éstos existen cajeros dentro del perímetro señalado en el proyecto.

Por tercera vez, dictamina Borello y responde al Senado que conforme está diseñada la ley prohibitiva “su aplicación puede ocasionar daños patrimoniales ante una prohibición -carente de razonabilidad- que bien pudo prever para las salas de juego, pero no para el complejo comercial”.

Concluye que “llegado el caso, puede existir una colisión de derechos, e invocar el concesionario la lesión de legítimos derechos patrimoniales, por el cual intentar una acción de anulación de la norma legal sancionada, o una indemnización patrimonial por eventuales daños que pueda probar, quedando el Estado provincial en una eventual situación de demandado. Esta hipótesis se abona en cuanto si bien puede ser razonable la restricción de instalar cajeros automáticos dentro de los casinos (en pos de combatir la ludopatía), dicha razonabilidad -supuesto imprescindible de todo actuar estatal- se debilita al pensar en una prohibición de instalar los cajeros en el complejo hotel - sala de convenciones”.

Fundamentos

Mascheroni y Simoniello explican que la ludopatía -o juego compulsivo- es reconocida como un trastorno mental que empuja a las personas a un abrumador e incontrolable impulso a jugar, que progresa en intensidad y urgencia, y finalmente invade, socava y a menudo destruye todo lo que es significativo en sus vidas.

Agregan que el funcionamiento de cajeros automáticos a pocos pasos de distancia del lugar donde se realizan las apuestas es un elemento que contribuye, casi de manera determinante, a disparar el deseo -patológico o no- de seguir apostando cuando el jugador se queda sin dinero en los bolsillos.

Explican, además, que en nuestra ciudad se ha instalado un cajero en el interior del shopping, a escasos metros de la sala de juego.