Cárcel Federal de Coronda: entre la urgencia por terminarla y las promesas para la ciudad

Juan Manuel Peratitis

Lo que puede generar la importancia de un edificio… que todavía no está. Así es, porque en esta larga historia que une a Coronda con la Cárcel Federal ha habido altas y bajas, aperturas y suspensiones.

Hoy hay un reclamo que se retoma y que tiene que ver con obras prometidas a Coronda como premio por aceptar la implantación de la unidad federal que ninguna localidad santafesina de las consultadas quiso aceptar.

La historia comenzó en 1997 cuando se desarrolló un sondeo de opinión en el cual la mayoría decidió que aceptaba la construcción de un nuevo penal en esta cabecera departamental, que se sumaría al Instituto Correccional Modelo Unidad 1, existente desde el 12 de agosto de 1933, pero a cambio de mano de obra genuina para la ciudad.

Con el paso del tiempo esto se cumplió y desde 2016 cuando comenzaron los trabajos de suelo, han sido incorporados varios corondinos para la obra ubicada en el Camino de las Moras, a 300 metros de la Ruta 64 que une Coronda con Larrechea y todavía siguen trabajando.

El Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, nombre oficial de la Cárcel Federal de Coronda, está arriba de un 65% de avance -de acuerdo a la última comunicación de la Municipalidad con la empresa constructora- y se calcula que para el año que viene ya estaría disponible para brindar varias soluciones más allá de que existen quienes aseguran que será otro gran dolor de cabeza para toda la comunidad.

Desde lo positivo y útil, por un lado, al tener 462 plazas descomprimirá la superpoblación del Servicio Penitenciario Provincial que tiene cerca de 500 reclusos con causas federales, y por el otro traerá aparejado empleo genuino, con guardiacárceles, profesionales y empleados administrativos y de otras áreas.

Se reactiva un reclamo

Esta situación resurgió un reclamo de la Municipalidad de Coronda en cuanto al porcentaje de trabajadores que serán tomados de esta localidad para trabajar en el presidio y, sumado a esto, un detalle no menor: un acta firmada en 2015 establecía obras complementarias “de regalo” para la ciudad por haber sido la única ciudad en la provincia que aceptó recibir este tipo de penitenciaría.

Ese documento clave y que aún no ha tenido respuestas concretas fue dado a conocer por el intendente Ricardo Ramírez y el concejal Francisco Ávalo -UCR- al senador nacional Dionisio Scarpin en su reciente visita a Coronda. Se trata del acta firmada el 25 de septiembre de 2015 entre la Municipalidad de Coronda y el Ministerio de Justicia de la Nación por dos situaciones puntuales: el reclutamiento de futuros efectivos del Servicio Penitenciario y obras complementarias como forma de compensación a Coronda por la donación de 62 hectáreas de terreno para construir esa cárcel en marcha.

Lo que acordaron Ramírez, Ávalo y el legislador nacional fue explicado por el edil radical: “El senador nos pidió que elaboremos un proyecto de resolución en el Concejo y que el Ejecutivo Municipal elabore una declaratoria, ambos referidos a que lo firmado en 2015 tiene plena vigencia en cuanto al interés de Coronda y al incumplimiento del gobierno nacional”.

Luego agregó que “a eso, el senador Scarpin le adjuntará el acta de ese año y con los tres documentos insistirá desde el Senado para que el Ministerio y el gobierno cumplan con lo pactado”.

Además de lo que dice el acta, que el Ministerio “realizará el reclutamiento del personal a ingresar a dicha institución, en la zona de realización de la obra” también están pendientes una obra de refuncionalización de la Ruta 11 que incluya cordón cuneta, veredas, ensanche y forestación de la Ruta entre J. J. Paso y R. S. Peña; ampliación y optimización del sistema de tratamiento de aguas en Coronda y mejora integral de la Avenida Costanera convirtiéndola en paseo y que ese paseo a su vez hiciera las veces de defensa.

Para que esto renazca administrativamente en Nación, deberá ser el Senador Nacional el que lo impulse para que se cumpla lo firmado en el acta.

La cárcel federal

El proyecto a cargo de la UTE Ocsa e Insa se desarrolla en un predio de 62 hectáreas, que cuenta con una superficie de 15.767 m2 para sumar 462 plazas, e incluye dos alojamientos de celdas dobles, y dos de pabellones colectivos. También, contará con áreas para programas y servicios; capilla y escuela, un edificio externo, de seguridad, de servicios generales, estacionamientos, cercos y casino de personal.

Esta obra, que es supervisada por la Dirección Nacional de Gestión de Obras y demanda una inversión de $344.7 millones, permitirá avanzar en la reinserción social, mediante programas y servicios con un tratamiento integral de la seguridad, para personas privadas de su libertad que hayan cometido delitos federales.