Causa de Salta 2141: un pedido en la Corte nacional y el único condenado sin salidas transitorias

Era martes 6 de agosto de 2013, a las 9.38 de la mañana, cuando el gasista Carlos García buscaba cerrar la llave de gas en el edificio en calle Salta 2141 de Rosario, para poder realizar los arreglos en el regulador, tras meses de quejas de los vecinos al consorcio y a la distribuidora, por las constantes fugas. La rotura de la llave provocó la copiosa fuga de gas natural, lo que generó el estallido y posterior derrumbe del edificio. Una onda expansiva llegó a incontables viviendas y locales de esa cuadra y de la manzana.

Aquella tragedia única que conmovió al país, lamentó la pérdida de 22 personas inocentes, y más de 60 resultaron heridas. La causa judicial en lo penal que comenzó a ser investigada por la fiscal provincial en turno aquel día, Graciela Arguelles, fue un trabajo que llevó años en la complejidad por las aristas, en la que la propia funcionaria judicial llamaba "cadena de negligencias".

Once personas llegaron a juicio en 2019 por estrago culposo agravado, un delito que consiste en causar un daño de grandes proporciones y el cual genera un peligro común. Si se produce la muerte de alguna persona, la ley agrava la pena, con una condena máxima de 5 años. La Fiscalía y la querella -de la familia de Débora Gianángelo- solicitaron la pena máxima para todos los imputados. De los 11, resultó imputado solamente el gasista que operaba aquel día, debido a que para el Tribunal no era probada la hipótesis de cadena de responsabilidades.

Además del gasista García, habían sido imputados su asistente Pablo Miño, los miembros de la Administración del edificio Norma Bauer (integrante de la administración), Carlos Repupilli (asesor jurídico e integrante de la administración), Mariela Calvillo (administradora del consorcio), otro gasista que intervino en el edificio días previos al hecho, de nombre José Luis Allala, los reclamistas de Litoral Gas Gerardo Bolaño, Guillermo Oller y Luis Curaba, y los gerentes Viviana Leegstra (gerente técnica), Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes)

En la sentencia en Primera Instancia del 2 de agosto de 2019, los jueces Carlos Leiva, Marcela Canavesio y Rodolfo Enrique Zvala condenaron al gasista Carlos García como autor penalmente responsable de estrago culposo agravado.

La decisión fue dividida, ya que el juez Leiva votó en disidencia por entender que a García le correspondía una pena menor. Esto implicó que nadie quedara preso hasta que en la Segunda Instancia fue determinada la prisión domiciliaria por cuatro años para García. Por su edad, y por padecer diabetes y colesterol, fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumple desde entonces en una sentencia de cuatro años.

Salidas rechazadas y una expresión desafortunada

En junio pasado el único condenado solicitó un beneficio de salidas transitorias para realizar cuatro veces a la semana tareas de voluntariado social en la iglesia Santuario de Fe. Pero en una audiencia realizada el 12 de julio con la presencia de algunos familiares de las víctimas de Salta 2141, la jueza Luciana Prunotto rechazó el pedido.

Allí, García ofreció las garantías de las autoridades de la institución religiosa, que se comprometían a llevarlo y traerlo cada salida. El fiscal en la audiencia, David Carizza, señaló al hombre de haber incumplido con la domiciliaria por una supuesta visita de control en la que no fue encontrado. Algo que fue negado por García, quien recordó a la jueza que cuenta con una tobillera que encendería alarmas de salir de su domicilio, y aseveró: "Si hubieran venido, me habrían encontrado".

El fiscal formuló su oposición al beneficio de las salidas, y se le otorgó la palabra a los familiares de cinco de las 22 víctimas. Todos ellos manifestaron su oposición a las salidas transitorias para García, y fue considerando su mirada que la jueza Prunotto resolvió no hacer lugar al pedido de García.

El único condenado, en primera persona

Este medio tuvo oportunidad de dialogar con Carlos García del asunto, quien dio su apreciación sobre esto: "Pienso que hubo ahí una especie de complot. Algo cambió porque no hubo en todos estos años una rivalidad con los familiares. Desde el primer momento me acerqué a pedir perdón por el hecho, y estuve en cada aniversario".

García agregó que sintió mucha desdicha que en un momento de la audiencia una señora que se encontraba al fondo en la sala le gritó "asesino". Aseguró: "Fue algo horrible. Yo fui a plantear salidas para realizar mi voluntariado con más personas. Yo recibo mucha gente en mi casa, donde les damos palabras de dios para ayudar en sus problemas. Hacemos reuniones todas las semanas, y como en mi casa no entra tanta gente, la idea era realizar la tarea en la iglesia a la que pertenezco".

De esta manera aseguró: "No hice el pedido para disputarle nada a los familiares en torno a la causa. Y yo soy responsable como todos los otros imputados, nada más que sobre mí cayó la condena. Yo fui un perejil más de los que estuvo en ese eslabón. Pero está en la jueza Prunotto, y en la decisión de dios la decisión sobre mis salidas, porque dios también está en esta causa".

Desde que ocurrió lo de Salta 2141, aseveró que reza habitualmente por los familiares que tengan paz interior, y adelantó que este domingo que se cumplen 10 años, seguirá el acto por la televisión y rezará nuevamente por ellos. Consultado sobre qué quisiera decirles en este momento, fue franco: "Vuelvo a pedirles perdón a ellos, porque posiblemente han interpretado alguna cosa mal en esta audiencia. Y cuando termine mi condena, voy a ir hasta el final de mis días cada 6 de agosto, porque yo también soy parte de su dolor".

Un recurso ante la máxima autoridad en la Justicia argentina

Familiares de una de las víctimas de la explosión presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de los familiares de Débora Gianángelo, de 20 años, quienes fueron los únicos querellantes durante el juicio celebrado en 2019.

El recurso fue elevado a la máxima autoridad de la Justicia argentina luego de ser rechazado en la Corte Suprema de esta provincia, para pedir la revisión de la sentencia, no conformes con que sea García el único de los 11 acusados en recibir condena.

Adrián Gianángelo -hermano de Débora- fue quien precisó que "el documento ingresó por la Secretaría Nº3" y manifestó tener "la esperanza de que durante el año haya una decisión de los jueces sobre si admiten o no el recurso".

Disconforme a diez años del hecho con cómo se dio el proceso judicial, analizó la causa como "una herida abierta que es muy difícil de sanar, y más cuando no se obtuvo justicia por lo ocurrido. Hemos confiado en los tribunales penales, y en este caso somos la única familia que sigue accionando, y obtuvimos un fallo construido sobre la impunidad".