El norte debatió sobre el impacto de la exigencia europea de productos libres de deforestación

Con el fin acrecentar las acciones contra la deforestación y la degradación forestal, la Unión Europea alumbró el reglamento EUDR (European Union Deforestation Regulation), tendiente a promover el consumo de productos provenientes de zonas no deforestadas.

En mayo de 2023, el Consejo Europeo adoptar la reglamentación que había sido aprobada por el Parlamento en septiembre del año anterior, y fijó como fecha para la aplicación de las normas, para operadores y comerciantes medianos y grandes, el 30 diciembre 2025; en tanto, estipuló el 30 junio de 2026 como para la entrada en vigor para las microempresas y pequeñas empresas.

El advenimiento de los plazos temporales y la necesidad de acercar la normativa a los actores productivos, hizo que el DAAD de Alemania más el CONICET argentino lanzaran un concurso de proyectos de investigación -bajo su financiación-, que fue ganado por dos equipos de investigación de nuestro país.

Uno, liderado por Ana Bonet, con base en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHUCSO) y vinculado a la Universidad Católica de Santa Fe, de doble dependencia UNL-CONICET; y el otro, dirigido por Gonzalo Sozzo sobre “Cambio Ambiental Global”, con sede en la Facultad de Derecho de la UNL. La contraparte europea es el Instituto sobre Sustentabilidad de la Universidad de Kassel.

Interacción

Tanto Bonet como Sozzo encabezaron a fin de la semana pasada -junto a sus pares teutones- un conversatorio en el Centro de Desarrollo Rural de Avellaneda para interactuar con los integrantes de la actividad cárnica regional, en lo que configuró un intenso y enriquecedor debate.

Este último, Doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, y director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, explicó los alcances del proyecto internacional que coordina junto a colegas de Argentina y Alemania, en torno al impacto del nuevo Reglamento Europeo sobre zonas libres de deforestación.

“Estamos trabajando en conjunto con investigadores alemanes para analizar cómo afectará el reglamento de la Unión Europea que exige que productos como carne, soja o madera, para ingresar al mercado europeo a partir de 2026, cuenten con certificación de que no provienen de áreas deforestadas”, manifestó Zozzo.

Según el investigador, esta norma establece que los lotes o territorios donde se originan los productos deben demostrar que no han sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020. “Es decir, hay que poder acreditar que en esos polígonos no se desmontó para producir lo que se exporta”.

En diálogo con este medio, trazó un parangón este esta situación con lo que ocurrió en Europa tras la crisis de la “vaca loca”, cuando se reforzaron las exigencias sobre trazabilidad en la cadena alimentaria: “Ahora ocurre algo similar, pero vinculado a criterios ambientales”, comparó.

Adaptación

En igual sentido, detalló que hay múltiples actores involucrados: productores, frigoríficos, exportadores, importadores, organizaciones agropecuarias y los propios Estados. “Todos están obligados a garantizar el cumplimiento del reglamento. Aunque no exige obligatoriamente certificación, es evidente que contar con ella facilitaría el cumplimiento y el ingreso a Europa”.

El académico remarcó que “la preocupación no es solo de los productores. También la tienen los gobiernos provinciales, el Estado Nacional y los exportadores, porque hay un sistema completo que necesita adaptarse”.

Sobre el origen del reglamento, Sozzo recordó que forma parte del “Pacto Verde Europeo”, una estrategia amplia de la UE para profundizar su política ambiental y climática, basada en los tratados constitutivos del bloque. “Así como Europa exigió seguridad alimentaria en el comercio internacional, ahora busca extender estándares ambientales mediante estos nuevos marcos normativos”.

Asimismo, puso de relieve el interés del proyecto por comprender cómo estas exigencias pueden implementarse en la región, sin perjudicar a los pequeños productores y promoviendo un desarrollo sostenible: “Queremos identificar qué puede contribuir, qué obstáculos existen y cómo asegurar trazabilidad, trabajo registrado y buen manejo del monte nativo”.

A fin de año

El coordinador del proyecto internacional sobre los impactos del nuevo reglamento europeo contra la deforestación, explicó que la normativa que entrará en vigencia a fin de año “genera tensiones y cierta incertidumbre, sobre todo porque muchas cuestiones aún no están del todo claras”, pero a la vez también abre un abanico de oportunidades para Argentina, especialmente en la región del norte santafesino.

En efecto, el investigador señaló que el reglamento se enmarca en el Pacto Verde Europeo y responde a una política de sostenibilidad y protección ambiental que la UE busca extender a sus socios comerciales. En este sentido, la legislación europea “opera como una norma de comercio internacional con efectos extraterritoriales”, y si bien no exige una certificación obligatoria, “todo apunta a que esa será la vía más segura para acreditar cumplimiento”.

Ante este escenario, Sozzo remarcó que los distintos actores ya están trabajando en la construcción de sistemas que permitan cumplir con estas exigencias. “Los sectores más comprometidos están intentando adaptarse, porque cumplir con esta norma también puede ser una ventaja competitiva frente a quienes no puedan hacerlo”, afirmó.

Una de las claves del debate, según el académico, es la relación entre el reglamento europeo y la Ley Nacional de Bosques: “El reglamento remite a las normas nacionales si estas ofrecen mayor protección ambiental. Y la Ley de Bosques argentina tiene estándares altos, con su sistema de ordenamiento territorial y monitoreo, lo que permitiría su implementación como herramienta válida para cumplir con el reglamento”.

Gonzalo Sozzo, , docente e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, y director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, explicó los alcances del proyecto internacional que coordina junto a colegas de Argentina y Alemania,

Desafíos

Sin embargo, advirtió que todavía hay desafíos por resolver: los tiempos administrativos para autorizaciones, el manejo cotidiano del monte, la limpieza de alambrados, picadas y caminos, y otros aspectos que requieren ajustes. “El reglamento puede ser una oportunidad para revisar la implementación de nuestra propia ley y mejorarla. No debería ser un problema si ya se está cumpliendo con la normativa nacional”, agregó.

También destacó que el análisis es retroactivo al año 2020, lo que implica revisar si se ha producido deforestación en los últimos cinco años. “Esto genera cierta inquietud entre los productores”, expresó. A la par, indicó que no es diáfano aún el panorama acerca de si la UE contemplará mecanismos de transición o perdón para quienes modificaron su uso de suelo antes de que existiera esta norma europea.

Por otro lado, “En definitiva, lo que hace el reglamento es exigir el cumplimiento de normativas que ya existen en nuestro país, como la Ley Nacional de Bosques, que ordenó territorialmente los bosques con un sistema de categorías -rojo, amarillo y verde- y estableció mecanismos de monitoreo”.

Control, gestión y trazabilidad

Uno de los aspectos que se analizó durante el reciente viaje al norte santafesino fue cómo la implementación de este reglamento podría coadyuvar a mejorar los mecanismos locales de control, gestión y trazabilidad, especialmente en zonas con producción ganadera en ambientes de humedales y bosques nativos.

En esa línea, Sozzo señaló: “El reglamento puede representar una ventaja competitiva para quienes logren adaptarse. Si un productor puede acreditar que cumple con estos estándares, posiblemente acceda a mejores mercados y precios”.

Además, indicó que la normativa europea podría extenderse en el futuro a otras áreas como los humedales, lo cual sumaría nuevas exigencias para regiones como Jaaukanigás, en el norte de Santa Fe. se refirió a la necesidad de analizar cómo se integran las áreas naturales protegidas dentro de este esquema. En esa línea, citó el caso del sitio Ramsar Jaaukanigás, en el norte de Santa Fe, donde “se permite cierto uso productivo bajo la lógica del ‘uso racional del humedal’, concepto central del Convenio Ramsar, lo que muestra que conservación y producción no son necesariamente incompatibles”.

Sozzo cerró destacando que el mayor aporte de este debate es abrir una conversación profunda sobre la sostenibilidad productiva, el uso del territorio y el rol de las normas internacionales como motores de mejora interna para garantizar un desarrollo equilibrado y sustentable.

¿Qué acciones tienen previstas hacia adelante?

El proyecto es un proyecto que hace dos cosas. Mira la genealogía del reglamento y del Pacto Verde Europeo, para entender bien cuáles son las ideas que empujan ese reglamento. Esto, con participación de los equipos argentinos, pero más a cargo del equipo de la Universidad de Kassel. Pienso que los resultados de esa etapa de trabajo los estaremos presentando muy inmediatamente, en un plazo de días, digamos.

Y el otro trabajo que tenemos que avanzar y terminar, y fue por eso que también hicimos este viaje al norte, es el trabajo de ver cómo se está implementando, cuáles son las barreras, las dificultades en la implementación de este reglamento, cuáles son los obstáculos, cuál es la opinión de los distintos actores, cuáles son las ideas que tienen, y, las tensiones que hay, las incertidumbres, y también las opiniones más opuestas, más francamente opuestas al reglamento, que también las hay.

Relevar eso, tratar de sistematizar ese tipo de opinión y de barreras, es como el segundo objetivo del proyecto, tratar de mapear esa situación, ese estado de ánimo que hay en todos los actores del sistema.

Críticas a políticas nacionales

“Mientras el mundo avanza en políticas ambientales, en Argentina hay un gobierno que niega el cambio climático”. Así lo expresó el diputado provincial, Sergio “Chiqui” Rojas al referirse a la reciente visita -la cual acompañó- de investigadores nacionales e internacionales que llegaron a la región para dialogar con productores, empresarios y referentes políticos sobre el nuevo reglamento de la Unión Europea que exige que los productos importados sean libres de deforestación.

“En un contexto nacional donde se niega el cambio climático, el mercado global va en la dirección contraria. Este reglamento europeo es un ejemplo claro: busca garantizar que lo que se exporta no provenga de zonas deforestadas. Mientras el mundo apuesta al cuidado del ambiente, en nuestro país tenemos un gobierno que elige mirar para otro lado”, sostuvo el legislador.

A su vez, consideró que este tipo de normativas no deben ser vistas como una amenaza, sino como una oportunidad: “Si nuestros productores cumplen con la Ley de Bosques, no tendrían mayores obstáculos para ingresar al mercado europeo. Tenemos que acompañarlos y garantizar que las condiciones estén dadas para que puedan aprovechar esta nueva demanda internacional, que seguramente también se replicará en otros bloques del mundo”.