Sur de Santa Fe: víctima de femicidio había demostrado que fueron "cajoneadas" sus denuncias

Un mes antes de su muerte, Marina del Carmen Espíndola pudo demostrar que las denuncias realizadas en la subcomisaría 10° de Murphy (departamento General López), contra su femicida, Gabriel Robles, no eran enviadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, sino todo lo contrario: las arrojaban en un cesto de basura.

La fiscal, cuando la recibió el 21 de diciembre, sólo contaba con una “exposición” y no con los hechos de amenazas, persecución y violación de domicilio detallados por Marina del Carmen en su última visita a sede policial.

En la madrugada del 25 de enero Robles ingresó a la vivienda de su expareja y la ejecutó de un disparo. Luego se pegó un tiro en la boca, fue internado y falleció horas más tarde.

En esa trágica jornada se realizó por la tarde una multitudinaria movilización que tuvo a la plaza central del pueblo como punto de partida, para terminar frente a la sede policial.

En ese momento, además del pedido de justicia, se conocieron distintos testimonios. Muchas jóvenes aseguraban haber sufrido acosos por quienes se desempeñaban en ese momento en la repartición. Y, por otro lado, iba tomando fuerza la hipótesis de que distintas denuncias que se realizaban no eran enviadas al MPA, ya que el objetivo (al menos en este caso) era proteger a Robles, quien además era amigo del comisario.

Los audios

Marina del Carmen, luego de salir de Fiscalía el 21 de diciembre, envió una serie de audios a familiares y amigos, los cuales demuestran que no había sido escuchada.

Semanas previas al femicidio

El 18 de noviembre Marina del Carmen radicó una denuncia detallando distintos episodios padecidos desde la separación de Gabriel Robles. Entre ellos, el robo de bicicletas, persecución en la vía pública y en el trabajo, acoso en un local bailable de Venado Tuerto, ingresos ilegales a su vivienda.

Posteriormente, el 23 de noviembre, el fiscal Horacio Puyrredón tomó el caso y decidió establecer una perimetral para Gabriel Robles, prohibiendo así la posibilidad de acercamiento a su expareja. Además, determinó que le retiren el arma reglamentaria y que la psicóloga de la Unidad Regional VIII de Policía le realice una pericia psiquiátrica. Y el documento destaca que, según el fiscal, “no existen elementos necesarios para comenzar una IPP (Investigación Penal Preparatoria)”.

Semanas más tarde, el 21 de diciembre, Marina del Carmen es convocada desde el MPA, donde dejaron en claro que nunca recibieron la última denuncia que realizó.

El 28 de diciembre, Gabriel Robles es sometido a un examen psiquiátrico en la Unidad Regional VIII de Policía con la psicóloga Adriana Almaraz y Rosalía Kobila, perteneciente a Medicina Legal, el cual arrojó como resultado que el agente estaba en condiciones de portar el arma reglamentaria nuevamente y así recibe el “alta médica” en el marco de “trastorno de angustia” detectado en el mismo examen.

Esa decisión no fue informada al MPA, según aseguran fuentes oficiales. Y menos aún a la víctima. Lamentablemente, no pasaron muchos días para que el femicida ataque a María del Carmen y le quite la vida con un disparo.

A disponibilidad

Como consecuencia del femicidio, de la movilización y de los distintos reclamos que comenzaron a conocerse, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe decidieron el pase a disponibilidad del comisario inspector Cristian Ataide, que se desempeñaba en la subcomisaría 10° de Murphy; del subdirector de Policía Cristian Rotela; el jefe de la Unidad Judiciales; y de la psicóloga Rosalía Kobila, de Medicina Legal.

Sin información

En diálogo con El Litoral, Rocío Cisnero, hija de la víctima, y Betty Espíndola, hermana, aseguran que no pudieron acceder a información oficial en relación al estado de la causa.

Dejaron en claro que no saben si el caso está cerrado ante la muerte de Robles, o si se continúa investigando la posible responsabilidad de los dos agentes apartados y de la psicóloga que autorizó al femicida a portar el arma reglamentaria nuevamente. Ellas consideran que estas personas tienen cierto grado de responsabilidad en lo ocurrido, entre ellos quien se desempeñaba como titular de la subcomisaría 10° de Murphy, que “cajoneaba las denuncias”. En tal sentido, como querellantes, pretenden acceder a datos concretos al respecto.

Por otro lado, los familiares aseguraron que Marina del Carmen no tenía botón antipánico ni custodia policial en la calle, tal cual se había mencionado en algunos medios de comunicación.

Nueva marcha

Este miércoles 25 de enero se cumple un año del femicidio, y familiares, amigos e integrantes del espacio Agite Feminista, convocan a una marcha a realizarse en Venado Tuerto a las 19 horas. El punto de encuentro será la esquina de Belgrano y Marconi, en plaza San Martín.