Se cerró la causa contra los vendedores de autos del narco prófugo Vicente Pignata

Un apéndice de la investigación contra el narco santafesino Vicente Pignata -prófugo desde 2019 y con pedido de captura nacional e internacional-, se cerró la semana pasada con el sobreseimiento definitivo para el dueño y el empleado de una concesionaria de barrio Candioti, en la ciudad de Santa Fe.

Ambos estuvieron procesados -en libertad- por el delito de lavado de activos de origen ilícito:

• El primero, cuyas iniciales son SRC, por la venta de al menos cuatro vehículos a Pignata y su círculo familiar, permitiéndoles de ese modo “blanquear” el dinero narco.

• Y el segundo -MEA- por haber actuado como “presta nombre” de Pignata al haber registrado como propia una camioneta que en realidad no estaba bajo su dominio sino del buscado y su esposa Elizabet Campos.

Suspensión de juicio a prueba

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, con la firma de la jueza rosarina Elena Dilario, resolvió “declarar la extinción de la acción penal respecto de SRC y MEA” y “sobreseer” a ambos de la imputación que cada uno recibiera por lavado de activos, infracción prevista en el artículo 303, inc. 1ro. del Código Penal.

La resolución difundida el pasado jueves 19 de junio por la web oficial de la Corte Suprema nacional señala que tanto el propietario de la agencia como el empleado “fueron procesados el 18 de diciembre de 2019” por el mencionado delito y que “una vez elevada la causa a juicio solicitaron la suspensión del juicio a prueba”.

Como consecuencia, el 22 de marzo de 2022, mediante resolución N° 50/22 el tribunal les concedió “el beneficio por el plazo de tres años”, que a la fecha se encuentra cumplido.

Tareas comunitarias y multa

En dicho lapso, los encausados, que hoy cuentan con 58 y 34 años de edad, debieron desarrollar tareas “comunitarias” no remuneradas en favor de la fundación Mateo Esquivo. En el caso del mayor, por el plazo de un año y medio, además del pago de una multa de $ 3.602.000; mientras que el segundo, lo hizo durante un año con multa de $ 770.000.

Según determinó la jueza Dilario en su resolución, “se acreditó el cumplimiento total de las tareas y el pago de la multa” y “habiendo transcurrido el plazo establecido para la suspensión del juicio a prueba y encontrándose cumplidos los recaudos exigidos” por ley “corresponde declarar la extinción de la acción penal”.

La propuesta alternativa fue instada por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, en el contexto de una causa donde SRC y MEA aparecen como actores secundarios, que habrían facilitado medios a los principales acusados para disimular su patrimonio.

Cuatro vehículos

En relación al dueño de la agencia, se le reprochó entonces haber vendido a la familia Pignata-Campos al menos cuatro vehículos y así haber facilitado el blanqueo de dinero de origen ilícito.

La lista la integran: una camioneta Ford Ranger (OJN306); un Jeep Wrangler Sport (IMW327); una camioneta Dodge RAM 1500 (OEV909); y un auto Citroën C4 Lounge (NQL455), este último a nombre de Darío Campos -padre de Elizabet C.- que fuera secuestrado en Mendoza en los allanamientos de 2019 en una finca de Bowen propiedad del prófugo.

Y en el caso del empleado, su papel fue haber registrado como propia la camioneta Ford Ranger, que en realidad era de propiedad de Pignata y la esposa, quienes tenían autorizaciones de manejo extendidas por el vendedor de la concesionaria.

Dos condenados

Si bien estaba siendo investigado por la Justicia Federal desde mucho antes, el nombre de Vicente Pignata trascendió públicamente en marzo de 2019, cuando se ordenaron una veintena de allanamientos que incluyeron una finca en la provincia de Mendoza y una casa en el country El Paso de Santo Tomé, donde vivía la familia del ahora prófugo.

La justicia siguió la pista del dinero y llegó hasta su esposa, Elizabet Campos y el padre de ésta, Ramón Darío Campos, quienes no pudieron justificar el origen de 12 vehículos y 6 inmuebles que tenían a su nombre. Los dos fueron condenados en un juicio abreviado el 13 de mayo de 2022 a la pena de 3 años de prisión.