Denuncian a fiscal por supuesta "extorsión"

Corresponsalía Rosario

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Un arquitecto y desarrollador inmobiliario del complejo Puerto Roldán presentó esta semana una denuncia contra el fiscal de Rosario Sebastián Narvaja, quien estaba al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos e inició hace tres años una causa por supuesta “administración fraudulenta” contra los gerenciadores de este barrio cerrado ubicado en esa localidad cercana a Rosario.

Damián Calabrese, miembro de la administración de Puerto Roldán, aseguró a El Litoral que la denuncia penal contra el integrante del Ministerio Público de la Acusación es por “extorsión, estafa procesal y violación de secreto”.

La embestida judicial contra Narvaja se produjo después de que el fiscal regional Patricio Serjal apartara al funcionario de esta investigación. Narvaja protestó ante esta medida y recurrió con una queja al fiscal regional Jorge Blaclini.

En diálogo con este diario el fiscal argumentó que en el marco de la investigación y tras una serie de pruebas y testimonios que se recolectaron se imputó a 10 personas que formaban parte de una sociedad anónima para administrar el barrio cerrado Puerto Roldán. Se creó esa sociedad como si fuera un consorcio. Un grupo de vecinos y propietarios de lotes denunció irregularidades en el cobro de las expensas. Luego, el fiscal pidió la inhibición de esa sociedad por más de seis millones de pesos.

El arquitecto Calabrese manifestó lo contrario, que esa causa fue armada para “sacarme plata”.

Historial

Hace poco más de tres años, Calabrese fue denunciado y luego imputado por Narvaja por el supuesto delito de administración fraudulenta en el manejo de las expensas del barrio privado Puerto Roldán. La sociedad anónima que administra el barrio fue intervenida por la Justicia.

El 1º de septiembre de 2017 pasado, la Cámara Civil de Rosario ordenó poner fin a la intervención de la sociedad y restablecer a Calabrese en su condición de liquidador de la firma.

Ese mismo día, según Calabrese, Narvaja solicitó al juez penal la inhibición de la sociedad “con una sincronicidad que asombra y preocupa”. “Basó su pedido en un supuesto hecho nuevo: la declaración de una testigo, que es una empleada de la administración. Esa declaración que el fiscal Narvaja tergiversó en un escrito recorta partes de la declaración y saca conclusiones que la testigo no manifestó para engañar al juez y lograr su cometido”, apuntó el arquitecto.

“Tal es así que la testigo, al tomar conocimiento del accionar delictivo del fiscal se presentó en una escribanía para ratificar sus dichos y dejar constancia de que el funcionario judicial le mintió al juez al pretender poner en palabras cosas que la empleada no dijo”, advirtió.

“No sólo el fiscal engañó intencionalmente al juez sino que le hizo un pedido de inhibición millonario y exorbitante (casi 6 millones de pesos) para garantizar los posibles daños del proceso penal, violando claramente la ley procesal que solamente le da esa atribución al querellante, negando esa facultad al fiscal, ya que el mismo debe ser objetivo”, sostuvo Calabrese.

El desarrollador contó además que “Narvaja solicitó casi un millón de pesos para costas y multas para un delito que no establece pena de multa, violando también los parámetros para solicitar el monto de las costas que no sólo establece la ley de honorarios sino la propia resolución del fiscal general Jorge Baclini”.

En la denuncia que presentaron los abogados del arquitecto, se señala que “el accionar del fiscal constituiría también una extorsión para intimidar, coaccionar y limitar la voluntad y libertad del señor Calabrese para forzarlo a llegar a un acuerdo económico con la querella y la Fiscalía, quebrando su voluntad, quien luego de batallar durante más de 3 años y obtener en sede civil el reconocimiento de sus derechos, es forzado de manera ilegítima e ilegal a seguir batallando en tribunales, con el desgaste psicológico y social que esta situación provoca”.

Pedido de 15 senadores

Desde que la Fiscalía de Delitos Económicos comenzó a investigar una megaestafa inmobiliaria en Rosario, en la que están imputados una decena de importantes empresarios de la ciudad Narvaja comenzó a ser blanco de denuncias en su contra.

En agosto pasado, 15 senadores provinciales solicitaron a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que investigue la presunta comisión de delitos por parte de dos fiscales de Rosario, Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack.

“Ha llegado a nuestro conocimiento que dichos funcionarios presumiblemente habrían, mediante coacción, exigido a un detenido la imputación hacia un personal policial a cambio de beneficiarlo en su situación procesal”, señala el texto aprobado por la Cámara Alta.

El hecho por el cual ambos fiscales quedaron bajo la lupa del Senado sucedió en marzo de 2014. Ese día, un delincuente que pasaba en moto disparó e hirió a dos personas en Espinillo y bulevar Seguí. El agresor se dio a la fuga, pero fue interceptado por la policía. Más tarde, los uniformados le habrían exigido 28 mil pesos para dejarlo en libertad.

De acuerdo a la documentación que tienen los senadores, los fiscales Narvaja y Mac Cormack les habrían solicitado a las víctimas que no reconocieran a su agresor, ya que lo necesitaban como testigo para que declarara que los policías le habían pedido dinero.