Tras la muerte de su hija los abuelos reclaman la responsabilidad parental

Redacción de El Litoral

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El 12 de noviembre del año pasado, Paola Guadalupe Gómez fue asesinada por su pareja, Carlos Javier Vignatti, en su casa familiar de la localidad de La Brava. Ella ya no está para criar a sus hijos y él está preso en la cárcel de Coronda, donde podría pasar una buena parte de su vida en caso de ser condenado. Mientras tanto, los chicos que tienen 10 y 17 años, se fueron a vivir con sus abuelos maternos -Graciela Lidia y Héctor Arístides- a la ciudad de San Javier, donde la cuestión de la responsabilidad parental (antes conocida como patria potestad) suele presentarse como un problema para los mayores a cargo.

“Si bien se están terminando de arreglar las cuestiones de los nenes, la tutela todavía no termina de salir, para todo tenemos que pedirle la firma, porque él nunca perdió la patria potestad”, dijo Graciela para referirse al femicida de su hija. Lorena, una de los seis hermanos que tenía Paola, afirma lo planteado por su mamá y asegura que todo se debe a “la burocracia que no termina de cerrar”. “En definitiva, todavía no se sabe bien lo que se va a dictar, si una guarda por seis meses renovable o no sé... pero hasta que no lo condenen él sigue siendo el responsable”.

—¿Y a los chicos no se les pregunta qué quieren?

—Sí, creo que ya se les preguntó. Ellos están en tratamiento psicológico y nosotros siguiendo todos los pasos y las exigencias del caso, el tema es que ningún juez se atreve a poner la firma, pero no debería ser así, porque con todo lo que pasó, él no los perdió nunca.

Desarraigo

Tía y abuela contaron que lejos de un proceso, el cambio fue repentino, porque “los tuvimos que desarraigar de todo, porque cambiaron de casa, de escuela y se tuvieron que adaptar a todo”. “Al morir su mamá, tuvieron que irse a vivir a San Javier con su abuela, fue una decisión que tomamos en familia -explicó Lorena-, para ver quiénes eran los que se iban a presentar” en la Justicia. Y “mientras que todos los hermanos los ayudamos” en el cuidado de los chicos “en estos seis meses ellos (digo por el padre y la abuela paterna de los chicos) parece que no se han enterado que se visten, comen, se calzan y van a la escuela”, cuestionaron.

—¿O sea que en ningún momento la familia Vignatti les ofreció una ayuda económica?

—Nadie.

—¿Tampoco demuestran interés en ver a los chicos?

—Sí, el 24 de diciembre, por ejemplo, se acercó un tío de los chicos y nos pidió para pasar las fiestas con él. Ellos no tenían problema y los buscó de mi casa, porque nosotros estabamos en una encrucijada porque a las fiestas las vimos pasar. El tío se presentó con buena predisposición, para llevarlos a Gobernador Crespo, pero después no los devolvió, los dejó haciendo dedo porque se tenía que ir a Santa Fe. Así que los chicos anduvieron solos y pasaron por la casa de la abuela (paterna), que sí tiene interés en verlos.

—¿Entonces la abuela paterna también los reclama?

—Ella les ha dicho a los chicos que se ha presentado por medio de abogados porque quiere una guarda o una tutela compartida.

Algo para ellos

Mientras tanto, de la manutención de los chicos se encarga la familia Gómez, a pesar de que Vignatti es dueño de una pedazo de campo y de varias cabezas de ganado cuyo destino se desconoce tras su encarcelamiento. “Nosotros, de eso, mucho no queremos decir porque en definitiva era todo de él”, dijeron con relación al campo. “No queremos decir mucho porque lo primero que piensa la gente es que estamos interesados por la plata y lo que queremos es que el día de mañana ellos tengan algo”. Ahora , todo esto “tiene que resolver en definitiva el Juzgado de Familia”, aseguraron.

Pero a medida que pasa el tiempo, los problemas se van suscitando. Por ejemplo, con el comienzo de clases, “los chicos debían tener un tutor cuando los inscribieron; cuando mi mamá fue a hablar a la secundaria, si bien no los iban a dejar de escolarizar, le pidieron que regularicemos la situación. Ahora, el más chico va a una escuelita de fútbol y lo iban a inscribir a la Liga Verense pero necesitan un tutor” para que firme la conformidad.

—¿Cómo están ellos con el tema de la mamá?

—No sabemos nosotros. Poco hablan. El mayor es muy hermético, el chiquito un poco menos.

—¿Ellos vieron todo?

—Ellos estaban todos ahí. El que se vuelve es el más grande y enseguida se dio cuenta de todo cuando vio el charco de sangre, aparte escuchó decirle a su madre: “Ayudame”, pero cuando llegó y ella no le contestó... Entonces dejó al chiquito con la abuela y se fue a la policía. Y la policía, que la habían llamado los vecinos, todavía no estaba. “Sí sí, ya vamos, ya nos avisaron”, le dijeron.

El Senado y la nueva ley

La semana pasada, el Senado de la Nación sancionó una ley que les quitará la responsabilidad parental -conocida como patria potestad- a los femicidas. La privación de la patria potestad, de hecho, alcanzará a los condenados por homicidio agravado por el vínculo, femicidio, lesiones gravísimas contra el otro progenitor o contra el hijo y abuso sexual contra el menor. Se incorporó, además, la suspensión de la responsabilidad parental cuando el juez dicte el procesamiento del acusado. Esa suspensión, en cambio, no se aplicará en el caso de una mujer que sea procesada por la Justicia cuando, en legítima defensa, haya asesinado a su pareja mediando violencia de género previa.

La ley se inspiró en el femicidio de Rosana Galliano, asesinada en 2008 por su marido José Arce, en la casa que compartían en Exaltación de la Cruz y cuyos hijos conviven con el homicida.

“El objetivo es evitar que los hijos que pierden a su madre a causa de un femicidio queden a cargo de su padre, es decir, del victimario. Esta ley resguarda a los niños y las niñas de ser víctimas por partida doble o ser revictimizados”, explicó la senadora Marina Riofrío (FPV), autora de la iniciativa. “Es una medida de justicia y de protección para los hijos que lograron sobrevivir al horror del femicidio”, expresó a La Nación.

El proyecto había sido aprobado inicialmente por el Senado, pero en abril pasado Diputados lo aprobó con modificaciones. La Cámara Alta, finalmente, aceptó los cambios por unanimidad y sancionó la ley.

La norma, aprobada el 31 de mayo, modifica el Código Civil y Comercial, incorporando los artículos 700 bis, 701 bis y 702 bis, y establece que se privará de la responsabilidad parental a quien sea condenado “como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género”.