Rechazaron el pedido de querella en la causa de violación que originó el jury a Mingarini

El pedido de la denunciante del famoso "caso Spies" -que originó el jury al exjuez Rodolfo Mingarini-, quien pretendía ser querellante en la causa, fue rechazado. Así lo resolvió el juez Martín Torres, tras considerar que el plazo está vencido.

El pasado martes se realizó la audiencia en el que las abogadas Carolina Walker Torres y Agustina Taboada solicitaron, en representación de la víctima, constituirse como querellantes en la causa para poder formar parte del proceso de manera activa. Los fiscales Celeste Minniti y Matías Broggi acompañaron el pedido, que fue rechazado por los defensores Julián Saín y Martín Risso Patrón.

Tanto la presentación como la audiencia de constitución de querellante se dieron en el medio de la realización de la audiencia preliminar, aquella en la que se define con qué pruebas contarán las partes en el juicio. La misma se inició en mayo y fue suspendida en dos oportunidades por pedido de la defensa de Leandro Exequiel Spies, acusado como autor de "abuso sexual con acceso carnal".

Distintas interpretaciones

En su fallo, dado a conocer este viernes 22 por la tarde, el Dr. Torres señaló que el planteo bajo análisis "se podría limitar estrictamente a la cuestión relativa al momento hasta el que, conforme nuestra legislación ritual lo dispone y autoriza, la persona que resulta ofendida penalmente por un delito de acción pública, puede asumir el rol de parte querellante en el proceso".

"Lo decisivo aquí será desentrañar el sentido y alcance que tiene el vocablo 'hasta' previsto en el artículo 95 del Código Procesal Penal de Santa Fe, dado que la fiscalía ha entendido en su dictamen que -este- comprende la totalidad del tiempo que demande la audiencia preliminar; las representantes legales de la pretensa querellante comprenden que incluso abarca hasta la adquisición de firmeza de la resolución -de la preliminar-; y la defensa entiende que abarca hasta el punto en el tiempo inmediatamente previo al comienzo de la audiencia preliminar".

En su análisis, Torres percibe "una indicación temporal clara que, conforme a todas las reglas interpretativas, marca un límite temporal situado antes del comienzo de la audiencia preliminar". A fin de verificar la "voluntad del legislador", el magistrado accedió a los registros de las discusiones parlamentarias de la Ley 12.734 y al diario de sesiones de Senadores del 16/08/2007, "con el firme propósito de ver si había habido algún planteo concreto en relación al artículo 95".

"Lo cierto es que no existe discusión relativa al momento hasta el que se considera viable y oportuna la incorporación del ofendido al proceso, en razón de que es lo suficientemente claro que el último punto en el tiempo que permitiría la discusión y eventualmente, la consideración de incorporar tal parte, se fija antes de la audiencia preliminar", sostuvo.

Derechos satisfechos

Además, el Dr. Torres advirtió que se encuentra "debidamente satisfecha y cubierta la pretensión de la víctima de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva con la investigación" realizada la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), cuyo trabajo destacó.

Esta consideración surge "no sólo por la manifestado en audiencia (las pretensas querellantes se mostraron conformes con la labor de la fiscalía), sino porque en un plazo prudencial se ha reunido la evidencia necesaria, culminado la investigación y solicitado la elevación de la causa a juicio. Esto sin perjuicio, por supuesto, de las valoraciones que deberá hacer el tribunal del debate para destruir, o no, el estado de inocencia del que goza todo justiciable".

"Todo ello, permite sostener que lejos de estar ante una denegación de justicia, falta de acceso o carencia de tutela judicial efectiva, estamos ante una particular situación beneficiosa, en términos de eficiencia y garantías, para las personas vulnerables que atraviesan este tipo de delitos, con la representación de dicha Unidad a cargo de este tipo de investigaciones", resaltó el magistrado.

Por esto, y teniendo en cuenta que "han entrado en colisión los intereses y derechos de la víctima, por un lado, y las garantías del imputado, por el otro, -y- encontrándose de esta forma satisfechos ambos intereses, derechos y garantías" el juez consideró "razonable, justo y necesario, en esta instancia del proceso y conforme a los fundamentos expuestos, no hacer lugar a la instancia de constitución de parte querellante".

Pago de costas

La defensa de Spies había solicitado que se condenara en costas a la fiscalía y a la víctima "porque no había motivos suficientes para litigar". El juez Torres no hizo lugar al pedido, y señaló que "la fiscalía y las pretensas querellantes consideraron de buena fe que existían, desde su punto de vista, razones plausibles para litigar".

"Vamos a apelar"

Las abogadas de la víctima, Carolina Walker Torres y Agustina Taboada, manifestaron que apelarán el fallo de Torres "porque entendemos que la víctima tiene derecho a tener sus representantes legales de confianza en el proceso penal y eso es lo que buscamos con la querella. Entendemos que con esta resolución se le ha restringido el acceso a la justicia y la participación en su propio proceso judicial".