Tragedia de calle Salta en Rosario: condenan al gasista y absuelven al resto de los imputados

El Litoral | Germán De los Santos

El tribunal, integrado por los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zavala, condenó a cuatro años de prisión al gasista Carlos García y absolvió al resto de los diez imputados, entre ellos cinco empleados y gerentes de la empresa Litoral Gas, por la fuga gas y explosión que se produjo el 6 de agosto de 2013 y provocó 22 muertos y 600 damnificados en el centro de Rosario.

La decisión del tribunal, después de un juicio oral que comenzó a principios de mayo pasado, tras una investigación de más de cinco años, dejó disconforme a los familiares de las víctimas que expresaron su bronca y malestar luego de que se conociera el veredicto durante la tarde de este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se produjeron algunos incidentes y se vivieron momentos de mucho nerviosismo, sobre todo de parte de los familiares de Débora Gianángelo.

La fiscalía, a cargo de Graciela Argüelles, adelantó que va a apelar el fallo del tribunal, luego de que se conozcan los fundamentos de la decisión de los jueces. El fallo no fue unánime, ya que el magistrado Carlos Leiva votó en disidencia al considerar que al único condenado le correspondía una pena de tres años en prisión en suspenso.

Argüelles admitió que el fallo dejó “mudos” a todos los miembros del equipo del Ministerio Público. “No esperábamos esta sentencia. Y vamos a apelar, incluso a un nivel internacional. Había pruebas válidas para una condena. Vamos a esperar los fundamentos que se conocerán a principios de agosto”, apuntó la funcionaria.

La teoría de la Fiscalía era que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron los gasistas que trabajaban en el edificio durante la mañana del siniestro, los administradores del consorcio y personal de la empresa Litoral Gas.

Las críticas contra el tribunal de parte de los Gianángelo y el resto de los familiares de los fallecidos se centró en que el único condenado por “estrago culposo agravado” fue el gasista Carlos García, quien intervino en el edificio de Salta 2141, en pleno centro de Rosario, el día que se produjo la masiva fuga de gas que provocó la explosión.

El malestar y las críticas de parte de los parientes de las víctimas de la tragedia se enfocaron a la decisión del tribunal de absolver a diez imputados, entre ellos a Pablo Miño, el ayudante del gasista García; José Luis Allala, un gasista que realizó trabajos previos en el edificio; así como Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli, responsables de la administración del edificio; los reclamistas de la firma Litoral Gas, Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño, y Claudio Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la empresa, y Viviana Leegstra, gerenta técnica de Litoral Gas.

Pedido

Cuando comenzó el juicio en mayo pasado, Argüelles pidió la pena máxima de cinco años para nueve de los 11 imputados, luego de una extensa investigación que enfrentó un proceso atípico con la decisión de 20 querellantes que decidieron dar un paso al costado tras llegar a acuerdos económicos.

Los únicos que quedaron al frente de la querella fueron los familiares de la joven Débora Gianángelo, que enfrentaron muchísimas dificultades y presiones. Se quedaron sin abogados un mes antes del juicio.

La bronca de los familiares de Débora derivó en incidentes entre los propios familiares de las víctimas. Uno de los parientes de Gianángelo gritó a los otros familiares “Acá se vendió la sangre de los muertos”. Esto generó que la policía tuviera que separar a los familiares y rodear a Adrián, hermano de Débora, para evitar que el conflicto se agravara.

“Vamos a acompañar a García, a quienes visitaremos en prisión, donde le vamos a llevar de comer. Es un chivo expiatorio de una manga de cómplices. Es el maquinista de la tragedia de Once; es el hilo que se cortó por lo más delgado”, expresó Marcela Nissoria, familiar de una de las víctimas, quien explicó que levantó la querella porque los abogados les decían que “iban a ir contra los familiares”. “Caímos en la trampa de algunos abogados. Temíamos que íbamos a perder todo. Me bajé de la querella pero no de la lucha”.

Gustavo Peirone, abogado de los empleados de la empresa Litoral Gas, sostuvo que desde hace “cinco la defensa clamó por este resultado. La sentencia se basó en las tres pericias y los informes del Enargas formaron la idea del tribunal. El estrago se produce por una actividad clandestina que la empresa no sabía”, explicó el letrado.